El INDEC y las provincias: los frentes que el Gobierno busca estabilizar en febrero

La gestión nacional atraviesa una semana de definiciones clave que impactan tanto en la estructura técnica del Estado como en la relación con las provincias. Tras la imprevista renuncia de Marco Lavagna en el INDEC y la postergación del nuevo índice de inflación, el Ejecutivo busca estabilizar las expectativas de los mercados mientras negocia en el Senado los puntos críticos de su agenda de reformas, con el plano fiscal como principal eje de tensión.

El escenario legislativo y la interna opositora completan un mapa de situación donde la previsibilidad económica y la gobernabilidad federal están bajo análisis. Mientras el oficialismo intenta consolidar sus mayorías en el Congreso antes del 11 de febrero, los gobernadores y las distintas líneas de la oposición definen sus propios armados territoriales, marcando un febrero de alta intensidad en la toma de decisiones.

La transición en el INDEC y la postergación del nuevo IPC

La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC generó un cambio de planes en la política estadística oficial. El alejamiento del economista coincidió con la decisión del Gobierno de suspender la implementación de la nueva metodología para medir la inflación, que otorgaba un mayor peso a los servicios sobre los bienes. La intención de la Casa Rosada es priorizar la estabilidad de las mediciones actuales antes de introducir cambios técnicos que podrían reflejar cifras más elevadas en el corto plazo.

En los círculos financieros internacionales, el movimiento fue interpretado como un giro en la autonomía técnica del organismo. Analistas de Wall Street siguen de cerca la transición, advirtiendo que la transparencia estadística es un activo central para mantener la confianza de los inversores y estabilizar el riesgo país en un año clave para el financiamiento externo.

El debate por Ganancias traba el consenso en el Senado

En el ámbito legislativo, el oficialismo busca asegurar los votos para su paquete de reformas, pero el consenso con las provincias sigue siendo esquivo. El punto de conflicto es la modificación del Impuesto a las Ganancias: la propuesta de reducir alícuotas para sociedades representaría una baja de $144.000 millones mensuales en la masa coparticipable, afectando directamente las arcas provinciales.

A pesar de las gestiones del Ministerio del Interior, varios gobernadores han condicionado su apoyo a una compensación fiscal que equilibre la pérdida de recursos. Hasta el momento, el Ejecutivo mantiene su postura de no realizar cambios estructurales al proyecto original, lo que anticipa una negociación tensa de cara a la sesión prevista para mediados de febrero.

Reconfiguración en la oposición y tensiones provinciales

Dentro de la oposición, el bloque mayoritario enfrenta sus propios desafíos de unidad. El caso de Jujuy, donde la suspensión de la senadora Carolina Moisés dejó expuestas diferencias de criterio en las votaciones, marca un antecedente de fragmentación que es seguido de cerca por el Gobierno para avanzar en su agenda legislativa.

En la provincia de Buenos Aires, el panorama está marcado por la definición de liderazgos en el PJ bonaerense. El gobernador Axel Kicillof debe equilibrar su rol político con una gestión económica compleja, condicionada por un déficit fiscal de $1,5 billones y el retiro de subsidios nacionales. La prioridad de la administración bonaerense hoy se centra en garantizar la cadena de pagos a proveedores y el sostenimiento de servicios básicos.