Diplomacia a los bandazos
La política exterior de los países exitosos requiere continuidad y coherencia, lo que solo puede lograrse si hay un consenso político entre distintas fuerzas para que trascienda a los cambios de gobierno. No sucedió esto con la votación del país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se condenaron las graves violaciones a las libertades civiles del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que fue objeto de un agrio debate -en el oficialismo y la oposición- de sectores que anteponen sesgos partidarios al posicionamiento estratégico del país.
La dificultad está porque Venezuela se transformó en un eslogan a uno y otro lado de la grieta: “Somos Venezuela” se agita como augurio de los peores males mientras desde el kirchnerismo se hace una cerrada defensa de Maduro, pues de lo contrario “se le hace el juego a la derecha” o se favorece una intervención de EE. UU.
Lo primero que habría que establecer es la seriedad y el profesionalismo de la misión que encabezó la Alta Comisionada de DD. HH., la expresidenta socialista chilena Michelle Bachelet, quien tuvo una amistosa relación con Hugo Chávez como presidenta y formó parte de la “ola rosa” continental que integraron el brasileño Lula da Silva, el ecuatoriano Rafael Correa, Néstor Kirchner y el boliviano Evo Morales, entre otros. Su primer informe sobre Venezuela fue en el 2019, cuando se entrevistó con el propio Maduro, todo su gabinete, líderes de la oposición, organismos de derechos humanos, empresarios y organizaciones sociales. Ya en esa época constató el deterioro socioeconómico, la migración masiva forzada, la vulneración de derechos sociales básicos, la restricción de derechos civiles y de la libertad de prensa, el acoso judicial y la existencia de torturas sistemáticas, hostigamiento policial y abusos contra referentes opositores.
En el 2020 señala que la situación se agravó con un dato preocupante: solo entre enero y agosto hubo más de 2.000 muertos a manos de fuerzas policiales, con una edad media de 26 años.
Bachelet recomendó a Venezuela eliminar al cuerpo Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), gran responsable de ejecuciones extrajudiciales. E incluye la posibilidad de que tanto Maduro como sus ministros de Interior y Defensa pudieran haber incurrido en delitos de lesa humanidad.
Entre las críticas al informe está que Bachelet no investiga otros casos en América Latina. Eso es falso. Su oficina ha emitido informes criticando la represión a las protestas en Ecuador y Chile (2019), el golpe de Estado en Bolivia, y denunciado violaciones a derechos humanos en Colombia, Honduras, México, Brasil y El Salvador, aunque ninguno de ellos de la magnitud de Venezuela.
Además, el reporte desaconseja las sanciones económicas contra el país caribeño, señalando que sólo empeoran la situación de la población más vulnerable.
La izquierda y los derechos humanos
La votación argentina avalando este informe se enmarca en una estrategia de más de 30 años de la diplomacia argentina de condenar las violaciones a los derechos humanos en cualquier país, sean estos aliados o adversarios políticos. Una postura que le ha ganado reconocimiento internacional.
Por eso sorprendió la postura amateur de dirigentes del sector más radicalizado del Frente de Todos, como el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, quien primero criticó el informe y luego se desdijo, o de la candidata a embajadora en Rusia, Alicia Castro. Ambos antepusieron su rol de militantes al de representantes del Estado argentino, dañando la imagen y la credibilidad del gobierno. Y el presidente actuó con tibieza ante tamaño desafío a su autoridad.
Argentina ha sido clara en rechazar cualquier intervención en Venezuela, y la comisión de DD. HH. de la ONU jamás ha justificado ninguna, porque sus dictámenes no son vinculantes para su órgano decisor, el Consejo de Seguridad. Sí se ha sumado al Grupo de Contacto Internacional que integra la Unión Europea, que busca una salida pacífica y democrática para la crisis política que ha sumido en la miseria y el caos al país caribeño. Son este tipo de acciones y no declaraciones dogmáticas y altisonantes las que permitirán al país fortalecerse en el tablero internacional.
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