Denuncia a P&G, un aviso a Washington

COLUMNISTAS

Alurralde, Jasper & Asociados, la consultora de PR y Asuntos Públicos liderada por Mariana Jasper y Matías Alurralde, está asistiendo en comunicación a Procter & Gamble (P&G) en la Argentina, empresa que es sometida por el gobierno argentino a una crisis sin precedentes desde que desembarcó en el país, hace más de 20 años.

Procter fue sorprendida el domingo por un comunicado de la AFIP que la inculpaba por un “delito” que, según se sabe en el mundo empresario, podría ser el pan de cada día de la mayoría de las empresas que participan en el comercio exterior, particularmente aquellas con filiales en todo el mundo: la sobrefacturación de importaciones.

En un comunicado, la AFIP hizo saber que suspendió el CUIT y la inscripción en el registro de importadores y exportadores de la filial argentina de la multinacional, tras haber detectado una supuesta maniobra de ese tipo “por 138 millones de dólares”.

También mencionó que se trataba de “fraude fiscal” por operaciones de “importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza” por ese importe. Y sostuvo que “la empresa fugó divisas a sus firmas vinculadas en el exterior”, por lo cual “la maniobra podría constituir contrabando agravado”. Sin embargo, sorprendió el momento (domingo), el tono y el altísimo perfil mediático de la ofensiva del gobierno, teniendo en cuenta que P&G venía conservando buena relación con el kirchnerismo: la presidenta Cristina Fernández asistió a actos en los que se anunciaron inversiones y la empresa estadounidense participa en el programa Precios Cuidados.

En tanto, el diario BAE Negocios reveló que el organismo impositivo tiene en la mira a no menos de 15 multinacionales por las mismas imputaciones, “varias de ellas con décadas de presencia en el país, incluidos otros gigantes del consumo masivo”.

El comunicado de la AFIP reveló además que el gobierno elevó una nota a la SEC (Securities and Exchange Commission) de Wall Street, con lo que queda en evidencia que se pretendió afectar seriamente la imagen de la empresa a nivel global.

Para entender el trasfondo de la contraofensiva del gobierno hay que consignar que el “cepo cambiario” rige desde hace tres años y que limita totalmente a las empresas girar ganancias al exterior, aunque la prohibición a las multinacionales ya lleva cuatro años.

“Es imposible imaginar que se siga operando sin chistar durante cuatro años en un país en el que no se puede retirar un solo dólar y sin siquiera tener un panorama claro de cuándo podría volver a hacerlo”, se sinceraba un consultor de public affairs que asesora a multinacionales.

“Los mecanismos de sobrefacturación de importaciones intracorporaciones son un mecanismo por el cual las empresas pueden compensar ese cepo y, gracias al mecanismo, han seguido invirtiendo y manteniendo puestos de trabajo”, explicó el consultor, quien aclaró que no estaba “al tanto” de la operatoria puntual de Procter.

En la mira de la AFIP, se especulaba, bien podrían estar incluso empresas argentinas. La absurda política económica ha llevado al país al borde del colapso externo: sin una inyección de dólares urgente, la Argentina podría quedarse sin reservas en divisas durante el 2015 y colapsar en una crisis hiperinflacionaria.

Un consultor, asesor de numerosas empresas de EE. UU., advirtió que las corporaciones están preparando a sus principales directivos para enfrentar crisis provocadas por la investigación de la AFIP y, eventualmente, mudarse al Uruguay para dirigir desde allí sus filiales.

Otro especialista en asuntos públicos, que también eligió el anonimato, opinó que la decisión de salir un domingo y con un perfil tan alto quedó plasmada “en el enorme despliegue que le dieron a la operación los diarios oficialistas” y analizó que el timing tiene que ver con “la ofensiva diplomática personalísima de la presidenta contra el gobierno de EE. UU.”. La mandataria argentina sostiene que la administración Obama no ayudó al país en la pelea con los fondos buitre que triunfaron en el litigio por obtener el pago completo de sus bonos argentinos en default. El viernes pasado, el gobierno publicó una agresiva carta al presidente Barack Obama de fuerte tono “chicanero” y con la firma de la propia mandataria exigió al gobierno de Washington no designar en un cargo secundario a una abogada que asesora a los fondos buitre.

Lo de P&G parece ser una forma de llamar la atención de Washington con el mensaje de “nosotros podemos dañarlos”.

Diego Dillenberger

Periodista y director de la revista Imagen

Diego Dillenberger