Dos familias deben desalojar sus casas por las obras de la 22

Desde hace semanas que no pueden conciliar el sueño porque cuando intentan descansar, imaginan que una máquina topadora avanza sobre sus casas y quedan con lo puesto, en la calle. Vecinos de Tres Luces que viven a la vera de la Ruta 22, deben desalojar sus viviendas porque interfieren el paso de la nueva autopista pero no tienen a dónde ir y anticipan que se resistirán.

La angustia es el único estado que se respira en la mesa de los Burgos. Desde que la Justicia Federal ordenó el desalojo de dos viviendas, Adriana y Beatriz no encuentran consuelo y la desesperación se les hace carne con el paso de las horas. Ambas son madre e hija y hace 40 años habitan una de las casas de Tres Luces que, según resolvió el juez Greca, deben derribarse para que avance la construcción de la autopista.

Adriana Burgos asegura que la situación que atraviesa es un “trauma total porque hemos agotado todos los medios y no hemos tenido ninguna respuesta. Estamos con muchos nervios y esperando ver qué pasa porque sinceramente nosotros quedamos sin nada. Hoy por hoy no tengo cómo hacerme una casa”. Tanto Adriana como su madre, Beatriz, se ganan la vida como empleadas domésticas, pero no tienen empleo fijo. Si se quedan sin su casa que construyeron con mucho sacrificio, no podrían volver a levantar las paredes de un hogar. “Quedarte en la nada es traumático y más para un chico como mi hijo, cómo le haces entender que te tenés que ir de brazos cruzados sin saber a dónde”, agregó.

La familia de la exconcejal Valeria Fernández, es otra de las afectadas por la medida de la Justicia Federal. Mientras junto a su marido desarma la estructura de lo que fue una gomería, cuenta todo lo que padecieron con los Burgos desde que un abogado de Vialidad Nacional los visitó para “buscarle una salida beneficiosa” al conflicto.

Primero el profesional les ofreció una compensación económica más materiales para que se puedan construir sus casas en otro lugar. En ese contexto, accedieron a la negociación y al poco tiempo, en el 2012, les llegó una notificación que los ponía en medio de un juicio. Como el abogado les dijo que esa acción era parte de la formalidad del proceso y que no perjudicaría el acuerdo al que se intentaba llegar, las familias se allanaron a la demanda.

“Pasó el tiempo y no podíamos firmar por una cosa o por la otra. Siempre había un pero hasta que nos llegaron a hacer una oferta económica, más los materiales. Pero el abogado se presentó este año y dijo que con el cambio de gobierno ya no lo autorizaban a cerrar los acuerdos y que por lo tanto no había nada, ni tasación ni materiales. Que él le pedía al juez que nos saque del lugar”, relató Fernández. “Nosotros nos allanamos a la demanda y dijimos que entendíamos que esto era de Vialidad, entonces el juez terminó definiendo que nos vayamos”, se lamentó, al repasar el manoseo que atravesaron.

Fernández insistió en que nadie llega a vivir a un costado de una ruta porque quiere, si es que tiene posibilidades de habitar un lugar mejor ubicado y más cómodo. En su caso y en el de la familia Burgos, lo hicieron porque el trabajo estaba en las chacras, a pocos metros de ese lugar. Y jamás imaginaron que la traza de una nueva autopista los iba a pasar por encima. En ambas viviendas hay alumbrado público y pilares de los servicios básicos. Sin embargo –insisten– existe un desconocimiento de la historia de los vecinos en ese sector y pese a que se cansaron de golpear muchas puertas buscando una solución, no la encontraron.

Recientemente se reunieron con el intendente, Aníbal Tortoriello, para ponerlo al tanto de la situación, todavía no saben si las gestiones serán positivas. En ese encuentro el municipio se comprometió a gestionar con Desarrollo Social de Nación una ayuda económica para poder construir nuevas viviendas en dos terrenos que ofreció la comuna. Hace un tiempo la provincia, a través del IPPV, les propuso hacer las casas aunque ellos las tenían que pagar.

Adriana y Beatriz aseguran que, si se quedaran sin casa
–que construyeron con sacrificio–, no podrían volver a levantar las paredes de otro hogar.

“Me siento desamparada, por la Justicia y el gobierno. Estoy de acuerdo con la ampliación de la ruta, pero no con que yo tenga que empezar de nuevo”.

Adriana Burgos.

“Nos condenaron a pagar $ 60.000 al abogado de Vialidad Nacional, que fue el que nos había prometido una solución”.

Valeria Fernández.