De Vido, Baratta y “Corcho” Rodríguez, a juicio oral en la causa Odebrecht
El juez Casanello elevó la causa al dar por concluida la investigación sobre las coimas que pagó la constructora brasileña para hacer dos plantas de AySA.
La causa que investiga el supuesto pago de coimas por parte de la empresa brasileña Odebrecht y sus socios argentinos a ex funcionarios del kirchnerismo fue elevada a juicio oral en las últimas horas por el juez federal Sebastián Casanello.
Entre los procesados se encuentran el exministro Julio De Vido, los exfuncionarios José López, Roberto Baratta, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, los ex directivos de AySA Raúl Biancuzzo y Carlos Ben, los empresarios Carlos Wagner y Aldo Roggio, entre otros.
Se los acusa de sobornos y administración fraudulenta. Las coimas fueron con el fin de obtener los contratos de construcción de dos obras para la empresa estatal AySA.
La multinacional Odebrecht está implicada en el mega proceso por corrupción brasileño Lava Jato. La empresa admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en nuestro país (entre 2007 y 2014) para obtener contratos de obras públicas durante los gobiernos de Cristina Kirchner.
El primer contrato bajo sospecha fue el proyecto de la planta potabilizadora “Paraná de las Palmas”, adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas formada por Odebrecht -50%-, “Supercemento” -16,66%-, “Benito Roggio e Hijos” -16,67%- y “José Cartellone Construcciones Civiles”, con una participación de 16,66%.
La segunda investigación comprende la construcción de la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en la que resultó ganadora la unión conformada por las empresas “Camargo Correa -60%- y “Esuco” -40%-. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa.
El juez Casanello, en su decisión, argumentó que se “celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos”.
El juez señala tener acreditado “que las UTE conformadas por Odebrecht, Supercemento, Roggio y Cartellone -en el caso de Paraná de las Palmas-; y Camargo Correa y Esuco -en Berazategui- resultaran adjudicadas” para luego “otorgarles, además -en ambos casos-, beneficios tales como obras adicionales, redeterminaciones de precios, adelantos financieros y extensiones en los plazos de ejecución, causándose un perjuicio en el Estado Nacional”.
El Estado, por estas maniobras, “se vio privado de obtener mejores ofertas por la ausencia de competencia, debió afrontar mayores costos finales y soportar graves dilaciones en la entrega de las obras”, sostiene el juez.
Añade que la operación “fue desplegada por los funcionarios apartándose de los principios elementales que rigen las contrataciones públicas, tales como la igualdad, la competencia y la transparencia”, asimismo, “los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones en cuestión, en clara violación a los deberes impuestos por las normas que rigen su actuación”.
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