Asociados o rehenes

Redacción

Por Redacción

El Concejo Deliberante de Neuquén tuvo el jueves una de las actuaciones más vergonzantes de los últimos años. En la última sesión del mandato y casi a espaldas de sus representados aprobó un verdadero engendro que difícilmente resista un filtro judicial, que como ya anticipó la Cámara de Comercio local (ACIPAN) llevará a los tribunales la norma aprobada.

Los concejales del oficialismo y sus aliados, pese a la oposición de los ediles Marcelo Bermúdez, Priscila Ottón, José Benegas y Cecilia Maletti, lograron embutir, a fuerza de una mayoría automática, los desmanejos pasados y presentes de la cooperativa CALF, la recaudación sin destino de un millonario fondo -que manejará discrecionalmente el intendente Mariano Gaido- y la posibilidad de unificar el cobro del servicio de agua y luz en un mismo talón.

El acto público fue tan escandaloso que si no fuese por el requerimiento de los periodistas que aún concurren a cubrir las sesiones en el Deliberante, las cifras aprobadas no tendrían justificación ni cerrarían. Fue tal el trazo grueso y la desprolijidad que debieron hacer malabares argumentativos para que encaje la cuenta que dividió el monto total del pasivo sobre los usuarios de la cooperativa.

Lo que aprobaron, por mayoría, fue que la deuda contraída por CALF ante Cammesa, desde 2016 hasta y hasta ahora, sea pagada por todos los actuales y futuros asociados a la cooperativa eléctrica desde enero próximo y por ocho años. Para que se entienda la aberración jurídica puede decirse que el afiliado que esté próximo a recibir su medidor y nunca tuvo el servicio a su nombre, también pagará las deudas del pasado.

Sin embargo, el principal desaguisado y sobre lo que el intendente Gaido deberá mostrar una prolija trasparencia fue la denominada “ecotasa”. Colgaron a la factura de luz un ítem para un futuro traslado del basurero local, el Complejo Ambiental de Neuquén (CAN). Pero la irregularidad denunciada por el edil Bermúdez es que no existe tal proyecto o diseño del mismo, por lo que el monto calculado no tiene referencia alguna, es decir, se trata de una recaudación compulsiva, sin plazo ni tope.

Además, es dinero que irá a un fondo anticíclico que no tiene restricciones o asignación específica por lo que a futuro, por ejemplo, podría usarse para gastos corrientes.

A simple vista parece una recaudación tributaria duplicada sobre la que la justicia debería expedirse respecto de su constitucionalidad.

El tercer punto incluido, que permite usar la boleta de CALF para cobrar el EPAS, un servicio con muy baja tasa de recobro y que no tiene el gatillo de la electricidad con la quita del medidor, pareció ser la moneda de cambio para cosechar el apoyo del nuevo oficialismo provincial ya que se trató de una norma espejo a la aprobada por la Legislatura entre el EPEN y el EPAS.

¿Es CALF el problema o son sus administraciones? Seguramente la respuesta sea la segunda, pero en realidad para que esté completa hay que señalar que se trata del copamiento y el uso político que se hace de una distribuidora que se defiende como cooperativa y ataca como sociedad anónima.

La alta tasa de cobrabilidad, por la inmediata suspensión del servicio, la convierte en una disputada caja, una de las más importantes de la provincia. La trasparencia nunca estuvo asociada al funcionamiento de una organización que llegó a tener excelentes niveles de servicio y que con el tiempo se fue desdibujando por falta de personal operativo a costo de una administración ampliada, de cuestionable eficacia.

El grueso de la deuda de CALF se generó en la gestión de Carlos Ciapponi, quien se opuso a los tarifazos del macrismo, pero en paralelo pagó menos a Cammesa con la irónica excusa de que la Municipalidad no le aprobaba los aumentos que él no quería aplicar. Luego hubo varios intentos de acuerdo e incluso la cooperativa le hizo un juicio a la comuna -que ahora bajó por la ordenanza-, pero finalmente se acordó una quita y un plan de pago con Nación. Lo curioso fue que en 2021 CALF consiguió la aprobación, para extender la concesión por 20 años, y la deuda ya existía.


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