Economías regionales, la deuda interna
LAURA MONTERO (*)
Los complejos productivos de las economías regionales no han corrido la suerte del complejo sojero; muy por el contrario, el deterioro macroeconómico impulsado por una inflación desatendida ha provocado tensiones entre precios, costos, salarios y tipo de cambio que son insostenibles. Costos crecientes e ingresos decrecientes en términos reales y políticas suicidas en términos de restricciones a las importaciones y exportaciones están llevando al límite a gran parte de las economías regionales, con graves consecuencias sobre el bienestar de sus poblaciones. Desde el comienzo del proceso inflacionario en el 2007 hasta fines del 2011, la inflación creció un 120%, los salarios un 130%, el transporte un 115%, los servicios de frío un 180%, los agroquímicos un 140% y los costos de embalaje, un 125%. En el mismo período el dólar aumentó sólo un 32% y los precios reales pagados a los productores primarios (descontando la inflación) cayeron en un promedio del 30% en el 80% de las actividades agropecuarias de base frutihortícola. Los números, aunque arduos de leer, son más que elocuentes: la rentabilidad es negativa y esto ha impactado en la dinámica económica y comienza a generar problemas en el empleo. Es imprescindible corregir el rumbo de las políticas macroeconómicas y definir un conjunto de acciones que promuevan el desarrollo de las actividades regionales, a las que se ha desatendido desde el gobierno nacional sin entender que éstas son estratégicas para las provincias por ser las principales fuentes de producción, exportación y empleo. Es necesario bajar la inflación sustancialmente para posicionar el tipo de cambio en niveles más competitivos, sin embargo esto no será suficiente si no se aplican políticas concretas en materia tributaria y de fomento a la productividad que estimulen su desarrollo productivo. Es por ello que eliminar los derechos que gravan las exportaciones de estas desatendidas y castigadas economías, agilizar las devoluciones de IVA, crear un régimen tributario especial que fomente la incorporación de capital, empleo e innovación tecnológica; mejorar la oferta de créditos y atender los déficits estructurales de transporte, obras de infraestructura y energéticas resulta imprescindible para dotarlas de competitividad real que les permita sostenerse a largo plazo. El gobierno nacional, encerrado en los números agregados de crecimiento nacional, no quiere ver el problema y por lo tanto mucho menos disponerse a buscar soluciones que posibilitarían al país integrar todos sus circuitos productivos de manera diversificada a fin de lograr una auténtica equidad distributiva territorial. La deuda interna persiste y es imperativo atenderla para que las economías y finanzas provinciales dejen de deteriorarse. Pero, sobre todo, para que ningún argentino vea obstruido el goce de sus más imprescindibles derechos laborales y sociales. (*) Senadora radical por Mendoza y titular de la Comisión de Economía Nacional e Inversión
LAURA MONTERO (*)
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