Economía explosiva
El año pasado, en Harvard, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó a los estudiantes que asistían a su clase magistral que, si la tasa de inflación realmente fuera del 25% anual, el país estallaría. Hace una semana, la mandataria aprovechó la oportunidad que le había brindado el traspaso del subte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para criticar al jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, por querer aumentar el precio del boleto, afirmando que, “si fuéramos a cobrar lo que cada servicio vale, la economía estallaría”. Pues bien: la tasa de inflación saltó hace tiempo por encima de “la barrera” del 25% anual y está preparándose para superar obstáculos simbólicos mucho más altos, pero el país, acostumbrado como está a la inestabilidad financiera, no ha estallado aún. Asimismo, mal que le pese a la presidenta, la ciudadanía en su conjunto tiene que pagar los costos, que se han visto abultados por la corrupción y la ineficacia, de todos los servicios públicos. Es verdad que muchos usuarios del subte porteño y de los servicios ferroviarios necesitan que sean subsidiados porque de lo contrario no podrían viajar, pero la distorsión así supuesta, que tal vez resulte insostenible, tiene más que ver con la política social del gobierno que con la economía propiamente dicha. Por lo demás, los sindicatos, tanto los oficialistas representados por el metalúrgico Antonio Caló como los opositores encabezados por el camionero Hugo Moyano, están reclamando aumentos superiores, aunque fuera por muy poco, a la inflación prevista por todos salvo los responsables de los números difundidos por el Indec. Minimizar la gravedad de la inflación, tratándola como una consecuencia de nada más que las actitudes poco solidarias de dirigentes políticos “de derecha”, no contribuye a frenarla. Antes bien, sólo sirve para permitirle cobrar cada vez más fuerza. A juzgar por sus alusiones al riesgo de que todo estalle, la presidenta es consciente de que en cualquier momento el “modelo” que reivindica con tanta pasión podría caerse en pedazos, pero por motivos comprensibles es reacia a exteriorizar sus temores en tal sentido, de ahí el intento de culpar a personas como Macri, que quisieran que las tarifas de los servicios públicos guardaran cierta relación con los costos, por la inflación. Pero no sólo se trata de Macri sino también de virtualmente todos los gobernadores e intendentes que, según Cristina, no saben administrar, además de los sindicalistas, los banqueros, los empresarios y los especuladores financieros que se niegan a respetar la lógica de un “modelo” voluntarista que a esta altura nadie entiende muy bien. Aunque a menudo los planteos de quienes insisten en que la inflación se debe a la codicia de comerciantes o de políticos determinados han merecido la aprobación de amplios sectores, las medidas basadas en dicha tesis siempre han resultado contraproducentes. De todos modos, parecería que en la Argentina hay dos economías distintas: una, la auténtica, en que los gobernadores provinciales y los intendentes municipales están llevando a cabo un ajuste que impresionaría a los paladines europeos de la austeridad fiscal; otra, la de Cristina y sus fieles, en que no habría problemas graves si no fuera por la impericia ajena. En la segunda mitad del año pasado muchos economistas y empresarios suponían que la recesión que se iniciaba sería breve porque la economía brasileña no tardaría en recuperarse y las exportaciones de soja nos asegurarían ingresos de 30.000 millones de dólares, pero desde entonces se ha difundido un clima más pesimista, ya que el esperado repunte del Brasil aún no se ha producido y no hay garantía de que la soja siga cotizando por encima de 520 dólares la tonelada. Asimismo, aun cuando se verifiquen los pronósticos acerca de la evolución del frente externo, la puja salarial, la propensión –en un año electoral– del gobierno a gastar más sin preocuparse por las molestas dificultades fiscales y la sensación generalizada de que el país ya ha entrado en un nuevo ciclo político hacen sospechar que en los meses próximos las dificultades seguirán multiplicándose y que, por lo tanto, la presidenta continuará criticando con su vehemencia habitual a quienes a su juicio no comulgan con sus propias ideas, de tal modo intensificando el malestar que tantos sienten.
El año pasado, en Harvard, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó a los estudiantes que asistían a su clase magistral que, si la tasa de inflación realmente fuera del 25% anual, el país estallaría. Hace una semana, la mandataria aprovechó la oportunidad que le había brindado el traspaso del subte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para criticar al jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, por querer aumentar el precio del boleto, afirmando que, “si fuéramos a cobrar lo que cada servicio vale, la economía estallaría”. Pues bien: la tasa de inflación saltó hace tiempo por encima de “la barrera” del 25% anual y está preparándose para superar obstáculos simbólicos mucho más altos, pero el país, acostumbrado como está a la inestabilidad financiera, no ha estallado aún. Asimismo, mal que le pese a la presidenta, la ciudadanía en su conjunto tiene que pagar los costos, que se han visto abultados por la corrupción y la ineficacia, de todos los servicios públicos. Es verdad que muchos usuarios del subte porteño y de los servicios ferroviarios necesitan que sean subsidiados porque de lo contrario no podrían viajar, pero la distorsión así supuesta, que tal vez resulte insostenible, tiene más que ver con la política social del gobierno que con la economía propiamente dicha. Por lo demás, los sindicatos, tanto los oficialistas representados por el metalúrgico Antonio Caló como los opositores encabezados por el camionero Hugo Moyano, están reclamando aumentos superiores, aunque fuera por muy poco, a la inflación prevista por todos salvo los responsables de los números difundidos por el Indec. Minimizar la gravedad de la inflación, tratándola como una consecuencia de nada más que las actitudes poco solidarias de dirigentes políticos “de derecha”, no contribuye a frenarla. Antes bien, sólo sirve para permitirle cobrar cada vez más fuerza. A juzgar por sus alusiones al riesgo de que todo estalle, la presidenta es consciente de que en cualquier momento el “modelo” que reivindica con tanta pasión podría caerse en pedazos, pero por motivos comprensibles es reacia a exteriorizar sus temores en tal sentido, de ahí el intento de culpar a personas como Macri, que quisieran que las tarifas de los servicios públicos guardaran cierta relación con los costos, por la inflación. Pero no sólo se trata de Macri sino también de virtualmente todos los gobernadores e intendentes que, según Cristina, no saben administrar, además de los sindicalistas, los banqueros, los empresarios y los especuladores financieros que se niegan a respetar la lógica de un “modelo” voluntarista que a esta altura nadie entiende muy bien. Aunque a menudo los planteos de quienes insisten en que la inflación se debe a la codicia de comerciantes o de políticos determinados han merecido la aprobación de amplios sectores, las medidas basadas en dicha tesis siempre han resultado contraproducentes. De todos modos, parecería que en la Argentina hay dos economías distintas: una, la auténtica, en que los gobernadores provinciales y los intendentes municipales están llevando a cabo un ajuste que impresionaría a los paladines europeos de la austeridad fiscal; otra, la de Cristina y sus fieles, en que no habría problemas graves si no fuera por la impericia ajena. En la segunda mitad del año pasado muchos economistas y empresarios suponían que la recesión que se iniciaba sería breve porque la economía brasileña no tardaría en recuperarse y las exportaciones de soja nos asegurarían ingresos de 30.000 millones de dólares, pero desde entonces se ha difundido un clima más pesimista, ya que el esperado repunte del Brasil aún no se ha producido y no hay garantía de que la soja siga cotizando por encima de 520 dólares la tonelada. Asimismo, aun cuando se verifiquen los pronósticos acerca de la evolución del frente externo, la puja salarial, la propensión –en un año electoral– del gobierno a gastar más sin preocuparse por las molestas dificultades fiscales y la sensación generalizada de que el país ya ha entrado en un nuevo ciclo político hacen sospechar que en los meses próximos las dificultades seguirán multiplicándose y que, por lo tanto, la presidenta continuará criticando con su vehemencia habitual a quienes a su juicio no comulgan con sus propias ideas, de tal modo intensificando el malestar que tantos sienten.
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