Diputados aprobó la ley que condena al franquismo
El proyecto Memoria Histórica reconoce a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El Partido Popular volvió a oponerse a la norma, por "innecesaria" y dividir al país.
MADRID (AFP) – Los diputados españoles pasaron ayer la página del franquismo al aprobar la Ley de la Memoria Histórica, el gran proyecto del gobierno socialista para rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
La ley fue aprobada por mayoría con los únicos votos en contra del principal partido de oposición, el Partido Popular (PP, conservador), que la considera «perjudicial para la convivencia nacional», y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que consideran que no va lo bastante lejos.
La nueva ley «reconoce y amplía derechos y se pone del lado de las víctimas, de todas las víctimas», afirmó la número dos del gobierno español, María Teresa Fer
nández de la Vega, al defender el texto legislativo en el Congreso. La nueva legislación, que aún habrá de ser aprobada en el Senado, ha salido adelante tras una dura negociación, en la que el gobierno tuvo que admitir enmiendas de distintos grupos para lograr el apoyo de la coalición eco-comunista IU-ICV y los partidos nacionalistas CiU (Cataluña) y PNV (País Vasco).
El Ejecutivo logra así su objetivo de aprobarla antes de que terminara la actual legislatura. Desde el principio, el gobierno se tuvo que enfrentar a la oposición tanto del PP, que la consideraba «innecesaria», como de los partidos de izquierdas que la creían insuficiente. «Este es un paso que se suma a muchos que hemos dado juntos a lo largo de estos 30 años (desde las primeras elecciones democráticas en 1977, nota de la Redacción ).
Una empresa de solidaridad, concordia y justicia y una empresa que la gran mayoría de los españoles quieren ver culminada, afirmó de la Vega. El texto declara la ilegitimidad y no anulación, como pedían algunos partidos de los «tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos» tanto franquistas como republicanos constituidos durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos «políticos, ideológicos o de creencia religiosa».
La ley también obliga a los organismos públicos y a particulares a retirar «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». En caso de no hacerlo, se prevé sanciones como la retirada de subvenciones y ayudas públicas, aunque se consideran excepciones a la retirada cuando los objetos sean «de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados» o por «razones artísticas o arquitectónicas».
La ley también prevé la despolitización de la basílica del Valle de los Caídos, a unos 50 km al noroeste de Madrid, donde está enterrado Francisco Franco, que se regirá «estrictamente» por las normas aplicables a los lugares de culto religioso.
«Quieren imponer una memoria única y oficial que fue una de las cosas que más criticamos al franquismo, caen en el mismo error», afirmó, por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. La ley «rompe la herencia del consenso de la Transición», busca «deslegitimarla» y, además de innecesaria, es «claramente perjudicial para la convivencia nacional», añadió.
Tras su aprobación en el Congreso, la nueva ley pasará ahora al Senado, después de lo cual volverá a los diputados para su aprobación definitiva.
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