Acuerdo con el FMI: más deuda de espalda al Congreso
El presidente Javier Milei decidió autorizarse a sí mismo sin acuerdo del Congreso, a realizar un nuevo acuerdo del que no existen detalles respecto a montos, tasas, plazos ni condicionalidades. La única certeza, es un nuevo incremento de la deuda bruta y de su incidencia relativa sobre el producto.
“Seamos francos, si nosotros mandamos esto a las dos cámaras, donde sabemos que en el Senado hay mayoría kirchnerista, y que el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, por definición esto se va a demorar y mucho, y no es un tema que se puede demorar y mucho”.
Sin tapujos y con un sincericidio. La explicación pertenece al ministro de economía Luis Caputo, en referencia a la decisión del gobierno nacional de avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 179/25) y sin acuerdo del Congreso de la Nación.
El conductor de la política económica admite abiertamente que ante la imposibilidad de conseguir el acuerdo político mayoritario en el Congreso tal como establece la legislación argentina, la gestión Milei decidió dar un paso más en su deriva autocrática, y al igual que con la designación de los jueces de la Corte Suprema, avanzar por decreto.
El sincericidio sin embargo, radica en el sentido de urgencia. El gobierno está apurado, no tiene margen para esperar los tiempos legislativos.
Minutos antes en su diálogo con Horacio Cabak en LN+, Caputo había destacado la performance fiscal del primer año de Javier Milei y afirmado que nunca en los últimos 120 años de historia argentina hubo un gobierno que haya tenido un desempeño semejante. Admitió también que el Banco Central compró más de u$s 20.000 millones a lo largo de 2024, y que pese a ello no logró acumular reservas.
Lo que el Fondo solicita no es una devaluación, sino el levantamiento del cepo cambiario. Lo cierto es que si se levanta el cepo cambiario, muy probablemente haya una devaluación. Y que el Poder Ejecutivo acaba de autorizarse a sí mismo a firmar algo que hasta el momento nadie conoce con exactitud.
La re pregunta que el periodista no hizo fue ¿en dónde radica semejante urgencia por correr al Fondo si la performance del programa económico es tan ejemplar? Es quizá el mismo interrogante que puedan tener en el Board del organismo, que debe aceptar el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) que ya estaría abrochado entre el gobierno argentino y el staff técnico del Fondo.
Dos días después y con el DNU 179/25 ya promulgado, el ministro ensayó una respuesta en su perfíl de X: “Habiendo terminado en el 2024 con el déficit fiscal y cuasi fiscal heredados, este nuevo Acuerdo permitirá solucionar el problema de los stocks (déficits acumulados del pasado), que derivaron en la apropiación de las reservas del Banco Central vía deuda del Tesoro Nacional”.
Acuerdo con el Fondo: otro “ésta ya la vimos” erróneo.
— totocaputo (@LuisCaputoAR) March 11, 2025
Esta tampoco pudo haberse visto, porque tampoco pasó nunca en nuestra historia.
Como bien marca la tapa de Clarín de hoy, es la primera vez que se hará un acuerdo con el Fondo para reparar el daño que la política le ha… pic.twitter.com/Szf8JEGqDP
La verdadera respuesta no obstante, confluye en un dato que a esta altura resulta un lugar común: el atraso cambiario. “El FMI nunca nos solicitó ni nos exigió una devaluación”, afirmó Caputo en la misma entrevista con Cabak. Nobleza obliga, el ministro está en lo cierto: lo que el Fondo solicita no es una devaluación, sino el levantamiento del cepo cambiario.
Cualquiera con capacidad de interpretar los datos de evolución del tipo de cambio oficial, tasa de interés en pesos y tasa mensual de devaluación (crowling peg), entiende que si se levanta el cepo cambiario (como pide el FMI), muy probablemente haya una devaluación.
Lo cierto es que el Poder Ejecutivo acaba de autorizarse a sí mismo a firmar algo que hasta el momento nadie conoce con exactitud.
La letra chica que no está
Lo único que se sabe con certeza acerca del nuevo acuerdo con el FMI, es el uso que se daría al dinero. Según expresa el Decreto 179/25, los fondos se utilizarán para cancelar «Las letras intransferibles en DÓLARES ESTADOUNIDENSES en poder del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA» y de «Las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los CUATRO (4) años de la suscripción del acuerdo».
No existe detalle alguno acerca de los montos, los plazos para los nuevos vencimientos, o de las tasas de interés involucradas, y mucho menos respecto a las condicionalidades que impondrá el Fondo.
He aquí otro de los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo decide saltearse al Congreso y negociar con el Fondo en las sombras: si el Poder Legislativo debatiera acerca del acuerdo con el Fondo, no tendría elementos concretos sobre los cuales acordar, dado que no existen.
Las versiones que circulan hasta el momento, señalan que el acuerdo sería por u$s 20.000 millones. De ese total, unos u$s 12.000 millones se utilizarían para cancelar los vencimientos vigentes por los próximos cuatro años. Los u$s 8.000 millones restantes configurarían el desembolso inicial.

Si se observa el perfil de vencimientos vigentes en base al EFF que en 2022 rubricara Martín Guzmán con el Fondo, durante la gestión de Alberto Fernández, se advierte que los pagos pendientes ascienden a u$s 2.276 millones en lo que queda de 2025, u$s 4.132 millones más en 2026, y otros u$s 6.325 millones en 2027. La suma de lo que Argentina debe cancelarle al Fondo hasta el final del mandato de Javier Milei, es de u$s 12.733 millones. El monto de los vencimientos es consistentes con las versiones.
En definitiva, lo que puede interpretarse del texto promulgado por el gobierno el lunes, es que el Fondo le facilitará a Javier Milei el dinero suficiente para cancelar los vencimientos con el propio organismo hasta el final de su mandato, y que además accederá a realizar un desembolso de monto aún desconocido que servirá para fortalecer las reservas del Banco Central.
En otras palabras, lo que sí existe, es la certeza de que la deuda externa argentina será todavía más grande a partir de 2025, y que como ha sucedido tantas otras veces en la historia, la gestión Milei apela al FMI para resolver la ecuación financiera de su mandato, pateándole los vencimientos al próximo.
Es un punto no menor, ya que uno de los principales argumentos que esgrime el presidente Javier Milei es que “el acuerdo no incrementa la deuda bruta”. El inverosímil artilugio discursivo al que apelan en el gobierno, es que “solo hay un cambio de acreedor”: el Tesoro dejará de deberle al Banco Central, y pasará a deberle al Fondo.
El detalle que omite contar el gobierno: mientras que la deuda con el FMI es nueva deuda externa, en dólares, y se asume con un organismo internacional compuesto por un club de países que suelen condicionar fuertemente la política interna
El detalle que convenientemente se omite, es que la deuda con el Banco Central es interna, nominada en pesos, e intra sector público, mientras que la deuda con el FMI es nueva deuda externa, en dólares, y se asume con un organismo internacional compuesto por un club de países que suelen condicionar fuertemente la política interna de los países a los que asisten.
En este sentido, es muy importante volver a apreciar la dinámica de la deuda externa durante las últimas dos décadas.
Si lo que se observa es la deuda bruta nominal en dólares, la conclusión es que la misma no ha dejado de crecer en los últimos veinte años. Las acreencias externas ascendían a u$s 154.270 millones a fines de 2005, y según datos oficiales, se elevan hasta los u$s 465.000 millones en enero de 2025.
El dato es que pese al relato oficial de la gestión Milei respecto al desendeudamiento, la propia Secretaría de Finanzas de la Nación señala que desde que Javier Milei es presidente, la deuda pública bruta creció en u$s 97.000 millones.
Pero el indicador más relevante en relación a la deuda, es el ratio Deuda/PBI, entendiendo como tal a la capacidad de un país para afrontar sus compromisos de deuda mediante la producción de bienes y servicios. Al respecto, resulta que el peso de la deuda en relación al producto tuvo un importante descenso entre 2004 y 2011, pasando del 118,1% al 38,9%.

Desde ese entonces, el peso de la deuda no dejó de subir. Era del 52,6% al final de la gestión de Cristina Fernández, llegó al 89,8% al final del gobierno de Mauricio Macri, y tras la devaluación del 118% en diciembre de 2023, alcanzó el 110,5% en la transición entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Javier Milei.
Justo en ese punto radica un elemento importante de cara a lo que puede venir tras el nuevo acuerdo con el FMI.
Dado que el Producto Bruto Interno (PBI) se nomina en pesos, y que para conformar el ratio Deuda/PBI es necesario traducir el PBI a dólares (utilizando la cotización del tipo de cambio oficial), cada vez que existe una devaluación el denominador del ratio Deuda/PBI se achica, y por lo tanto, el peso de la deuda se incrementa en relación al producto.
Es un hecho que los potenciales u$s 8.000 millones que enviaría el Fondo como “fondos frescos”, constituyen un incremento lineal de la deuda externa. A ello hay que agregar que si efectivamente se avanza en la liberación del tipo de cambio, es muy probable que exista una devaluación de magnitud desconocida, y que por lo tanto sea necesario dedicar una porción mayor de los bienes y servicios producidos en el país para atender los servicios de los acreedores externos.
Dicho de otra forma, el gobierno está a punto de repetir el derrotero de la mayoría de sus antecesores: tomar nueva deuda en el exterior para resolver su incapacidad de saldar la ecuación financiera, incrementando el peso relativo del total de la deuda externa de cara al futuro.
“Seamos francos, si nosotros mandamos esto a las dos cámaras, donde sabemos que en el Senado hay mayoría kirchnerista, y que el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, por definición esto se va a demorar y mucho, y no es un tema que se puede demorar y mucho”.
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