Donde manda el dólar blue





Era de prever que la batalla cultural que están librando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros del gobierno nacional contra la propensión generalizada a hacer del dólar estadounidense la moneda de referencia tendría resultados muy distintos de los esperados. Todas las campañas en tal sentido han resultado ser contraproducentes y no existen razones para suponer que en esta ocasión el desenlace sea distinto. Lejos de estimular la confianza en el peso nacional, el cepo cambiario que ha aplicado el gobierno sólo ha servido para desprestigiarlo aún más. Si por algún motivo el gobierno optara por abandonar los severos controles que tantos problemas están causando, el país no tardaría en quedarse sin reservas porque virtualmente todos aquellos que están en condiciones de hacerlo comprarían dólares a la tasa oficial. Al informar a la ciudadanía que el peso es tan débil que, para conservar su valor, necesita ser defendido por un conjunto de medidas policiales, el gobierno se las arregló para que el dólar informal, el blue, se separara del oficial para alejarse cada vez más. La semana pasada, la brecha entre los dos llegó a superar el 50%. Puede que el gobierno, que aún cuenta con muchos recursos financieros, logre impedir que el blue siga distanciándose del dólar oficial, pero ya no le será dado convencer a los agentes económicos de que la tasa de cambio fijada por el Banco Central es la única que realmente importa. Por el contrario, cuanto más se esfuerce por obligar a la gente a limitarse al mercado oficial que, de todos modos, se ha vuelto inaccesible para el ciudadano común, más fuerte será la tendencia a procurar burlar los controles. Como siempre sucede cuando surge un mercado cambiario “paralelo”, la mayoría de los empresarios da por descontado que la tasa informal es la auténtica, lo que, como es lógico, incide en sus decisiones. El aumento del valor del dólar blue ya ha contribuido mucho a estimular la inflación porque los comerciantes que piensan en dólares se han acostumbrado a remarcar automáticamente los precios en pesos de los bienes y servicios que venden. Por lo demás, una consecuencia inevitable de la campaña pesificadora emprendida por el gobierno ha sido la expansión de la parte negra de la economía en desmedro de la legalmente registrada. Según se informa, algunos exportadores han comenzado a reincidir en la subfacturación, una práctica tradicional en nuestro país, mientras que otros, como ciertos productores de soja, han optado por demorar las ventas con la esperanza de que el gobierno pronto se vea constreñido a devaluar el peso. En vista de la diferencia ya enorme entre el tipo de cambio oficial y el informal, están en juego miles de millones de dólares, de suerte que no extraña que haya exportadores que prefieran esperar algunas semanas o meses antes de decidirse. Aun cuando el gobierno resulte capaz de impedir que se cometan muchas infracciones, las medidas tomadas con dicha finalidad no pueden sino tener un impacto negativo en la actividad económica. Asimismo, el que, de acuerdo común, la Argentina sea uno de los países más corruptos del planeta, ha brindado a los tentados a infringir las reglas un pretexto a su juicio legítimo para hacerlo, ya que desde su punto de vista no tienen más opción que la de tomar en cuenta la venalidad de tantos funcionarios y sus jefes políticos. Como todos los gobiernos de ideología populista, el de Cristina se afirma resuelto a luchar contra la especulación financiera, pero ha manejado la economía nacional de tal manera que el sector financiero formal ha resultado ser mucho más lucrativo que los vinculados con actividades productivas que los kirchneristas dicen querer ayudar y, para más señas, una proporción cada vez mayor de los habitantes del país se siente forzada por las circunstancias a tratar de defenderse contra la inflación consiguiendo dólares en el mercado negro o, en muchos casos, endeudándose a tasas usureras. La inflación corrompe al brindar a los inescrupulosos oportunidades para aprovechar en beneficio propio las dificultades económicas ajenas y al obligar a aquellos gobiernos que se resisten a combatirla con un ajuste formal a intentar atenuar los efectos multiplicando los controles, como ya ha ocurrido.


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