¿Quién debe renovar las concesiones hidroeléctricas?
Si la Nación habla por el 49% de las acciones con futuros posibles inversores, ya sean los actuales o nuevos, sin plena participación y el consenso de las provincias involucradas, se estaría equivocando.
El tiempo pasa rápido y lo que parecería muy lejano hace casi 30 años cuando se otorgaban las concesiones hidroeléctricas, hoy vemos que están llegando a su fin, en 2023 vencen algunos contratos y por lo tanto varias centrales hidroeléctricas deberán volver a manos del Estado.
Lamentablemente estamos instalando, al mejor estilo argentino, una falsa discusión en torno a quién le corresponde renovar las concesiones hidroeléctricas (Estado Nacional o Estados Provinciales)?
Se está abriendo una nueva grieta generada por actores renuentes al diálogo, a la concertación y muy poco preocupados por los apagones, por la falta de inversión, por la inexistencia de control y por mejorar aspectos que se pueden optimizar del Sistema Argentino de Interconexión. Es más fácil reducir el debate a consignas antagónicas pretendiendo convencer a la gente de que solo pueden involucrarse desde ese lugar ¿Con el centralismo o con el federalismo?.
Los cuestionadores del centralismo y defensores implacables de los derechos de las provincias solo se aferran a una parte de la Constitución Nacional, el Art. 124º que dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Esto no sería un problema si no minimizaran lo que aporta el resto del país como mercado consumidor de energía eléctrica y para lo cual el Estado Nacional concertó con las provincias la creación de un sistema de generación, transporte y distribución eléctrico que también está amparado en la Ley Magna (“las provincias delegan la legislación sobre esos recursos en la Nación, en el Congreso nacional, por el artículo 75 inciso 12”).
Así se creó el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) ex Sistema Interconectado Nacional (SIN), el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), todos instrumentos que, por lo menos en el plano teórico, deberían permitirle al país producir, controlar y comercializar la energía eléctrica a precios accesibles para la población y competitivos para la agricultura, la industria, el comercio, el turismo y los servicios en general.
Por otra parte hablamos mucho del recurso pero nada decimos sobre las inversiones que lo potenciaron y pusieron en valor, como tampoco que las represas hidroeléctricas se terminaron de financiar con el aporte de todos los consumidores del país (Art. 2º de la ley 17.554/67).
Por otra parte, los negadores del federalismo se aferran al concepto de que el País es un todo y por lo tanto le corresponde al Estado Nacional entender y actuar de manera exclusiva en la renovación de las concesiones, ignorando que Neuquén y Río Negro tienen derecho a percibir una retribución por aportar el recurso del que tienen su dominio originario.
De volver a concesionarse a operadores privados, son Neuquén y Río Negro a quienes les corresponde percibir el canon de la nueva concesión (derecho de renovación) que se establezca para los nuevos contratos de las centrales El Chocón, Piedra del Águila, Alicura, y Arroyito.
Debemos aclarar que cuando hablamos de canon (derecho de renovación), no estamos excluyendo a las inversiones que deberán realizarse y que formarán parte de los nuevos pliegos de concesión, especialmente de aquellas inversiones que deben realizarse para mantener las represas en actividad, ampliarlas de ser posible para incorporar nuevas turbinas, en particular aquellas que hayan cumplido su vida útil, para crear nuevos fondos que le permitan al país construir otras represas como Chihuidos I y II, que desde hace muchísimos años siguen pendientes de conseguir financiamiento.
Resulta que ahora, Nación quiere adjudicarle de manera exclusiva a Enarsa las concesiones de las represas, lo que significa una apropiación inaceptable toda vez que se excluye a las provincias que son las titulares del recurso. Debemos preguntarnos entonces ¿tiene la Nación el derecho de otorgarse a sí misma una nueva concesión, de decidir sola cuáles serán las inversiones que se deben realizar, si habrá o no un precio diferencial para el Comahue?. Claramente es inadmisible que Nación avance con las nuevas concesiones sin las provincias de Neuquén y Río Negro.
Por ello es imprescindible transparentar todo el proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas desde ahora y la única manera de hacerlo es creando un ámbito de trabajo conjunto entre la Nación y las Provincias.
Hace un tiempo, el senador Oscar Parrilli propuso que Enarsa sea el accionista mayoritario con el 51% y nada dijo sobre qué participación le debe corresponder Neuquén y Río Negro, sabiendo que en Enarsa las provincias solo tienen un porcentaje accionario simbólico.
No es bueno seguir con actitudes unilaterales y autoritarias, es preocupante que se vayan tomando decisiones y realizando tareas sobre la renovación de las concesiones hidroeléctricas en un marco de confrontación entre la Nación y las Provincias. Si la Nación ya está hablando secretamente por el 49 % de las acciones con futuros posibles inversores, ya sea con los actuales o con nuevos actores, sin la plena participación y el consenso de las Provincias involucradas, se estaría equivocando .
Es necesario institucionalizar con premura un ámbito de concertación entre la Nación y las Provincias de Neuquén y Río Negro si se quiere realizar con total transparencia la tarea de revertir y renovar las concesiones hidroeléctricas en este 2023.
Necesitamos encontrar un nuevo entendimiento, que contenga respuestas justas a las pretensiones de la Provincias, en síntesis “consenso” es lo que hace falta “para lograr un mejor funcionamiento del sistema eléctrico y maximizar aquellos beneficios económicos que merecen nuestras Provincias”, solo así se podrá “dotar al Estado Nacional de un instrumento eficaz” como dice el senador Parrilli para afrontar la crisis energética del país.-
*Exdiputado provincial, exdiputado nacional, exsenador nacional y convencional constituyente (1994).
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