Detención sorpresiva

Puesto que el juez federal Adolfo Bagnasco ya ha anunciado que es su intención probar suerte en política – confiesa ser militante peronista y, según sus allegados, quiere integrarse pronto al equipo electoral encabezado por el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf-, es difícil no vincular su decisión de ordenar el arresto del ex presidente del Banco Nación, Aldo Dadone, con sus propias aspiraciones personales. Si bien no hay forma de mostrar que Bagnasco ha querido aprovechar uno de los casos más célebres de los años últimos para mejorar sus perspectivas en su nueva carrera, es de suponer que los defensores de Dadone no vacilarán en insinuar que sería plenamente capaz de hacerlo. Asimismo, aunque podría argüirse que Bagnasco no se vería beneficiado del todo por la medida porque, al fin y al cabo, Dadone estuvo a cargo del Banco Nación durante la gestión de un gobierno peronista, el que se haya tratado de una decisión de connotaciones políticas evidentes es de por sí motivo suficiente como para ocasionar sospechas de todo tipo, razón por la cual luego de haber formulado las declaraciones acerca de sus planes el juez debería haberse abstenido de intervenir en cualquier causa relacionada con la política. Pero, por desgracia, en nuestro país es tradicional que jueces que están a punto de trasladarse de la Justicia a la militancia política con la esperanza de conseguir un puesto que en su opinión corresponde a su eminencia produzcan fallos impactantes, los cuales, desde luego, los ayudan a mejorar su propia imagen, de modo que pocos creerán que en esta ocasión Bagnasco se haya guiado por factores netamente jurídicos sin preocuparse en absoluto por pormenores menos dignos. Estén en lo cierto o no los escépticos, es deber de los magistrados tomar en cuenta sus dudas en cuanto a su independencia.

A pesar de que el caso IBM se inició hace más de un lustro, la investigación de las presuntas coimas pagadas a fin de facilitar la contratación de los servicios informáticos del “gigante azul” por parte del Banco Nación dista de haber concluido, demora que según parece tiene más que ver con la lentitud realmente extraordinaria de la Justicia en nuestro país que con la complejidad de un asunto en el que, se dice, participaron algunos ejecutivos encumbrados de la empresa norteamericana y muchos funcionarios jerárquicos locales. Así las cosas, es natural que muchos hayan dado por descontado que la evolución de la causa, la que se ha estancado durante largos meses para entonces avanzar con rapidez aparente antes de frenarse otra vez, se ha visto afectada por los vaivenes de la política nacional, aunque puede ser consecuencia de nada más siniestro que la necesidad de que el juez entienda en otros casos de importancia comparable.

Como es notorio, Dadone fue amigo del entonces ministro de Economía y actual líder político Domingo Cavallo, aunque, para decepción de los deseosos de aprovechar el caso IBM en contra del jefe de Acción por la República, no han surgido motivos para acusarlo de complicidad -por el contrario, fue uno de los primeros impulsores de la investigación-, pero aun así es innegable que ha incidido de forma negativa en la reputación no sólo de los asociados con su gestión, sino también con las reformas económicas que se pusieron en marcha en la primera mitad de los años noventa. En aquel período, una proporción llamativa de los funcionarios más destacados del país -sin excluir a los ajenos a los heterogéneos grupos “menemistas” que andando el tiempo se involucrarían en una cantidad asombrosa de escándalos con ramificaciones internacionales- no tardaría en verse convertida en blanco de denuncias que resultarían convincentes, realidad que ha servido para difundir la impresión de que existe una conexión natural entre la liberalización por un lado y la corrupción por el otro. Claro, en las etapas anteriores a las privatizaciones se registró una abundancia de casos similares, pero muchos -entre ellos el propio Cavallo- se habían convencido de que personas de trayectorias profesionales o académicas distinguidas no se permitirían caer en la tentación de aprovechar puestos públicos para fines privados que tanto había contribuido a desprestigiar al resto de la clase política nacional.