Desafíos contemporáneos

MARTÍN LOZADA (*)

Fue el historiador Eric Hobsbawm quien sostuvo que hay palabras con las que nadie quiere que se lo asocie en público, como racismo e imperialismo. Y otras que logran el rápido entusiasmo colectivo, como pacifismo y medioambiente. La palabra “democracia” es una de ellas. Hoy en día es imposible, a excepción de unas cuantas teocracias islámicas y de otros tantos reinos y feudos hereditarios de jeques asiáticos, encontrar un régimen que no rinda oficialmente tributo, tanto en su constitución como en su gobierno, a asambleas o a presidentes elegidos mediante contienda electoral. Acaso por primera vez en la historia humana existe una única forma dominante de Estado, la moderna república democrática, constitucional y representativa. Es decir, un Estado constitucional que ofrece la garantía del imperio de la ley, así como diversos derechos y libertades civiles y políticos, y al que gobiernan sus autoridades elegidas por sufragio universal. Según Hobsbawm, hay algo que forma parte innegable de la retórica de campaña de la democracia liberal y es que “el pueblo”, sea cual fuere el grupo humano definido como tal, es hoy el fundamento y el punto de referencia común a todos los gobiernos estatales, excepto el teocrático. Por lo tanto, en la era del “hombre de la calle”, todo gobierno es un gobierno del pueblo y para el pueblo, aunque evidentemente no pueda ser, por razones operativas, un gobierno regido por el pueblo. Lo dicho hasta aquí, sin embargo, se conmueve ante algunas de las tendencias del actual capitalismo globalizado, con sus dinámicos intercambios humanos, financieros, tecnológicos y en materia de datos e información. En ese sentido, Zygmunt Bauman destaca que el actual divorcio entre el poder (la capacidad para cambiar las cosas) y la política (la habilidad para seleccionar los fines a perseguir) socava los fundamentos del gobierno popular y genera graves implicancias para la democracia liberal. Al menos, tal cual la conocíamos hasta el comienzo del presente siglo. Tal divorcio implica una crisis en materia de representación política que a nivel del Estado-nación acarrea altas cuotas de impotencia. Y ello debido a que el poder, que antes estaba unido estrechamente a la política, se ha evaporado en un espacio de flujos, global y extraterritorial, fuera del alcance de la persistente política territorial del Estado. Es decir, que en la matriz misma de muchas de las complejas cuestiones que afectan la gobernabilidad democrática de nuestros días están las que, por su propia naturaleza, estriban en un centro decisional que transita por fuera del ámbito de competencia del Estado-nación. De modo que las instituciones del Estado tienen hoy que cargar con la tarea de inventar y aportar soluciones a problemas que se producen, en una gran variedad de casos, a nivel global. Sean económicos, medioambientales, sanitarios o en materia de seguridad común. Y dada la reducción de su poder, ésta es una carga que el Estado no puede asumir y una función que no puede desempeñar con los recursos que le quedan y dentro del área decreciente de sus posibilidades de acción. Podría suceder entonces que desde el Estado moderno, bajo su forma de república democrática, constitucional y representativa, nos enfrentemos a los problemas del siglo XXI con un conjunto de mecanismos políticos, de raigambre territorial, sustancialmente inadecuados para su abordaje. Si ello es así, y si el rol del Estado declina frente a un escenario marcado por los flujos líquidos, no territoriales y sujetos a variables que escapan a su control, pero que indefectiblemente impactan en su esfera doméstica, pues entonces las estrategias que al respecto se elaboren resultarán cruciales para su futuro como forma de cohesión política. Hasta el momento, la desesperada respuesta a dichas limitaciones ha venido consistiendo en el abandono de las numerosas funciones que, con mayor o menor éxito, desempeñaban los Estados contemporáneos. Y lo paradojal del caso es que aquéllos siguen basando su legitimidad en la promesa incumplida de seguir prestando esas funciones. No resulta extraño, entonces, que en tal contexto se hubiera producido el potente surgimiento de las ONG, así como la aparición de nuevos espacios políticos transnacionales. Esos nuevos esquemas de organización presentan una fluidez y una flexibilidad que contrastan con las estructuras rígidas de los aparatos estatales tradicionales y parecen adaptarse mejor a un mundo en el que crujen los cimientos mismos de su gobernabilidad. En todo caso, el hecho de que hoy se plantee el rol e incluso el porvenir del Estado-nación es revelador en relación con la duda que genera lo que, hasta hace poco tiempo atrás, era un indiscutido modo de ejercicio del poder en nuestras sociedades. (*) Juez Penal – Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia