Demasiada kriptonita

Durante los años en que cumplió tantas funciones en el gobierno del presidente Carlos Menem que sus colegas terminaron apodándolo «SupErman», el riojano Erman González logró distinguirse de los demás por su estilo al parecer modesto, para no decir austero. Sin embargo, en el mismo período vio crecer más de ocho veces su patrimonio personal. Según la declaración jurada que firmó en 1993, todos sus bienes valían 213.000 pesos, una suma respetable pero no suficiente como para hacer de él un «rico» auténtico. Hace un par de semanas, empero, González dijo a la Oficina Anticorrupción que su patrimonio había alcanzado a 1.792.632 pesos, de suerte que logró aumentarlo de forma espectacular mientras estuvo en la función pública. Demás está decir que sus compatriotas quisieran saber exactamente cómo se las arregló para enriquecerse así, y a menos que consiga brindar una explicación coherente -lo cual, dadas las circunstancias, motivaría muchísima sorpresa-, todos darán por descontado que lo hizo al margen de la ley.

González, personaje que gracias a su propia jubilación de privilegio y a la otorgada a su hijo de 38 años parece destinado a verse incluido en la lista negra de «emblemáticos» que está redactando la Alianza, dista de ser el único funcionario cuyas declaraciones juradas le estén causando dolores de cabeza. Algunos cometieron el error garrafal de afirmarse totalmente sin medios, lo que, como es natural, ha ocasionado extrañeza entre los responsables de averiguar el estado de su patrimonio, mientras que otros han declarado sumas absurdamente pequeñas. Puesto que mofarse de lo que es una obligación no sólo legal sino también moral puede dar pie a acciones penales, los individuos de esta clase corren peligro de ser sentenciados a varios años entre rejas.

Con todo, el que González se haya sentido constreñido a dejar de simular estar al borde de lo que los menemistas considerarían como la miseria para confesar ser dueño de un patrimonio más sustancial es una señal auspiciosa. A comienzos del decenio menemista, era frecuente que políticos, funcionarios e incluso empresarios declararan ingresos absurdamente reducidos por sentirse seguros de que nadie, ni un inspector impositivo ni una persona encargada de detectar evidencia de corrupción, pensaría en «delatarlos». En la actualidad, empero, muchos deberían estar convencidos de que les hubiera convenido exagerar las dimensiones de su fortuna a fin de poder defenderse mejor contra las eventuales denuncias por enriquecimiento ilícito. En efecto, de haberse proclamado multimillonario en 1993, aun cuando su patrimonio real hubiera sido tan poco llamativo como entonces decía, González se hubiera ahorrado este nuevo escándalo que parece confirmar la sospecha de que, su exterior tranquilo no obstante, es un monstruo de codicia.

Abundarán los empresarios, profesionales, deportistas, «artistas» y otros del «sector privado» que al aprovechar las oportunidades brindadas por el crecimiento económico vigoroso de la primera gestión de Menem hayan logrado multiplicar su patrimonio por ocho o más. Pero el que lo haya hecho un funcionario que, en teoría por lo menos, debería haberse dedicado exclusivamente a velar por los intereses de la comunidad parece sencillamente imposible. Aunque González hubiera tenido la suerte excepcional de haber confiado el manejo de su patrimonio a un inversor genial, tendría que probar que no lo ayudó dándole información reservada. Desde luego, no lo podrá hacer, lo cual significa que será con toda probabilidad sombrío el futuro del ex ministro de Economía, Salud y Acción Social, Defensa -función en la que se vio involucrado en el caso de la venta ilegal de armas a Croacia- y Trabajo, además de embajador en Italia, diputado por la Capital Federal y vicepresidente del Banco Central. Si en 1993 subestimó la magnitud de su patrimonio por no querer figurar entre los «ricos», ya estará en graves problemas. Si en aquella oportunidad hacía alarde de su honestidad, ya tiene motivos de sobra para lamentar su ingenuidad.