Diputados de Neuquén cuestionan el blindaje legal a Vaca Muerta

Advirtieron que en el trasfondo de los planteos es fundamental concluir el relevamiento de comunidades mapuches dispuesto por la ley 26.160.





El “blindaje judicial” a Vaca Muerta no es un tema que escape a legisladores de Neuquén. Algunos coincidieron en que la legislación vigente es acorde y suficiente, pero advirtieron que en el trasfondo de los planteos es fundamental concluir el relevamiento de comunidades mapuches dispuesto por la ley 26.160.

Consultado por este medio, el jefe de la banca del MPN en la legislatura, Mario Pilatti, señaló que “hay que diferenciar lo que es una protesta social de lo que es un sabotaje. El sabotaje es un delito”. En ese contexto manifestó que los delitos ya están tipificados y que la discusión se encuadraría en ver “como se cambian las prácticas y cómo se aplica la ley”.

El legislador por el PRO, Damián Canuto, indicó que “la legislación vigente debería ser suficiente para evitar la conflictividad y el impedimento que se genera con las manifestaciones al impedimento de una actividad, no solo empresaria. La pregunta es si la ley vigente se aplica y creo que la verdad que no”.

Señaló que “muchas veces pequeños grupos cortan accesos, rutas, calles y pareciera ser que son motivos suficientes para que no se pueda intervenir. Es facilista decir que con la ley ya está, no siempre es suficiente. Por lo que yo se, lo que se propone es una reforma del código penal para crear una figura que busca evitar, prevenir o incluso sancionar donde hay expresiones ilegítimas, sería novedoso y me parece que podría ser útil”.

Advirtió que uno de los focos de conflictos se da con grupos que se proclaman como comunidades mapuches y en ese contexto criticó que “la provincia no ha hecho nada seriamente para llevar adelante el relevamiento de las comunidades. Hace 12 años tenemos esta ley y no se ha hecho un corte”.

El representante del Frente Grande, Raúl Podestá, fue muy crítico y señaló “la legislación nacional y provincial, que establece con mucha claridad los límites que tienen las acciones que lleven adelante las empresas y los gremios en defensa de los derechos de los trabajadores y esa legislación está en plena vigencia. No hay que agregar nada más.


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