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Voucher educativo, un pequeño paliativo de coyuntura

El esquema que proponía Milei en campaña pretendía un verdadero cambio de paradigma. Esto es, que el Estado deje de financiar la oferta (escuelas) y vuelque esos fondos sobre la demanda (familias). El anuncio de esta semana en cambio, alcanza apenas a una parte de la clase media, golpeada por el ajuste.

Mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano y a través de la Secretaría de Educación, el gobierno anunció ayer el lanzamiento de los «vouchers educativos para la clase media». La herramienta pretende contener el fuerte impacto que el incremento de precios de la canasta educativa ha tenido sobre el salario.

La comunicación oficial establece que podrán acceder al beneficio los alumnos de «establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario con una subvención del 75% o más y una cuota que no supere los $54.396«.

Además, el esquema plantea que el voucher cubrirá el «el 50% del valor del arancel de jornada simple» y que «tendrá un tope de $27.198 por hijo«. Por último se estipula que podrán acceder quienes tengan un ingreso familiar menor a los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Dado que el monto actual del SMVM es de $202.800, la suma tope de ingreso familiar para acceder al voucher es de $1.419.600.

La estimación oficial es que el esquema podría beneficiar a un universo de dos millones de alumnos distribuidos en 6.000 escuelas a lo largo y ancho del país.
Con la información disponible, vale analizar el impacto de la medida, y su correlación con la propuesta que enarboló el presidente en campaña.


¿Cambio de paradigma?


Fue una de las propuestas célebres de Javier Milei rumbo a la presidencia. Un sistema de «vouchers educativos» que de «libertad» a madres y padres para elegir y acceder al colegio que prefieran para sus hijos.

En efecto, la plataforma electoral de La Libertad Avanza, explicita el punto en detalle. El capítulo «Educación» de la misma propone en el inciso 1) un «Sistema de vouchers cheque educativo» y en el inciso 2) «Descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres, en lugar de dárselo al Ministerio, financiando la demanda».

La propuesta incluida en la base electoral libertaria, era por cierto disruptiva, planteaba un debate válido y atractivo, y suponía (en caso de ser implementada) un verdadero cambio de paradigma en relación al financiamiento del sistema educativo en su conjunto.

La idea que Friedman propuso en los ’80, fue un voucher que deje de financiar a las escuelas (oferta) y subsidie a los estudiantes (demanda). Idealmente, significaría un incentivo a la competencia entre las escuelas por ganar la preferencia de los estudiantes.

Esto es, el Estado quitando el subsidio a la oferta educativa y trasladando ese subsidio a la demanda. En otras palabras, el dinero que el Estado destina a financiar a las escuelas públicas de gestión privada, se vuelca sobre las familias mediante un cheque (voucher), que les da la posibilidad de elegir libremente en cuál establecimiento «invierten» ese cheque a cambio de la educación que consideren más adecuada para sus hijos.

Idealmente, el resultado sería un incentivo a la competencia entre colegios en base a contenidos y calidad académica. Los padres convalidarían vía demanda a aquellos establecimientos que ofrezcan una mejor relación precio calidad, y los recursos del Estado significarían un fomento a la eficiencia vía voucher educativo.

A decir verdad, no se trata de una idea propia de la usina de pensamiento libertario. El primero en proponer e impulsar un esquema semejante en EEUU, fue nada menos que el célebre economista y premio Nobel, Milton Friedman.

«En educación nosotros subsidiamos al productor, subsidiamos a las escuelas. Si subsidias al estudiante en cambio, conseguirás competencia. El estudiante podría escoger a qué escuela prefiere ir, y eso forzaría a las escuelas a mejorar los medios para ser más atractivas para los estudiantes«, dijo Friedman respecto al tema en una conferencia durante los años ’80.

La idea más pura de Friedman solo funciona si se aplica como un sistema de financiamiento «universal» a todas las familias que demandan «servicio educativo», y reciben una suma que les permite verdaderamente elegir sin restricciones el establecimiento educativo de su preferencia.


Apenas un paliativo


Un esquema en el que el Estado subsidia la demanda de forma universal a las familias con un cheque mensual que permita financiar la demanda educativa, resulta inverosímil en términos fiscales en medio del fuerte ajuste del gasto que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

Desarrollo humano. El ministerio que conduce Petovello puso en marcha el voucher educativo.

He aquí una primera controversia: implementar los vouchers en medio de un contexto de racionalidad fiscal y recorte del gasto, resulta contradictorio. En primer lugar porque el sostén de «la oferta» educativa sigue en manos de las provincias. Y segundo, porque el esquema de vouchers anunciado ayer, no supone reducción alguna en el gasto como contrapartida.

Si se toma como base la proyección oficial del alcance (2.409.006 de alumnos según la 61/2024 del Ministerio de Capital Humano) y el monto tope del voucher ($27.198), es posible estimar que el costo fiscal de la medida anunciada asciende a unos $65.520 millones. Sin embargo es una medida que solo atiende a una pequeña porción de la demanda. Un voucher que abarcara a todo el universo de alumnos sería verdaderamente imposible de aplicar fiscalmente.

Pero lo más llamativo, es que si bien el Ministerio de Capital Humano cataloga la medida como «vouchers educativos», estos vouchers distan de ser aquellos que se proponían en la plataforma electoral de La Libertad Avanza.

Con los parámetros dados a conocer por el Ministerio de Capital Humano, la mayoría de los padres que envían sus hijos a establecimientos públicos de gestión privada en la zona, tendrán dificultades para acceder.

Para comprender basta con advertir lo que sucede en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde difícilmente alguno de los colegios públicos de gestión privada que reciben una subvención de al menos el 75%, cuenten con un arancel inferior a los $54.396. Es decir, la mayoría de los padres que envían sus hijos a establecimientos públicos de gestión privada en la zona, tendrán dificultades para acceder.

Algo similar sucede en relación a los ingresos. Si se tiene en cuenta que el salario de un empleado de comercio administrativo categoría E será de $633.000 desde abril, y que el esquema de voucher establece un «ingreso familiar» tope de $1.419.600, una pareja de empleados de comercio queda al borde de no poder acceder al beneficio. Si uno de los integrantes de la familia es empleado petrolero, queda automáticamente afuera por ingresos.

Cuesta creer que sea esta la forma en que se logrará un cambio significativo en la matriz del sistema educativo. Mucho menos que sea este el instrumento para fomentar la «eficiencia» en el servicio educativo, la «competencia» entre las escuelas, o una mejora radical en la infraestructura escolar.

En definitiva, el sistema de voucher educativo que acaba de anunciarse está lejos de convertirse en aquel cambio de paradigma que proponía Milei para el financiamiento del sistema educativo. Se trata más bien de un pequeño paliativo que llegará apenas a una parte de la clase media, que desde hace tres meses es la principal destinataria del ajuste.


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