Definen el futuro procesal de Forno en la megacausa

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Con los plazos vencidos hace una semana, las partes que intervienen en el caso de la megabanda de boqueteros se sentaron nuevamente a discutir los alcances de la prórroga de ocho meses dictada por el juez Álvaro Meynet en octubre y confirmada por el Tribunal de Impugnación. “Se advierte en declaraciones periodísticas que nosotros estiramos el proceso, la fiscalía pidió la prórroga, los defensores estamos en condiciones de hacer el juicio hoy”, enfatizó el abogado de José Forno, Oscar Pineda.

Del otro lado, el fiscal Santiago Márquez Gauna y el abogado de la querella Ivan Chelía contestaron que el plazo que venció el 26 de junio era para llegar a la siguiente etapa, es decir al control de acusación que igual se vio interrumpido por el juez Julio Sueldo. La semana pasada, ese magistrado se vio impedido de hacer la audiencia porque tenía relación directa con el hijo de una de las víctimas. Sin embargo, con anterioridad Sueldo había convertido la prisión preventiva de José Forno y de Sandro Gerez Derbes en prisión domiciliaria, medida que nunca se materializó.

Marquez Gauna insistió en que los principales acusados tienen que seguir en prisión porque “la situación no cambió y continúan los peligros procesales” que fueron considerados al momento de dictar la prisión preventiva. Habló el fiscal de una “diferencia de apreciación”.

La defensa retrucó que quiénes dilataron el proceso fueron los acusadores. Meynet, al finalizar la audiencia, comunicó que su decisión se dará a conocer el miércoles.

Forno está detenido desde que se hicieron los allanamientos en mayo de 2016 cuando fue desbaratada la supuesta banda que lideraría. Se dedicaban a perpetrar robos en casas y en comercios. En la mayoría de los casos lo hacían realizando boquetes para ingresar. Justamente de este modus operandi fue que surgió su nombre: “la megabanda de boqueteros”.

En total son 16 las personas procesadas por esta causa. Los únicos que estaban detenidos eran Forno y Gerez Derves, a quienes el juez Julio Sueldo, antes de ser recusado, les otorgó la prisión domiciliaria pero que no se hizo efectiva (en ese momento el magistrado otorgó 15 días para materializar la colocación de una tobillera electrónica).

Una de las víctimas estalló de bronca en medio de la audiencia donde se recusó el juez Julio Sueldo y aseguró que “teme que dejen en libertad a (José) Forno y a (Sandro) Gerez Derbes”.

Sueldo consideró los argumentos expuestos por los defensores particulares de José Forno y Sandro Gerez Dervez para otorgarles el beneficio de la domiciliaria. Coincidió en que ya se habían extendido lo suficiente sus prisiones preventivas para seguir prorrogándolas. Así fue como les otorgó la posibilidad de esperar detenidos en sus casas el inicio del juicio que se llevará en su contra. A la vez, pidió que fueran monitoreados a través de las pulseras electrónicas. Sin embargo después, en la frustrada audiencia del control de acusación, terminó recusado por las partes. En consecuencia volvió a intervenir el juez Meynet.