Conflicto en el IFD de Regina: cuatro docentes fueron apartadas y hay cinco sumarios en marcha

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Río Negro inició cinco sumarios administrativos vinculados con el funcionamiento del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Regina. En ese marco, cuatro docentes que integraban el Consejo Directivo fueron apartadas preventivamente de sus cargos, mientras que un quinto integrante quedó alcanzado por la investigación sin ser separado de sus funciones.

La medida generó cuestionamientos de la Asamblea Interclaustros del instituto, que reclama la reincorporación de las docentes y sostiene que las actuaciones están relacionadas con decisiones adoptadas por el Consejo Directivo en torno a la aplicación de la Resolución 439/26. Desde el Gobierno provincial, en cambio, afirman que los expedientes buscan determinar si existieron incumplimientos administrativos que afectaron el normal funcionamiento del instituto.

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Qué investiga el Consejo Provincial de Educación de Río Negro

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En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la vocal gubernamental del CPE, Romina Procopio, explicó que los expedientes fueron impulsados por la Junta de Disciplina Docente a partir de actuaciones remitidas por la Dirección de Educación Superior. «No tiene que ver con una decisión del Gobierno provincial sino con un sistema disciplinario que ya existe dentro del Ministerio de Educación», aseguró la funcionaria.

Según Procopio, la investigación procura establecer si el Consejo Directivo incumplió procedimientos vinculados con la cobertura de cargos docentes. En ese sentido, sostuvo que «se habrían omitido realizar designaciones que fueron concursadas con orden de mérito» y que tampoco «se habrían iniciado nuevos concursos», lo que, según indicó, habría derivado en que estudiantes «no hubieran tenido clases normalmente» durante un período.

Procopio remarcó que el apartamiento de las docentes no constituye una sanción. «No hay una sanción. Esto es una investigación», afirmó, y agregó que la separación preventiva se dispuso para permitir el desarrollo del proceso administrativo. También señaló que la investigación «no puede simplificarse a una normativa o una resolución», sino que comprende distintos hechos relacionados con el funcionamiento del instituto.

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Cómo comenzó el conflicto, según la Asamblea Interclaustros del IFD

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Por otro lado, Laura Valdez, docente del IFDC e integrante de la Asamblea Interclaustros, sostuvo que el conflicto comenzó en febrero con la Resolución 439/26 de la Dirección de Educación Superior (DES). Afirmó que fue dictada «de una manera completamente autónoma», sin consulta con los institutos ni los gremios, y que limitó a 30 horas la compatibilidad docente. «La mayoría de nosotros trabaja entre 36 y 45 horas. Al ponernos este límite de 30 horas tendríamos que buscar trabajo en otros niveles», cuestionó.

Según Valdez, el primer impacto se produjo cuando el instituto concursó dos cargos de 12 horas. Las docentes que obtuvieron el primer lugar en el orden de mérito ya tenían 20 horas y, al asumir esos cargos, llegarían a 32, dos por encima del máximo permitido. Relató que el director planteó designar a quienes habían quedado segundas en el concurso, una alternativa que, a su entender, generaba «un enorme desbarajuste» porque dejaba sin efecto el resultado del orden de mérito.

La docente explicó que la situación fue debatida en una asamblea de los distintos claustros del IFD, donde se resolvió pedir a las consejeras que no designaran a las segundas en el orden de mérito y elevar una nota a la DES para abrir una instancia de diálogo. Según afirmó, la comunidad educativa consideraba que la reglamentación era «injusta, ilegítima y roza lo ilegal» porque, a su entender, contradice disposiciones del Reglamento Orgánico Marco de los institutos. «Las cuatro consejeras sostienen esto por mandato de las compañeras y los compañeros del instituto», remarcó.

Siempre según la docente, el director avanzó igualmente con las designaciones «de manera unilateral» y dejó de convocar al Consejo Directivo. En una reunión posterior, las consejeras pidieron explicaciones «sobre qué reglamentación» se habían realizado esas designaciones, ya que, según Valdez, el reglamento establece que esas decisiones corresponden al órgano colegiado, sin embargo, no obtuvieron respuestas.

Valdez indicó que, al regresar del receso invernal, las cuatro consejeras fueron convocadas al Consejo Escolar de Regina, donde se les notificó el inicio de los sumarios y el apartamiento preventivo. Cuestionó especialmente esa medida al sostener que «esta es una cuestión administrativa, no una cuestión pedagógica», y que «no podés apartarlas preventivamente del cargo como si ellas, yendo al instituto a dar clases, pusieran en peligro algo», afirmó.

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El funcionamiento del Consejo Directivo

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Procopio sostuvo que el órgano continúa vigente y que, al no reunir actualmente el quórum necesario, sus actuaciones se realizan ad referéndum de la Dirección de Educación Superior hasta que finalice la investigación. También indicó que ya comenzaron reuniones con estudiantes y docentes para garantizar el funcionamiento del instituto.

Valdez dio una versión diferente. Señaló que, en una reunión realizada tras el receso invernal, las autoridades informaron que «el Consejo quedaba disuelto y que las decisiones las iba a tomar la Dirección de Nivel», sostuvo. A su entender, eso implicó que las funciones que hasta ahora ejercía el órgano colegiado pasaran a depender directamente de las autoridades educativas provinciales.

Mientras avanza el proceso administrativo, la Asamblea Interclaustros mantiene una asamblea permanente. Según Valdez, estudiantes de los profesorados comenzaron a organizarse y presentaron una nota para solicitar la reincorporación de las docentes apartadas. «Hay un movimiento estudiantil muy grande», aseguró al describir las acciones que se llevan adelante dentro de la institución.