Reglas electorales justas
El giro pragmático que parece haber adoptado el gobierno tras la salida del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en un intento de relanzar su gestión política, tiene como punta de lanza la reforma electoral, con el declarado objetivo de transparentar y modernizar el sistema político. Sin embargo, junto con iniciativas como la revisión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Ficha Limpia y el financiamiento de la política, se ha colado una rémora del viejo sistema: las listas colectoras.
Debido a que varias de las propuestas del oficialismo carecen de suficiente apoyo parlamentario, el oficialismo ha puesto sobre la mesa, como prenda de negociación, la rehabilitación este sistema de adhesión de boletas, lo que generó fuertes críticas opositoras y abrió grietas incluso dentro del propio oficialismo, donde la propia jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, planteó serias objeciones, aunque luego matizó su discurso.
Básicamente, las listas colectoras permiten que candidatos enfrentados en una categoría (como gobernador) adhieran a un mismo postulante en una categoría superior (por ejemplo, presidente). De este modo logran beneficios mutuos: los del estrato inferior se benefician del “arrastre” del candidato principal, y éste aparece en más de una boleta en el cuarto oscuro.
Aunque pareciera una discusión técnica menor, el debate de estos procedimientos afecta la integridad electoral, la calidad institucional de las reglas de juego con las que se organiza la competencia democrática.
En principio, existe una importante contradicción con los valores que dice sostener el Gobierno. La misma administración que promovió a nivel nacional la Boleta Única de Papel bajo la premisa de simplificar el sistema y terminar con vicios electorales como el robo de boletas, el “voto cadena” o el clientelismo, hoy evalúa incorporar un instrumento que multiplica y hace confusas las opciones al votante. Como advertía ya uno de los padres fundadores de la ciencia política contemporánea como Giovani Sartori, los sistemas electorales no son herramientas neutras; moldean el sistema de partidos. Y, cuando se manipulan por intereses partidarios de la coyuntura, terminan afectando negativamente la representación.
Este sistema no es nuevo. Durante años funcionó aprovechando vacíos legales y fue reglamentado tras la creación de las PASO en 2011. En 2019, el gobierno de Mauricio Macri lo prohibió por decreto, con argumentos que mantienen vigencia.
Al igual que su pariente cercana, la Ley de Lemas, el sistema de colectoras contribuye a confundir al electorado, genera inequidad entre competidores y opacidad en la oferta electoral. El sufragio se vuelve un objeto de transacción entre cúpulas políticas, porque el ciudadano ya no elige entre opciones claras, enfrenta una oferta atomizada donde varios partidos (incluso de ideologías y programas contrapuestos) tributan al mismo candidato al Ejecutivo nacional, provincial o municipal.
Organizaciones como Transparencia Electoral alertan también sobre sus negativos efectos en el sistema de partidos. Contribuyen a la fragmentación partidaria y a la creación de fuerzas que se “alquilan” en cada turno electoral o “sellos de goma” que en realidad no buscan competir sino sobrevivir bajo el ala de un líder fuerte. Diluyen las diferencias ideológicas y las identidades partidarias ya que todos terminan unidos pragmáticamente en una cabeza de lista. De cara al futuro, esa fragmentación que le permite a los candidatos triunfar en el Ejecutivo, genera luego legislaturas atomizadas y de mayorías inestables, donde cada iniciativa política queda sujeta a la transacción entre bambalinas.
Río Negro y Neuquén han sido históricamente laboratorios de estas prácticas, donde las colectoras y las listas “espejo” han servido para consolidar cuestionables hegemonías partidarias.
Este debate se da en momentos en que, como informó este diario, la Cámara Nacional Electoral advierte sobre la creciente apatía de los votantes jóvenes, reflejada en alta abstención electoral.
Es legítimo revisar si las PASO u otros aspectos del sistema electoral cumplieron sus objetivos y si su financiamiento es el adecuado. Pero reemplazarlos por mecanismos tan cuestionados que lesionan la transparencia no parece ser la mejor solución al problema.
La reforma política merece un debate amplio, orientado a fortalecer la representación política y no a cambiar las reglas del juego para obtener ventajas electorales circunstanciales. La legitimidad democrática no depende solo de cómo se organizan las normas, sino de que los ciudadanos las consideren justas y crean que vale la pena utilizarlas.
El giro pragmático que parece haber adoptado el gobierno tras la salida del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en un intento de relanzar su gestión política, tiene como punta de lanza la reforma electoral, con el declarado objetivo de transparentar y modernizar el sistema político. Sin embargo, junto con iniciativas como la revisión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Ficha Limpia y el financiamiento de la política, se ha colado una rémora del viejo sistema: las listas colectoras.
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