Dudas en la concesión del cerro Catedral

El debate en el Concejo sobre el proyecto para extender la concesión de la empresa Capsa en el cerro Catedral navega entre la convicción del oficialismo sobre las mejoras que el contrato trae respecto del escenario anterior y las fuertes críticas del FpV, relacionados en especial con los alcances económicos del acuerdo.

El análisis comenzó esta semana con dos reuniones plenarias de las comisiones de Economía, Turismo y Gobierno y Legales, en las que los representantes de Capsa expusieron su plan de inversiones, que incluye compromisos por 22 millones de dólares, y también el desarrollo urbanístico propuesto.

Los concejales esperan todavía el dictamen legal que debe elaborar la asesora letrada del cuerpo, Julieta Rocha, y que estaría listo el miércoles. La próxima reunión de comisiones fue programada para el jueves, con la citación a los técnicos del ente regulador del cerro Catedral (Eamcec). El viernes continuarán con los aspectos económicos.

El presidente del bloque de Juntos (oficialismo), Andrés Martínez Infante, dijo que no hay obligación de aprobar el acuerdo con Catedral a libro cerrado y que el texto está abierto a recibir modificaciones, “porque ese es el espíritu para todos los proyectos que llegan al Concejo”.

También dio a entender que los plazos se pueden estirar, ya que resultará imposible sancionar la ordenanza antes del 1 de marzo, como establece el acta de intención que el intendente Gennuso firmó con Capsa.

El tratamiento

Martínez Infante subrayó que la iniciativa requiere aprobación “en doble lectura” y también que está previsto llamar a audiencia pública. Dijo que respecto del contrato original de 1992 se reduce de 110 a 70 hectáreas la superficie del desarrollo urbanístico y también que “desaparece la cancha de golf” planificada.

Para el bloque de Juntos, como también lo indicó la concejal Viviana Gelain, es un factor clave la participación del Estado municipal en la renta futura que otorguen los emprendimientos inmobiliarios en Catedral, bajo la figura de un “contrato fiduciario”, que todavía no está formalizado ni forma parte del proyecto en evaluación.

El concejal de Pro, Daniel González, anticipó que definirá su voto con independencia, pero hasta ahora no expresó críticas de peso a la iniciativa.

Según le dijo a “Río Negro”, en comparación con el proyecto anterior de Capsa que fue rechazado el año pasado por el municipio “hubo varios cambios y están muy bien”.

Desde la oposición del FpV, la concejal Ana Marks centró sus cuestionamientos en el monto del canon que pagará Capsa si se extiende la concesión hasta 2056 y que se mantendrá sin cambios respecto del actual contrato: el equivalente a 12.500 pases adultos diarios de esquí por cada año de concesión.

“El monto es irrisorio, y falta un análisis más a fondo sobre la rentabilidad de la empresa”, dijo Marks. Señaló que el canon que Gennuso pretende mantener sin cambios “no llega a impactar en el 1% del presupuesto municipal”.

Marks se quejó de que hasta ahora sólo escucharon exposiciones técnicas “y no hubo espacio para el debate político”.

En una línea parecida, el experto del Conicet y la UNRN Tomás Guevara, realizó su propio análisis sobre la propuesta de Capsa y señaló que en los últimos años tuvo importantes tasas de ganancia y que de ningún modo está demostrado que la inversión en el centro de esquí sólo sea rentable si se le adosa el negocio inmobiliario, como sostuvo siempre la empresa y parece admitir el municipio.

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