El poderío narco avanza
Dos noticias dieron relevancia esta semana a uno de los males más complejos de combatir en toda Latinoamérica y particularmente en Argentina.
El asesinato del fiscal paraguayo especializado en crimen organizado, Marcelo Pecci, mientras disfrutaba de su luna de miel en una isla de Colombia, mostró el brutal poderío de los grupos narcos transnacionales y cómo operan impunemente, sin importarles fronteras. La acción realizada por sicarios profesionales tuvo un nivel de sofisticación importante ya que requirió tareas de inteligencia, recursos, tecnología y contactos con autoridades de Paraguay y Colombia. Las sospechas sobre los autores del ataque se vinculan con dos investigaciones recientes de Pecci: la extradición a Estados Unidos de un ciudadano libanés ligado al narcotráfico y al grupo terrorista Hizbollah y un operativo que implicó incautaciones por más de 100 millones de dólares y afectó los intereses del Primer Comando Capital de Brasil, un cartel que tiene como sede alternativa a Paraguay.
Las investigaciones de Pecci tuvieron como escenario la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil que ha sido señalada desde los años 90 como un espacio donde confluyen organizaciones ligadas al narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero y el terrorismo, sin que haya habido una acción eficaz y coordinada de los tres países para poder combatirlas.
Por otra parte, la reunión de la Corte Suprema con jueces federales de todo el país para respaldar a sus pares que trabajan en causas de narcotráfico en Rosario mostró la preocupación por la imparable expansión de mafias ligadas a las drogas en nuestro territorio y las graves falencias institucionales para combatirlas.
Rosario se ha transformado en la ciudad más peligrosa y violenta del país. La tasa de homicidios allí supera los 20 cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto no supera los 5 ó 6 cada 100.000. Sólo entre enero y abril de este año hubo más de 100 asesinatos por inseguridad y ajustes de cuentas.
Ricardo Lorenzetti, uno de los ministros del máximo tribunal reconoció que “no hubo una política de Estado durante los últimos diez años” para enfrentar al narcotráfico y sí una “ineficacia” manifiesta para prevenir la expansión de delitos conexos: ataques de sicarios, secuestros y extorsión “que han aumentado la peligrosidad del delito” y generado una “tragedia social”. En el encuentro se criticaron las disputas políticas que frenan la cobertura de vacantes y la creación de instancias en la Justicia Federal, la falta de recursos, profesionales, herramientas tecnológicas y el poco respaldo a funcionarios, fiscales y jueces amenazados por criminales a los que investigan, entre otras.
Se cuestionó la cadena de complicidades estatales que permiten que líderes narcos condenados sigan manejando el negocio desde las cárceles.
No es sólo Rosario. Los expertos señalan que la zona central del país (Santa Fe, Buenos Aires, CABA, Córdoba y Entre Ríos) concentra el 65% de la violencia de grupos criminales de segunda generación, estructurados en redes descentralizadas donde ya no hay un solo “capo” que concentre decisiones. Una telaraña difícil de desarticular y con aceitados lazos internacionales, que procesan y distribuyen sustancias ilícitas que entran al país, principalmente por las fronteras del norte.
Las situaciones de anomia y violencia que se advierten en Rosario y otras ciudades debieran ser un alerta para aplicar cuanto antes políticas públicas activas y no sólo reactivas que combatan y prevengan este delito desde una visión federal. De otro modo enfrentaremos escenarios similares al de otros países de la región, donde el narco impone su ley a sangre, fuego y brutalidad.
Como alertó el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, las acciones “no pueden limitarse a la etapa represiva del delito” y los tres poderes debieran mostrar “un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados, una sociedad comprometida y decisión política” de combatir el narcotráfico en todas sus etapas.
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