De la Rúa quiere resolver rápido, junto al PJ

El presidente busca el acuerdo con el PJ para superar la crisis. Necesita reorganizar su gabinete y preparar la estrategia para las elecciones del 2001. Pero Alvarez tiene como objetivo revolucionar el Senado.

Por Redacción

Buenos Aires (ABA).- En el gobierno reina la incertidumbre. Y las preocupaciones: el escándalo de las coimas en el Senado se les fue de las manos y los senadores son ahora inmanejables. El miércoles, Federico Storani le comunicó al presidente De la Rúa que las negociaciones estaban estancadas.

El ministro del Interior, que había sido crucial para resolver el alejamiento del radical Raúl Galván y del peronista Augusto Alasino de las presidencias de los dos bloques principales, esta vez no pudo ganar la pulseada: el martes 26, se reunió en secreto con una minidelegación de los senadores del PJ, conformada por Joga, Arnold y Silvia Raijer. El ministro les pidió, para destrabar el conflicto, que expulsen del cuerpo al salteño Emilio Cantarero, el más sospechado en el escándalo por corrupción.

«Ustedes tienen que dar muestras de que están dispuestos a ayudar para recuperar el prestigio del Senado, y de paso nosotros podemos calmar un poco a Chacho Alvarez», dijo Storani.

Joga negó de plano: «Está decidido: Cantarero sigue con nosotros. No vamos a hacer caso a los caprichos de Chacho. Sino, cada vez que pida una renuncia, va a rodar una cabeza».

La senadora Raijer agregó: «Hasta acá llegamos. Nosotros no tenemos que demostrar la inocencia de nadie. Que el gobierno arregle su propia interna».

El miércoles, en un almuerzo que ambos compartieron con el jefe de Gabinete Rodolfo Terragno en la Casa Rosada, Fernando de la Rúa agradeció los esfuerzos a Storani. Y coincidieron: «Hay que esperar a que las cosas se calmen».

Por la tarde, los senadores justicialistas se abroquelaron: rechazaron la renuncia del radical Melgarejo y le dieron licencia por 60 días a Cantarero, sin expulsión en vista.

Chacho fogonea

En el gobierno hay dos líneas. Una, encabezada por De la Rúa y Storani, que propone dejar atrás cuanto antes el conflicto del Senado. La idea es lograr la expulsión de los dos o tres senadores más cuestionados, renovar la cúpula de la cámara y luego acordar con la oposición para llevar en una paz relativa a las elecciones legislativas del año próximo.

«Este Senado nos puede servir, porque los senadores peronistas está tan desprestigiados que no se van a animar a oponerse a las leyes importantes, para mantener un perfil bajo. Están obligados a arreglar con el Ejecutivo», diagrama un Secretario de Estado.

Los hombres que rodean al Presidente, quieren comenzar cuanto antes la estrategia para los comicios del 2001, cuando se renovará todo el Senado. Y para eso necesitan tranquilidad.

La otra línea es encabezada por Chacho Alvarez, y cuenta con escasos apoyos en el oficialismo; el más decidido, es el de Terragno. El vicepresidente tiene un objetivo pretencioso: lograr remover cuanto antes a todos los senadores sospechados, sacar de la titularidad del cuerpo al radical José Genoud y modificar las reglas de funcionamiento externo.

La posición de Alvarez exaspera a De la Rúa y sus cercanos. «Chacho, parece que te estás pasando a la oposición», le recriminó el presidente el jueves. Alvarez le prometió fidelidad, pero intentó explicarse: «No puedo retirarme del conflicto del Senado con las manos vacías. Prometí ante la sociedad cambiar la situación, y tengo que lograrlo». De la Rúa, igual, desconfía: cree que su vice nunca le miente, pero siempre le da verdades incompletas. «Chacho siempre da un paso más del que le avisa a De la Rúa. Por ejemplo, lo llama y dice: voy a hacer esto. Pero después hace esto y aquello», intenta explicar un vocero delarruista.

Cuando el escándalo de las coimas del Senado ya lleva más de un mes, las soluciones parecen seguir tan lejanas como al principio. Claro que, aún cuando no aparezcan los sobornados y los sobornadores, ya nada volverá a ser igual en la cámara alta del Congreso. El conflicto mostró a las claras las divisorias de agua en el gobierno. Y demostró hasta dónde está dispuesto a llegar el Justicialismo.

«Hasta aquí los senadores vivían en una isla, donde se respetaban los códigos internos y las formas. Los negocios turbios y las componendas políticas eran siempre subterráneas. Pero la crisis de los sobornos cambiaron el panorama. Ahora la atención de la opinión pública está concentrada en nosotros. Y no hay otro camino que comenzar un camino de reconversión», reconoce el senador frepasista Pedro del Piero.

Declara el encargado de Finanzas de la SIDE

El director de Finanzas de la SIDE, Juan José Gallea, y dos empleados del área que cobraron cheques del organismo por 6,2 millones de pesos serán interrogados hoy por el juez federal Carlos Liporaci, quien investiga si un grupo de senadores aceptó coimas a cambio de votar la nueva ley laboral.

El magistrado, además, convocó para hoy a las 15 a Pablo Silva, secretario del senador Emilio Cantarero (PJ- Salta), y para las 16 a la abogada Liliana Cuesta, asesora del legislador.

El martes a las 10.30, en tanto, prestará declaración indagatoria el senador justicialista Eduardo Bauzá, uno de los once legisladores acusados de posible cohecho. Y el jueves será interrogado, como imputado, el radical Javier Meneghini.

Los colaboradores de Cantarero -que también figura en la nómina de senadores bajo sospecha- fueron mencionados por la periodista María Villosio como testigos de la entrevista que efectuó al legislador en la última semana de agosto, cuando el diario La Nación informó que el salteño había confesado ser uno de los beneficiarios de los supuestos sobornos.

El viernes pasado Cantarero negó ante el juez haber cobrado dinero para aprobar el nuevo régimen laboral y desmintió en forma rotunda a Villosio, quien dijo que Cuesta la revisó antes de la entrevista con el senador para garantizar que la cronista no ocultaba un grabador.

Liporaci, que paralelamente afronta una delicada situación judicial porque está imputado por posible enriquecimiento ilícito, iniciará la ronda de interrogatorios de hoy con las audiencias que mantendrá con dos empleados del área de Finanzas de la SIDE que los días 11 y 13 de abril pasado cobraron cheques por 6,5 millones de pesos, pertenecientes a cuentas de la Secretaría en el Banco Nación. Fuentes judiciales dijeron que los 6,5 millones fueron transferidos de otras cuentas de la SIDE en el Nación antes de ser cobrados por los empleados que hoy deberán comparecer en los tribunales a partir de las 11, en condición de testigos. A las 12, en tanto, ampliará su declaración testimonial el director Gallea, que ya fue interrogado por el juez el 11 de setiembre último.

Los investigadores recibieron el jueves los comprobantes de pago y cheques originales de la SIDE identificados con los números 13.028.371 y 13.028.378, y el viernes el Banco Nación remitió a los tribunales una serie de datos sobre la operatoria para el cobro de los cheques: uno por 1,5 y otro por 5 millones.

En los tribunales destacan que las millonarias extracciones de las cuentas de la SIDE, efectuadas por dos empleados, se produjeron en los días en que el bloque de senadores del PJ acercó a la Alianza una propuesta de apoyo a la ley de reforma laboral, que hasta entonces era resistida por la oposición y la CGT que lidera Hugo Moyano.

El director Gallea también será consultado sobre el retiro de los 6,2 millones de pesos y el destino de esos fondos.

El nuevo comunicador

El nuevo vocero presidencial, Ricardo Ostuni, reafirmó ayer su intención de ser un «nexo» entre el presidente Fernando de la Rúa y la prensa, pero consideró que la comunicación oficial «no es sólo responsabilidad del titular del área» sino que cada funcionario nacional «tiene que estar a disposición de los medios».

Ostuni defendió la idea de que cada ministro cumpla un rol de comunicador de sus tareas a la población, porque «en la medida que no se acerque la información directa, veraz, aparecen las conjeturas y en vez de hablar de los hechos estamos hablando de desmentidas». No obstante, el flamante vocero negó que el desplazamiento del secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, de este puesto se deba a que se detectaron fallas en la comunicación oficial. «El tema es menos complicado que la interpretación que hicieron los medios. Lopérfido tiene a cargo una cantidad enorme de tareas, dentro del área de comunicación además de los temas de Cultura», aclaró el nuevo funcionario.