Fruticultura: una lenta agonía
Este martes el Alto Valle vivirá un nuevo tractorazo, emblemática protesta de los productores que buscará hacer visible, una vez más, la crisis que vive la actividad frutícola, en medio de la indiferencia de la política nacional y provincial, que en las últimas décadas sólo ha respondido con paliativos e incentivos negativos a los serios problemas estructurales que presenta el sector.
El motivo puntual de la protesta es la situación desesperante de chacareros que han sufrido pérdidas por factores climáticos y por la baja en los precios que reciben de los exportadores, debido a la contracción del mercado por la invasión rusa a Ucrania, ya que la sancionada Rusia era uno de los mercados principales de peras y manzanas. Muchos productores aseguran que no pueden afrontar las imprescindibles tareas de poda que se realizan en esta época.
Días atrás, este diario publicó otro informe que ilustra el constante declive de la actividad, revelando que Paraguay, un mercado marginal hasta hace unos años, pasó a ser el principal destino de la manzana del Valle, desplazando a Brasil, que había sido alternativa ante la pérdida de mercados con más poder adquisitivo y mejores precios, como la Unión Europea.
Las frías estadísticas muestran una constante caída en volumen comercializado y en divisas generadas al menos desde 2007 y, si se estira la serie, se ve una merma continuada desde los 90. Es decir que desde hace por lo menos 30 años nuestras exportaciones se desploman y concentran en mercados que menos pagan y menos calidad exigen de nuestra fruta, generando magros incentivos para la mejora tecnológica de cualquier actividad económica exportadora.
Otros factores ilustran la decadencia. En los últimos 20 años se perdieron más de 15.000 hectáreas ligadas a fruticultura.
En el mismo lapso, la producción se desplomó también un 50%, con el agregado de una concentración cada vez mayor de la actividad comercial en un puñado de actores. Un observador desprevenido podría argumentar “la perversa acción de monopolios extranjeros”, pero la realidad indica que, lejos de eso, las multinacionales abandonan estas latitudes. Hace dos décadas existía media docena de firmas de capitales foráneos vinculadas a la actividad: hoy no queda ninguna, apenas un remanente de la empresa Dole operando en su planta de Allen.
El resto decidió abandonar el país ante la constante inestabilidad, los cambios en las reglas de juego, la burocracia y el resto de las políticas económicas de claro sesgo antiexportador que han mantenido distintas administraciones sobre las economías regionales. Las constantes brechas cambiarias incentivan la subfacturación, premiando la especulación de corto plazo y castigando a quienes cumplen las normas. Una década de alta inflación, cepos cambiarios y tasas prohibitivas dejó a muchas firmas fuera del crédito, lo que deriva en menores inversiones.
Lo eslabones más débiles son los que más sufren: en los 70 y 80, el salario de un capataz de chacra o embalador de primera estaba entre los mejores de la región. Hoy están apenas encima o por debajo de la línea de pobreza.
La retracción y pérdida de mercados centrales por falta de incentivos desde el Estado fue muy bien aprovechada por competidores como Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda o en los últimos años Brasil, que con gobiernos orientados a estimular a sus exportadores y con diplomacias eficientes en abrir nuevos destinos, fueron posicionándose en mercados donde la fruta del Alto Valle era históricamente referencia de buena calidad.
La nueva protesta actualizará viejos problemas. La respuesta política, tanto de Nación como de la provincia, serán diferimientos impositivos, créditos “blandos”, quizás subsidios. Seguirá pendiente una política económica racional que incentive la inversión y apunte a revertir la pérdida de rentabilidad y competitividad internacional que afecta crónicamente a todos los eslabones productivos y que está causando esta lenta agonía de la fruticultura regional.
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