Demasiado razonable

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Muchos hombres públicos de opiniones conservadoras están en favor de la despenalización de la venta de drogas por entender que han resultado contraproducentes los esfuerzos por eliminar la oferta. Comparten este punto de vista, si bien por motivos un tanto distintos, libertarios izquierdistas y otros. En cambio, no es nada común que el presidente de una nación se afirme partidario de la liberalización en este ámbito, como acaba de hacerlo el mandatario uruguayo Jorge Batlle, porque, como pronto descubrirá si ya no lo sabe, los que proponen combatir la plaga de la drogadicción de esta forma suelen verse convertidos en blanco de campañas de difamación de virulencia realmente extraordinaria.

El planteo de Batlle es a la vez sencillo y lógico. Ha podido señalar que hasta ahora, el mayor logro de los resueltos a impedir por completo la producción y distribución de narcóticos ha consistido en hacer subir tanto el precio del producto final que la industria de drogas ilegales se ha convertido en una de las más lucrativas del planeta y algunos narcotraficantes son tan ricos que están en condiciones de comprar gobiernos enteros. La cruzada contra las drogas que consumen muchos norteamericanos no sólo ha redundado en el estallido de la población carcelaria de la superpotencia, al aumentar la cantidad tanto de actos considerados criminales como aquélla de los dispuestos a robar, asesinar y extorsionar a fin de conseguir el dinero que tan desesperadamente necesitan, sino que también ha brindado a los militares estadounidenses pretextos para intervenir en América Latina. Además, no existen motivos para creer que esta auténtica “guerra” pueda terminar con la derrota de los narcotraficantes, los cuales, como es lógico, son los partidarios más decididos de la penalización de la tenencia y de la venta de drogas peligrosas: para ellos, la despenalización sería un desastre sin atenuantes, porque el precio de mercado de los productos que comercializan se desplomaría de la noche a la mañana.

Lo que quienes proponen la despenalización quieren hacer es reducir al mínimo el valor comercial de la droga, para que el negocio deje de atraer a los delincuentes poderosos y feroces que lo dominan. A su juicio, la drogadicción debería tratarse como un problema médico similar al supuesto por la adicción a sustancias permitidas como el alcohol y por lo tanto podría ser combatida mejor mediante la educación e información sobre las consecuencias a menudo trágicas de consumir ciertos narcóticos. Asimismo, con pocas excepciones, los partidarios de la despenalización se opondrían a permitir que empresas comerciales participaran en la venta porque saben muy bien que en tal caso, hombres de negocios inescrupulosos no vacilarían un instante en someter a los jóvenes al mismo bombardeo publicitario que suelen emplear para promocionar cualquier otro producto.

En un mundo mejor, la propuesta de Batlle tendría una buena posibilidad de concretarse, pero en el que efectivamente existe sería asombroso que prosperara. Para que esto sucediera, sus partidarios tendrían que superar la resistencia no sólo de los convencidos por razones objetivas de que la despenalización serviría para aumentar la cantidad de adictos, los que pueden señalar que a menos que los Estados Unidos y toda Europa tomaran simultáneamente una medida de este tipo, el país pionero se transformaría en una suerte de paraíso del “narcoturismo” internacional. También tendría que convencer a otros que se aferran al statu quo, ya porque han sido comprados por los traficantes, ya porque están comprometidos con el conjunto enorme de organizaciones que se han creado para “luchar” contra las drogas con métodos policiales, cuando no militares, y que no tienen interés alguno en verlas desmanteladas. Para colmo, como es notorio, en nuestro país y en otras partes de América Latina es habitual que los políticos y funcionarios que más se han destacado en la “lucha” antidrogas sean personajes sin autoridad moral alguna, individuos cuya mera presencia en posiciones influyentes es suficiente como para desacreditar la causa en la cual militan y que, huelga decirlo, están más que dispuestos a acusar a los que piensan como Batlle de estar vinculados con el narcotráfico o de querer corromper a los jóvenes por motivos tan viles como inconfesables.