Duhalde y Solá coinciden en que faltan cárceles

Duhalde y Sola no encuentran aún respuesta ni recursos para tratar de frenar la ola de inseguridad. El presidente Eduardo Duhalde analizó ayer con el gobernador bonaerense, Felipe Solá, la situación de la seguridad, en particular en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que se avanzó en la posibilidad de construir nuevas cárceles en ese territorio.

Del cónclave que se celebró en la Casa Rosada participaron, además de Duhalde y Solá, el ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Juan José Alvarez, y el titular de la Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero.

«Se trató la marcha de la seguridad, en especial, la reforma de la ley, la reforma del código procesal, además de casos puntuales de los operativos» que las distintas fuerzas están llevando a cabo para combatir el delito, explicó el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.

En ese sentido sostuvo que, además del funcionamiento del Comité de Crisis se analizó la «evolución de la tipología y el nuevo mapa del delito» para «atacar» la inseguridad en el distrito bonaerense.

En tanto, otras fuentes oficiales consultadas por DyN señalaron que «se avanzó en la posibilidad de construir unidades penitenciarias en territorio bonaerense, uno de los distritos que tiene problemas de superpoblación carcelaria».

«La necesidad que tiene el Estado provincial es detener la superpoblación carcelaria y descomprimir la situación de las comisarías bonaerenses, que alojan a unos 6 mil detenidos», completó luego Fernández.

Empero, el Secretario de la Presidencia -en diálogo con los periodistas- aclaró que se está «a la búsqueda de la inversión» que permita la construcción de las nuevas unidades penitenciarias.

De esa manera, se explicó que la construcción des cárceles se sumaría al pedido realizado por Cafiero de trasladar presos de la provincia a las unidades nacionales que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Previamente al encuentro sobre seguridad, se reunieron los funcionarios de Obras Públicas de la Nación con sus pares de la provincia de Buenos Aires, cónclave del que también participaron Duhalde y Solá, además del asesor en la materia, Hugo Toledo.

Al respecto, Fernández sólo se remitió a explicar que la cumbre Duhalde-Solá tuvo «dos temas de monitoreo: la seguridad y la obra pública».

Al ser consultado si el gobierno nacional consideraba que la ola delictiva se había aplacado en los últimos días, Fernández opinó que «se han reducido considerablemente algún tipo de delitos, como los secuestros express y otras modalidades callejeras». En ese contexto, no es la primera vez que se reúnen por el tema de la inseguridad Duhalde y el gobernador Solá.

Precisamente a partir de esos encuentros han surgido iniciativas como la creación del Comité de Crisis, que reúne a los responsables de la seguridad nacional y bonaerense -Alvarez y Cafiero- y la conformación de la comisión que preside le jurista León Arslanián, que tiene por fin elaborar un paquete de leyes tendientes, entre otros puntos, a agravar las penas por secuestro.

Al respecto, fuentes oficiales informaron que Arslanián ya ha acercado a Duhalde algunas propuestas, que han sido «bien recibidas» por el presidente Duhalde.

Controlan seguridad privada

Un total de 39 garitas de seguridad privadas sin habilitación fueron detectadas durante un control a empresas de vigilancia privadas en localidades de la zona norte del conurbano bonaerense, destinado a constatar el cumplimiento de la norma que regula el sector.

Los procedimientos fueron desarrollados a poco de que el ministro de Seguridad bonaerense Juan Pablo Cafiero, reglamentara la ley que regulariza la actividad, después de haber estado «cajoneada» durante tres años.

Según informó el Ministerio, de los 70 mil agentes que trabajan en agencias de seguridad privadas, 35.000, es decir la mitad, lo harían «en negro», sin registrarse y sin cumplimiento de la ley laboral ni de la que reglamenta la actividad.

Desde ayer martes, personal de la Dirección de Agencias de Seguridad provincial recorrió las localidades de Olivos, Carapachay y Vicente López, donde se registraron 700 garitas de seguridad privada.

Piden ayuda a la ONU para evitar torturas

GINEBRA.- Argentina invitó a Theo Van Boven, el Relator de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU contra la tortura a que realice una visita al país para frenar la tortura contra menores a manos de las fuerzas policiales, informó ayer Norberto Liwski, autoridad gubernamental en la materia.

«Repudiamos los actos de violencia en los que se ven involucrados niños y para combatir el flagelo de la tortura hemos invitado a Theo Van Boven a que venga a ver el problema y así discutimos qué medidas hay que tomar», señaló Norberto Liwski, presidente del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina.

Liwski compareció en Ginebra ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU que inicio una de sus deliberaciones anuales el pasado lunes, durante la cual examinó la situación de la Argentina, presentando un informe en el que admitió que «nos encontramos viviendo las horas más difíciles de nuestra historia democrática y queremos reiterar que no aceptamos la impunidad de actos degradantes contra menores».

Para atajar el fenómeno de malos tratos que sufren los niños cuando caen en manos de las fuerzas de seguridad, Liwski anticipó al Comité la puesta en marcha de un plan piloto en ciertos barrios de Buenos Aires, disponiendo que la policía debe comunicar a los fiscales civiles competentes toda detención de un menor inmediatamente después de su arresto.

«Los agentes del orden ahora saben que no pueden actuar solos y que cualquier cosa que hagan será controlada por un miembro del Ministerio Público, a quien se le encomienda tomar contacto rápidamente con el menor que haya sido detenido para así impedir el riesgo de torturas», explicó Liwski.

Por otra parte, Liwski señaló en su informe a este Comité que 7 de cada 10 menores en Argentina viven por debajo de la línea de pobreza y que alrededor de 4 millones de niños no se pueden alimentar en sus casas, dependiendo «de la solidaridad de la sociedad civil». Al respecto subrayó el papel suplementario que están asumiendo los educadores y las escuelas en Argentina, de suplir las carencias de alimentación de los niños en sus hogares, organizando comedores populares para garantizar la subsistencia de una población infantil necesitada

Por su parte, Florencia Salas, del Centro de Estudios Legales y Sociales manifestó que la gravedad del fenómeno de torturas contra menores radica en que los órganos del Estado no investigan, ni condenan a los autores.

«Si los policías o los guardias de los institutos de menores no sienten el miedo de la sanción penal van a seguir cometiendo aberraciones», agregó. (AFP)

Documentación compromete a Ruckauf por desaparecidos

Una periodista alemana entregó ayer a los jueces que sustancian el «Juicio por la Verdad» en La Plata un informe cuya elaboración se adjudicó a la empresa Mercedes Benz -de donde fueron secuestrados 14 operarios durante la dictadura militar-, en el que aparecerían comprometidos el canciller Carlos Ruckauf, ministro de Trabajo durante 1975, y el titular del sindicato mecánico (SMATA), José Rodríguez.

En ese paper la empresa automotriz, aludiendo al conflicto laboral ocurrido en la fábrica en 1975, habría dicho que «quería apoyar el esfuerzo del ministro de Trabajo y de SMATA de eliminar elementos subversivos de las fábricas».

Al ser consultado al respecto por los jueces del tribunal, el sindicalista Rodríguez aseguró que no recordaba si había hecho algún pedido en ese sentido, y reiteró que se enteró de las desapariciones en la década del «80.

El documento que ahora es analizado fue entregado ayer a la Cámara Federal de La Plata por la periodista alemana Gabriela Weber, durante su testimonio ante el tribunal. Es que la periodista pidió declarar especialmente para aportar la documentación que había recolectado durante años en el marco de la investigación que realizó sobre las desapariciones ocurridas en la empresa alemana Mercedes Benz.

Entre los documentos entregados, figura una carta que el presidente de la Mercedes Benz en Sttugart, Hanss-Martin Schleyer, envió al presidente de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), Eugen Loderer, el 19 de mayo de 1976, informó la APDH de La Plata.

Y junto a ella aparece un informe que la Mercedes habría elaborado sobre el conflicto laboral de octubre de 1975 y los 115 despidos que lo sucedieron. En ese informe se habría explicado que «los despidos mencionados eran (un) pedido urgente del entonces ministro de Trabajo (Carlos Ruckauf) y de la dirección de SMATA, que ha pedido más despidos todavía. La actuación de la dirección de la empresa Mercedes Benz Argentina aclara que quería apoyar el esfuerzo del ministro de Trabajo y SMATA de eliminar elementos subversivos de las fábricas».

Tras ese dato, los organismos de derechos humanos subrayaron que esa carta habría sido escrita dos días después de que Ruckauf firmó el decreto de «aniquilamiento de la subversión», que abrió las puertas a las Fuerzas Armadas para intervenir en la seguridad interior.

Momentos después del testimonio de la periodista, el sindicalista Rodríguez fue llamado al estrado como testigo y el juez Leopoldo Schiffrin le dijo directamente, con el documento en la mano: «Usted en la carta pide que se eliminen elementos subversivos».

«Ha pasado tanto tiempo…hay detalles que no recuerdo», respondió el titular del SMATA, quien así declaró por segunda vez como testigo en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición de 14 obreros de la planta que la automotriz Mercedes Benz tiene en Cañuelas. (Télam)