Desastres aprovechables
Por tratarse, como nos aseguran los meteorólogos, del peor diluvio que han sufrido la capital federal, La Plata y otros lugares aledaños desde inicios del siglo pasado, ya que en el año 1906 sucedió algo equiparable, fue inevitable que las lluvias intensas que cayeron el martes y miércoles provocaran estragos sin precedentes en las zonas afectadas. También lo fue que políticos y activistas de distinto tipo trataran de aprovechar en beneficio propio la catástrofe que costó tantas vidas y causó daños materiales enormes, acusando a sus adversarios de ser, en última instancia, los responsables de lo que aún ocurría. Así, pues, el ministro de Planificación Julio De Vido procuró hacer pensar que el gran culpable de desatar la tormenta fue Mauricio Macri porque, dijo, “estaba de vacaciones” en Brasil cuando, sería de suponer, debió haber estado en la ciudad por si estallaba una tormenta de magnitud histórica, mientras que el jefe del gobierno porteño contraatacó atribuyendo el impacto terrible de las inundaciones a “la politiquería” del Poder Ejecutivo nacional. Según parece, todo cuanto ocurre, desde la elección de un papa argentino hasta una catástrofe natural imprevista, se ve politizado, costumbre ésta que contribuye a hacer cada vez más rencoroso el clima de crispación que desde hace mucho tiempo impera en todo el territorio del país, si bien en esta ocasión les resultó difícil a los resueltos a repartir culpas discriminar entre los intendentes del conurbano, ensañándose con algunos y pasando por alto a otros, porque la lluvia se abatió sobre todas las jurisdicciones sin tomar en cuenta la ubicación de los dirigentes respectivos en el mapa político nacional. A juzgar por la experiencia de países que son mucho más ricos y están mejor preparados que el nuestro, como Estados Unidos y Francia, siempre habrá desastres naturales que desborden a las autoridades locales, razón por la que parecen tan mezquinos los intentos prematuros por criticarlas por sus presuntas deficiencias, pero así y todo es tan notorio el deterioro de las obras de infraestructura que fueron construidas por generaciones anteriores que es lógico que los directamente damnificados hayan culpado a los políticos por lo sucedido. A pesar del crecimiento explosivo de la población de muchas zonas del conurbano, gobiernos sucesivos apenas han tratado de mejorar las obras que son necesarias para minimizar los perjuicios ocasionados por las inundaciones que todos los años asolan distintos barrios de la capital federal y del Gran Buenos Aires, acaso por entender que no les convendría invertir muchísimo dinero y grandes esfuerzos que andando el tiempo serían apropiados políticamente por sus rivales internos o de otro partido. Resulta que la Argentina se entregó hace mucho al cortoplacismo y la ciudadanía se ha habituado a los anuncios rimbombantes que no se ven seguidos por hechos concretos, motivo por el que el país no ha dejado de perder terreno en comparación con vecinos cuyos líderes sí han logrado comprometerse con políticas de Estado que disfrutan de un consenso muy amplio. Las consecuencias de la voluntad generalizada, que es propia de personas de mentalidad rentista, de vivir del capital social que fue acumulado en el pasado por generaciones más ambiciosas que las actuales son dolorosamente evidentes. No sólo es cuestión de infraestructura envejecida sino también de la decadencia del sistema educativo público y la proliferación de redes clientelares escandalosamente politizadas que desempeñan funciones que en otros países son propias del Estado. Esta situación lamentable ha sido agravada por los conflictos entre el gobierno nacional y los de la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Con el propósito evidente de debilitar a Macri y al gobernador Daniel Scioli, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se las ha arreglado para impedirles acceder a créditos del Banco Mundial y otras instituciones internacionales que les servirían para financiar las obras que de acuerdo común son necesarias. Asimismo, aunque el gasto público ha aumentado mucho en los años últimos, el gobierno nacional ha preferido invertir casi todo el dinero en “planes sociales”, que podrían proporcionarle réditos políticos, no en obras de infraestructura que en términos electorales no le resultarían provechosas.
