Decretomanía necesaria

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Durante el reinado de diez años del presidente Carlos Menem, sus críticos, de los cuales muchos militaban en los partidos que formarían la Alianza, se acostumbraron a atribuir su preferencia por gobernar por decreto a sus presuntos instintos autoritarios, acusándolo de creerse una especie de monarca. De ser así, sería legítimo tomar al actual presidente, Fernando de la Rúa, por un dictador en ciernes: ha adquirido el hábito de firmar “paquetes” enteros de decretos y no hay motivos para creer que los 26 que fueron firmados hacia fines de enero serán los últimos. Sin embargo, como ya fue evidente cuando el responsable de intentar soslayar el filtro parlamentario era Menem, a esta altura los presidentes recurren a los decretos no porque les guste imaginarse autócratas “hegemónicos”, sino porque es frecuente que los legisladores hagan lo posible por asegurar que el país sea ingobernable.

Como es notorio, luego de estallar el “escándalo del Senado” desatado por la fuerte sospecha de que ciertos padres de la Patria subastaban sus votos, muchos senadores de mentalidad corporativa decidieron presionar al gobierno demorando el tratamiento de diversos proyectos de ley. Mientras tanto, en la Cámara baja abundan los diputados, tanto aliancistas como peronistas, que por distintos motivos están resueltos a sabotear el programa económico del gobierno. Puede argüirse que tienen todo el derecho del mundo a actuar de este modo, pero en el momento en el que el país está experimentando una crisis económica tan grave que podría tener consecuencias catastróficas para todos, el gobierno no puede resignarse a que cuerpos legislativos célebres por su lentitud se dediquen a paralizar el funcionamiento de las instituciones, trabando sistemáticamente los intentos del Ejecutivo de llevar a cabo las reformas que considera fundamentales.

Aunque es normal en los países de tradiciones presidencialistas que el jefe del Estado tenga que luchar denodadamente contra legisladores reacios a permitirle avanzar al ritmo que le parece apropiado, aquí el contraste entre el activismo del Poder Ejecutivo y la cautela característica del Legislativo es más notable que en otras partes debido a la evolución sui géneris de la cultura política nacional. Por razones fácilmente comprensibles, el gobierno tiene forzosamente que ser “liberal”, es decir, pensar en términos muy distintos de los habituales entre los productos de una tradición populista sumamente conservadora. En cambio, los legisladores, los cuales suelen estar más interesados en su propio destino que en los problemas que preocupan a los gobernantes, no se sienten directamente responsables por las consecuencias a largo plazo de las medidas concretas que se toman y por lo tanto propenden a caer en la tentación de adoptar posturas “principistas” encaminadas a convencer a los demás de su propia sensibilidad o sinceridad.

El presidente Menem pronto descubrió que sus compañeros no lo acompañarían en el viaje ideológico que lo llevó desde los extremos más trasnochados del populismo criollo hacia una versión propia del neoliberalismo globalizador, pero puesto que durante años se mostró capaz de recaudar más votos que los demás candidatos peronistas, no permitió que dicho detalle le molestara demasiado. A pocos días del inicio de su gestión, De la Rúa se encontró en una situación casi idéntica y, si bien a diferencia de Menem en su mejor época no domina a su propio partido y, para colmo, tiene que tomar en cuenta la actitud de un socio intrínsecamente contestatario, se ha visto constreñido a imitarlo, gobernando conforme a sus propias ideas con la esperanza de que sus presuntos simpatizantes terminen brindándole el apoyo parlamentario suficiente. Es probable que lo reciba: al fin y al cabo, pocos legisladores aliancistas quisieran que su “idealismo” provocara el hundimiento del gobierno o el colapso de la economía nacional. También lo es que en el fondo muchos legisladores prefieran que el presidente gobierne por decreto, librándolos así de la responsabilidad de participar más activamente en la elaboración de medidas destinadas a hacer frente a una multitud de problemas que los indignan pero que, a juzgar por su forma de afrontarlos, no son capaces de entender.