Disparan contra el control

RIO NEGRO

Es evidente que al gobierno de Alberto Weretilneck le molesta que lo controlen. Lo prueba el embate que ha iniciado contra la Fiscalía de Estado y dos integrantes del Tribunal de Cuentas.

Al fiscal Pablo Bergonzi le reprocha sus opiniones críticas a la renegociación con Petrobras y a la redeterminación de precios de obras públicas.

Del Tribunal de Cuentas le enferma su cuestionamiento a los gastos reservados legislativos.

El Tribunal promovió un juicio de cuentas al gobernador Alberto Weretilneck por 505.000 pesos de gastos reservados -sin norma que los respalde ni obligación de rendición- correspondientes a diciembre del 2011, cuando era vicegobernador al frente de la Legislatura. Lo intima a que se presente a estar a derecho.

Era cuestión de tiempo. Antes, el Tribunal había emprendido igual acción para que el exgobernador Bautista Mendioroz y los expresidentes de bloques devolvieran el dinero no rendido que habían recibido hasta noviembre del 2011.

El gobernador promete priorizar la gestión. Pero el eje sigue siendo el dinero que los políticos se asignan y cobran.

• El Tribunal de Cuentas les pide a exvicegobernadores y legisladores que devuelvan el dinero que percibieron en concepto de gastos reservados. Se basa en que los artículos 47 y 54 de la Constitución provincial dicen que todo dinero público debe ser rendido y su uso dado a publicidad y que los agentes públicos son personalmente responsables de los daños causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones.

Las objeciones llegan hasta abril del 2014, ya que en mayo Ariel Rivero, expresidente de la Legislatura, legalizó el pago de los gastos en el recibo de sueldo.

• Como revancha, el Ejecutivo crea las condiciones políticas y fácticas y un legislador promueve el juicio político a dos vocales del Tribunal de Cuentas reprochándoles que dejaron de percibir un plus por antigüedad y se fijaron otro por incumbencia funcional.

Quien solicitó el juicio político a Juan Huentelaf y Erika Acosta es Daniel Cortés. Pero nadie duda de que responde a una voluntad explícita del gobernador.

Cortés es uno de los denunciados por cobrar gastos reservados durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2011. Nada le impide ser denunciado y denunciante a la vez.

Distinta es la situación de los legisladores que integran las comisiones y salas Acusadora y Juzgadora y que también fueron imputados por el Tribunal de Cuentas, como Adrián Casadei, Bautista Mendioroz, Claudio Lueiro y Facundo López.

Ellos no pueden actuar como fiscales o jueces de quienes los acusan. Sin embargo, no parece que vayan a excusarse.

Al contrario, la Comisión Acusadora mostró una inusual agilidad -en una Legislatura que apenas ha sesionado en el año- y dio rápido trámite a la denuncia.

Primera conclusión: no hay garantías de debido proceso a Acosta y Huentelaf.

Segundo punto: ¿qué se le objeta al Tribunal de Cuentas? Mal desempeño de funciones e incumplimiento de sus deberes legales al momento de establecer y liquidar sus haberes mensuales.

El enfoque es errado. Nadie reprocha que hayan controlado mal ni que incumplieran los deberes que les asigna el capítulo II de la ley 2747. En todo caso, se trataría de un abuso de autoridad.

Pero ¿cuánto tiene que cobrar un integrante del Tribunal de Cuentas?

La Constitución no lo dice. Sólo prevé que los requisitos para integrar el Tribunal son los mismos que para ser legislador, además de exigir un título de abogado o graduado en ciencias económicas y diez años de ejercicio profesional. Por esa dualidad no equipara las exigencias y derechos con los de un miembro del Superior Tribunal de Justicia, como sí lo hace para el fiscal de Investigaciones Administrativas e incluso para el fiscal de Estado, órgano de control interno del Ejecutivo.

El propio Weretilneck envió en el 2012 un proyecto de ley que proponía fijarles como remuneración el 70% de los haberes brutos de un vocal del STJ.

Esa norma no fue aprobada y el gobernador promovió luego otra para reducir los salarios de los órganos de control.

Lo que Cortés denuncia ahora está referido a períodos anteriores a esa ley.

Pero hay otras dos cuestiones.

La primera es que la comisión legislativa que supervisa al Tribunal de Cuentas aprobó sus gastos hasta marzo del 2012. ¿Cómo juzgar a sus integrantes ahora por hechos anteriores?

La otra es que la ley 2747 prevé que un miembro del Tribunal debe cobrar como un legislador. Pero ¿según recibo o en la realidad?

Desde la época en que Pedro Casariego presidía el Tribunal, los adicionales buscaban compensar las sumas en puntos o gastos reservados que los legisladores se habían autoasignado sin amparo en ninguna norma y que no tenían obligación de rendir. Para ello se usaba dinero de varias partidas: gastos, combustible, muebles y útiles…

Aún más desprolijo que los sobresueldos pagados en el Poder Ejecutivo, cuya investigación penal mantiene hoy procesados a exministros y exfuncionarios de la gestión del radical Miguel Saiz.

En su denuncia, Cortés acusa a Acosta y a Huentelaf de violar la ley 2448, que en su artículo 20 (y no en el 1, como dice) deroga toda norma que vincule remuneraciones de funcionarios, magistrados o empleados con otras y otorga a las cabezas de poder facultades para determinar la política salarial.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde aquella ley de Emergencia Previsional y Salarial dictada en 1991. Ejemplo: los jueces rionegrinos cobran «enganchados» con la Justicia nacional.

Otra cuestión: ¿cobra más el Tribunal de Cuentas ahora que antes? No. Esto complica la posición de los radicales. ¿Cómo podrá Mendioroz objetar que cobren menos que lo que percibían los miembros del Tribunal cuando él era vicegobernador?

También la posición de los albertistas es frágil: la cipoleña Dolores Cardell percibiría bastante más que Erika Acosta y que Juan Huentelaf. Aun así, el pedido de juicio político no la incluye.

Cardell, para continuar la paradoja, ha firmado «en abstención» la promoción del juicio de cuentas a Weretilneck y a los legisladores. Pero sí firmó el iniciado contra el extitular del Ente Regulador de Energía, Rodolfo Romero, por haberse asignado y cobrado gastos de representación.

En definitiva: ¿qué quiere Weretilneck? Órganos de control que le brinden «acompañamiento político». Equivale a silencio y obediencia.

Eso explica por qué no les molestan los adicionales que se fijó el fiscal de Investigaciones Administrativas y sí los del Tribunal.

Tal vez espera que -si consigue que la Sala Acusadora suspenda unos meses a Acosta y a Huentelaf- el ubicuo Marcelo Ponzone o algún otro subrogante en el Tribunal acceda a archivar los juicios de cuentas que tanto le molestan.

Las conclusiones del Tribunal fueron giradas a un fiscal penal. Curiosamente, el oficialismo parece temer menos a la Justicia que al caso administrativo. ¿Será porque éste implica devolver dinero?

Mientras tanto, los rionegrinos miran desde lejos. Muy lejos de todo este lío.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar