Dos audiencias en Viedma por golpes a una beba y la muerte de un niño

Se realizaron dos audiencias en las que los protagonistas fueron una beba y un nene de dos añitos.

En este último caso se trató de una audiencia de control de acusación -previa al juicio- en una vieja causa en la que se encuentra imputada Nélida Porcel de atentar contra la vida de su pequeño hijo Diego Benjamín.

Según detalló la fiscal Paula Rodríguez Frandsen en la audiencia, donde fueron acordados los testigos que serán citados para el juicio, el niño murió en la sala de pediatría del hospital Zatti mientras su madre lo bañaba. El hecho ocurrió el 16 de julio de 2013, investigación que avanzó a partir de la asunción de la fiscal, razón por la cual recién llega la instancia de juicio.

El niño había nacido con una patología que le provocaba frecuentes convulsiones, generando ello su traslado de Valcheta al hospital de Viedma. Mientras su mamá de 21 años lo bañaba aquel día habría salido del baño con su niño en brazos pidiendo ayuda por una nueva convulsión que lo afectaba a tal punto que le costó la vida.

En un principio se habría adjudicado a esa situación el deceso del niño pero la autopsia habría revelado que la criatura murió por asfixia al ser detectada agua en los pulmones.

Frente a este informe pericial la fiscal Rodríguez Frandsen inició la investigación y le imputó a la mujer haber realizado maniobras mientras bañaba a su hijo provocándole la muerte.

Ahora un Tribunal de Juicio será el encargado de resolver esta causa en la que la mujer se encuentra en libertad,

También se realizó otra audiencia que tuvo como protagonista a una beba recién nacida, cuyo papá está detenido por haberle asestado golpes de puño y provocado lesiones graves. La criatura estuvo internada y ahora recuperada de las lesiones.

En este caso se fundamentó un recurso de queja ante el Tribunal de Impugnación contra el fallo dictado por el juez Guillermo Bustamante que anuló el acuerdo al que se arribó en el marco de un juicio abreviado, en el que las partes acordaron una pena para el imputado de tres años y tres meses de prisión.

Tanto la defensora oficial, Margarita Carriqueo, como el fiscal Juan Pedro Puntel coincidieron en que el fallo que nulificó el acuerdo es arbitrario, afecta el debido proceso legal y derechos consitucionales, entre otros cuestionamientos.