El futuro de las represas
El cercano fin de las concesiones de las represas hidroeléctricas en nuestra región ha generado una importante incertidumbre, dado que Nación parece avanzar en una decisión unilateral sobre su futuro, dejando en duda la necesaria participación de las provincias de Río Negro y Neuquén, dueñas del recurso hídrico.
En agosto comenzarán a vencer los contratos de operación, mantenimiento y explotación comercial de las represas sobre los ríos Limay y Neuquén, que el Estado nacional entregó en 1993 por 30 años a empresas privadas. Se trata de Alicurá, El Chocón, Arroyito, Planicie Banderita y Piedra del Águila. Desde el año pasado, cuando se conoció la intención del Estado nacional de no renovar concesiones y regresarlas a la órbita pública, tanto Neuquén como Río Negro pidieron intervenir en su manejo, elaborando una propuesta conjunta, que plantea un nuevo esquema normativo y otorga a las provincias un rol protagónico en la gestión, administración y explotación del recurso.
Sin embargo, nada de esto parece haberse tenido en cuenta en Nación, dado que en los últimos días la secretaria de Energía, Flavia Royón, detalló que tras la no renovación de los contratos, Nación se hará cargo de su manejo, probablemente a través de la empresa estatal Enarsa, contratando a las mismas compañías actuales para la operación y mantenimiento, dentro de una “hoja de ruta” que no detalló, y que el rol de las provincias, la Autoridad Interjusdiccional de Cuencas y la distribución de las regalías “se iría viendo” en un proceso diseñado por el ministerio de Economía, que estaría “en unos 15 días”.
Lejos parece haber quedado la “fuerte mirada federal” prometida en las reuniones que sostuvieron las autoridades nacionales, tanto con los gobernadores actuales como con los mandatarios electos en los comicios del 16 de abril.
En el fondo, se trata de una disputa por el manejo y la renta que generan la hidroeléctricas.
Desde Nación se argumenta que las represas son propiedad del Estado central porque fueron construidas durante las décadas de los 60, 70 y 80 con fondos federales y operadas por la exHidronor. Plantean que no se discute la propiedad del recurso natural, el agua, sino su aprovechamiento energético. Que además la generación de energía es de interés nacional, dado su rol estratégico para desarrollo y que debe articularse con otras fuentes en el sistema interconectado nacional. Actualmente la energía de las hidroeléctricas se usa para cubrir los picos diarios de demanda.
Por su parte, las provincias advierten que la reforma constitucional de 1994 transfirió la propiedad de los recursos naturales a las provincias, entre ellos los hídricos. E interpreta en forma amplia esta propiedad, incluyendo a las represas, haciendo un paralelismo con el petróleo y el gas: la propiedad es sobre la totalidad de los yacimientos. Además recuerda que los diques no fueron pensados sólo como generadores de energía sino multipropósito: contención de las crecidas, riego para las actividades económicas como la fruticultura y el abastecimiento de agua potable a las poblaciones locales, que se ven afectadas por su funcionamiento. De hecho, una de las fuentes de conflicto más habitual en los últimos años fue la puja entre la necesidad de mayores erogaciones para generación, que demanda el sistema eléctrico nacional, y la necesidad de cuidar los caudales, dada la crisis hídrica que sufren las cuencas del Limay-Negro y del Río Colorado por la sequía y escasez de nevadas durante los últimos diez años. Otro debate ha sido el pago de regalías, fuente de reclamos administrativos por parte de Neuquén, y la tarifa que deberían pagar los habitantes del Comahue.
Un esquema verdaderamente federal no puede dejar a las provincias como meras espectadoras de la administración y operación de las represas ni del debate sobre concesiones, utilidades, regalías, tarifas y el manejo sustentable de este recurso renovable, que debiera ser un vehículo clave para el desarrollo regional y no un mero reservorio para cubrir las necesidades urgentes de la zona metropolitana.
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