“Hoy, el crimen organizado es parte de la economía y genera identidad”

El politólogo Juan Pablo Luna lleva más de una década analizando la expansión del crimen organizado en América Latina, que tiene impactos visibles también en Argentina, especialmente en la ciudad de Rosario. Lo define como un fenómeno que excede el narcotráfico. Según plantea, el crecimiento de los mercados ilegales responde a un agotamiento del modelo de desarrollo en la región, la exclusión social y la falta de oportunidades en el mercado formal, lo que abre espacio para nuevas formas de ilegalidad que penetran la economía, la política y el Estado.

Luna es doctor en ciencias políticas y uruguayo de nacimiento, pero lleva años radicado en Chile, donde es profesor e investigador en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de McGill en Canadá. Se especializa en el análisis de los grupos que operan en diversos “mercados negros” y su relación con la calidad de las democracias en América Latina. Sus trabajos más recientes incluyen su libro “Democracias Violentas” (2025) y artículos académicos, donde el crimen organizado incluye la minería ilegal, el robo de combustible, la migración y trata de personas, la extorsión y hasta provisión de crédito o vivienda en sectores marginales.

En ese contexto, cuestiona las respuestas basadas en la “mano dura” -eficaces electoralmente pero débiles como política pública- y propone entender el problema como uno de desarrollo, que requiere intervenciones más amplias y sostenidas.

Pregunta: En los últimos años vimos una creciente preocupación por el crimen organizado en la región, con casos en México, Ecuador, Brasil o Argentina. ¿Cuál es tu visión sobre este fenómeno y su vínculo con la política?

Respuesta: Lo que ocurre en América Latina, y a nivel global, es una expansión de los mercados ilegales, vinculada al agotamiento del modelo de desarrollo: cada vez más personas tienen dificultades para acceder a empleos formales y de calidad. A pesar de décadas de democracia, muchos sectores siguen excluidos de oportunidades reales de movilidad social. Durante el boom de commodities (2005-2015) hubo crecimiento, pero luego llegó una etapa de estancamiento que dejó a muchos fuera del mercado formal. En ese contexto, los mercados ilegales ganaron peso dentro de las economías. Esto no se limita al narcotráfico ni necesariamente se traduce en más violencia y homicidios.

P: O sea que no se trata solo de narcotráfico, sino de un sistema más amplio y adaptable.

R: Exacto. Es un sistema dinámico que se adapta a oportunidades. En la región andina, por ejemplo, hay minería ilegal; en las fronteras, tráfico de migrantes; y en muchos países crecen economías como la extorsión o los préstamos ilegales, como el sistema “gota a gota”. De distinto tipo, digamos, extorsión a comercios, transporte, a distintos sectores económicos, ¿no? Perú es un es un un caso muy flagrante. Pero hoy tenés, por ejemplo, también en algunos contextos argentinos, en Uruguay, en Chile mucho lo que son préstamos ilegales. Para darte una idea: en Uruguay, el 80% de las personas no es elegible para el crédito formal. Eso abre un mercado enorme para el crédito ilegal, muchas veces financiado por dinero del microtráfico. Estos circuitos, además, se conectan con otros fenómenos, como el aumento jóvenes enganchados en apuestas deportivas, que se financian con créditos extorsivos. Las consecuencias son graves: aumento de violencia no letal (jóvenes que llegan mutilados al hospital), coerción sobre familias endeudadas para explotación sexual de niñas . Es un entramado de economías ilegales que articulan entre sí.

P: Mencionabas que estas actividades, cuando no son tan violentas, pueden tener más capacidad de infiltración política.

R: Sí. Muchas de estas economías combinan lo legal y lo ilegal. La violencia suele aparecer en momentos de disputa —por ejemplo, conflictos entre bandas o cambios de liderazgo—, pero lo más habitual es un “equilibrio corrupto”. El dinero ilegal necesita ser lavado e ingresar a la economía formal, lo que genera vínculos con actores políticos y económicos. No siempre hay acuerdos explícitos: a veces hay tolerancia. En Uruguay, por ejemplo, algunos actores reconocen el lavado de dinero, pero mientras genere empleo o actividad económica, se mira hacia otro lado: si hay construcción en Punta del Este miro al costado. El problema es que esos equilibrios son inestables. Porque las bandas en algún momento empiezan a generar violencia y eso le genera costos a la a la política y la política tiene que pegar un golpe en la mesa. O porque hay disrupciones en el mercado que generan mayores niveles de violencia y hacen que esto se vuelva más visible.

P: ¿Hubo una subestimación del problema por los gobiernos?

R: Más que subestimación, hay una forma simplificada de entender el fenómeno. Tendemos a ver una división clara entre legal e ilegal, pero en la práctica esa frontera es difusa, una línea dibujada en el agua. He hablando en terreno con funcionarios judiciales que enfrentan presiones constantes. Por ejemplo, una fiscal de Paraguay que recibe amenazas contra su familia por una investigación: ¿eso es corrupción o es coerción violenta? En muchos casos, los actores del Estado operan bajo tensiones permanentes. Hay una gran fragilidad institucional y una relación ambigua con estas economías, sobre todo cuando se afectan intereses consolidados.

P: Hablás de una especie de “regulación” de estos mercados ilegales.

R: Sí. En muchos países, estos mercados no se combaten, sino que se regulan informalmente. En Argentina, por ejemplo, distintos autores (Marcelo Saín, Matías Di Gregorio, Javier Auyero) describen un sistema donde la política delega en la policía el control de la violencia. La policía, a su vez, coordina con las bandas, distribuye territorios y busca mantener bajos niveles de homicidios. Esto genera una “caja” que alimenta tanto la corrupción policial como el financiamiento político. Durante mucho tiempo, esto permitió a Argentina tener tasas de homicidio bajas, salvo excepciones como Rosario. Allí, ese equilibrio se rompió por la fragmentación de las bandas y cambios políticos. Más recientemente, la baja en homicidios se explica tanto por políticas de seguridad como por porque terminaste con la competencia entre clanes. Quienes miran Rosario más cercanamente lo que te dicen es también hay pacificación del mercado porque terminaste con la competencia entre Los Monos y el Clan Alvarado. Y esta nueva banda los Pibes, que hoy son fuertes en Rosario, luego de la purga de Los Monos también se coordinaron para bajar la violencia, pero no la actividad criminal, todo lo contrario. Operan con menores niveles de violencia porque se te articuló el tráfico internacional de la coca boliviana que pasa por Rosario y sale hacia hacia Europa, hacia este de Asia. Esas bandas lograron de alguna manera ponerle incentivos a las bandas más territoriales y más pequeñas que controlan el microtráfico para bajar la violencia y poder operar más tranquilamente

P: También mencionás una transformación en la estructura del crimen organizado.

R: Sí. Solemos pensar en grandes cárteles como los mexicanos o brasileños, pero lo que vemos es una creciente fragmentación. Surgen organizaciones más pequeñas, especializadas en partes específicas de la cadena criminal. Estas operan mediante subcontratación o cooperación, como si fueran franquicias. Por ejemplo, el Cartel Jalisco Nueva Generación funciona en parte bajo esta lógica, donde grupos locales usan su marca por reputación. Algo similar ocurre con el Tren de Aragua en Chile o Perú: conviven líderes originales con bandas locales que operan bajo esa “etiqueta”.

P: Planteás que el crimen organizado debe entenderse más como un problema de desarrollo que de seguridad. ¿Por qué?

R: Mira, yo estoy haciendo ahora muchas entrevistas a educadores de distintos países de la región sobre las expectativas de vida de las nuevas generaciones. Muchos jóvenes no ven futuro en la educación o el empleo formal. No creen que estudiar les garantice una mejora respecto a sus padres. En cambio, los mercados ilegales aparecen como una vía rápida de ingresos y reconocimiento. También hay un componente identitario: el consumo suntuario y el estatus inmediato juegan un rol central. Cuando vos y yo éramos chicos, el fútbol podía ser una vía de movilidad social. Hoy, para algunos jóvenes ( no todos ni la mayoría) ese lugar lo ocupan estas economías ilegales.

P: Entonces funcionan también como una alternativa de empleo y pertenencia.

R: Exacto. Y de identidad. En algunos contextos, ser “hijo de un narco” ya no genera estigma, sino prestigio. A veces el narco del barrio es el principal benefactor social, es el principal solucionador de problemas. Estos actores muchas veces cumplen funciones sociales: resuelven conflictos, ayudan económicamente, ocupan espacios que el Estado no logra cubrir. No es que el Estado esté ausente, sino que muchas veces no compite en eficacia ni en legitimidad. Tras décadas de promesas incumplidas, amplios sectores desconfían de las instituciones y buscan soluciones por fuera del sistema formal. Yo creo que el el caso más interesante ahí es el «mejorismo» argentino, el «voto rappi» a Milei. Gente que debiera en una mirada tradicional estar esperando por el Estado y pensar en la acción estatal para sus opciones de progreso, de incorporación al mercado. Y básicamente lo que te dicen es ‘yo tengo una bicicleta, soy empresario, no quiero pagar impuestos, sacame el Estado de mi vida, que no me moleste’.

El fracaso de la “mano dura” y algunas alternativas de acción

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P: En tus trabajos hablás de una “bukelización” de América Latina, con el avance de políticas de mano dura ante el avance criminal.
R: Sí. Estas políticas no son efectivas como solución de fondo, pero sí son muy eficaces electoralmente. Sabemos por experiencias de países como Colombia, México o Brasil que la mano dura no resuelve el problema.
Incluso en el caso de El Salvador, más allá del marketing, hay indicios de que hubo acuerdos de Bukele con las pandillas. Además, el encarcelamiento masivo vulnera derechos básicos y no ofrece una estrategia de salida. Sin embargo, tiene altos niveles de apoyo social, porque mejora la percepción de seguridad.

P: ¿Existen políticas o experiencias en otros países que hayan funcionado?
R: Soy bastante pesimista al respecto. no hay soluciones definitivas. Lo que existen son intervenciones parciales que deben ajustarse constantemente. Algunos ejemplos útiles vienen de Europa. En España, las políticas de rehabilitación en cárceles reducen significativamente la reincidencia, a diferencia de nuestras cárceles de América Latina que son “criminógenas” reproducen y alimentan el crimen. En Italia, el sistema de cárceles de alta seguridad debilitó a organizaciones mafiosas. En Portugal, la despenalización del consumo junto a políticas de salud pública ayudó a reducir la violencia asociada a las drogas. Lo que sabemos que no funciona es la competencia política por ver quién aplica más mano dura. Eso puede servir para ganar elecciones, pero es perjudicial para las políticas públicas a mediano y largo plazo.