Del mismo palo

Entre las enfermedades más graves que padece la Justicia en nuestro país está la politización, o sea, la militancia subrepticia de magistrados que presuntamente retribuyen los favores recibidos de sus padrinos frenando algunas investigaciones, impulsando con vigor llamativo otras y, por supuesto, formulando fallos destinados a complacer a sus compañeros o correligionarios. Así las cosas, es natural que la decisión de un juez tan bien conocido, para no decir notorio, como Adolfo Bagnasco de abandonar su cargo haya motivado mucha especulación en torno de su eventual transformación en político declarado. Aunque el propio Bagnasco ha negado tener la intención de seguir los pasos de otros magistrados que, luego de protagonizar causas cuyas connotaciones políticas han sido evidentes, han aprovechado su prestigio entre los dirigentes de un partido determinado para asegurarse un puesto importante en un gobierno provincial, muchos dan por descontado que no tardará en sumarse a las filas de Carlos Ruckauf o de otro ‘cacique’ peronista.

Si lo hace, el desprestigio de la Justicia a ojos de la ciudadanía se intensificará aún más. Por mucho que juren los ex jueces que nunca permitirían que su fervor partidario influyera en su desempeño jurídico, muy pocos están dispuestos a creerles. Puede que haya algunos magistrados excepcionales que no vacilarían un solo instante en perjudicar al movimiento en el que militan, pero no existen razones para suponer que abunden tales dechados de ecuanimidad. Por el contrario, a juzgar por la conducta reciente de los jueces más renombrados, lo habitual es que los prejuicios políticos pesen mucho más que cualquier compromiso con el ideal de imparcialidad.

El Consejo de la Magistratura fue creado con el propósito de debilitar los lazos excesivamente fuertes entre la política partidaria y la Justicia, pero los “dirigentes”, conscientes de los riesgos así planteados, pronto se las arreglaron para colonizarlo, repartiendo los puestos disponibles entre productos de la cultura política tradicional tan emblemáticos como el senador peronista Augusto Alasino. En teoría, la presencia en el Consejo de representantes de otros sectores debería asegurar que no se repitan los abusos más escandalosos de los años últimos -los que han visto una auténtica invasión de la Justicia por parte de individuos de trayectoria mediocre pero, es de suponer, lealtad indudable-, pero aun cuando los cambios ocasionados colmaran las expectativas de los más optimistas, tendría que transcurrir mucho tiempo antes de que el país contara con magistrados realmente independientes. En cuanto a otras propuestas, como la planteada por el Frepaso de obligar a los jueces federales a cambiar de distrito con cierta regularidad, tendrán sus méritos pero, obvio es decirlo, ni el PJ ni la UCR se sienten entusiasmados por reformas destinadas a modificar un sistema que les ha servido muy bien.

Puesto que es urgente separar a la “familia judicial” de su equivalente política, convendría una ley que obligara a todo ex juez a esperar por lo menos diez años antes de aceptar cualquier oferta que podría calificarse de política, de este modo reduciendo un tanto la tentación que es de suponer sienten muchos magistrados ambiciosos de hacer gala -poco antes de emprender una nueva etapa- de su “lealtad” subordinando su eventual compromiso con la Justicia a las prioridades de alguna que otra facción partidaria o ideológica. Si bien no existe forma alguna de despolitizar por completo la Justicia porque toda persona se deja influir por las pasiones e ilusiones políticas propias de su país y de su época, debería ser relativamente fácil minimizar la incidencia del oportunismo craso o, peor, de la corrupción más impúdica en el comportamiento de los encargados de administrar la ley. ¿Lo entiende el juez Bagnasco? Si, como muchos prevén, se integra casi inmediatamente al equipo de Ruckauf, asestará un golpe más a lo poco que aún queda del prestigio de la Justicia, lo cual podría considerarse positivo si contribuyera a impulsar las reformas que tantos están reclamando pero que, por desgracia, con toda probabilidad sólo serviría para recordarnos lo absurdo que sería creer que debería darse una frontera entre la política partidaria por un lado y la Justicia por el otro.