Un fracaso institucional

Este año encontrará al Gobierno nacional y al principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, con presupuestos prorrogados por segundo año consecutivo, situación inédita en la historia nacional y un grave retroceso institucional y en la transparencia de la gestión de los asuntos públicos.

Exclusivo Suscriptores

Sin Ley de Presupuesto habrá arbitrariedad y discrecionalidad

El presidente Javier Milei decidió el 30 de diciembre dar por finalizadas la negociación con la oposición dialoguista y extender por segundo año consecutivo las proyecciones de 2023, lo que de concretarse al pie de la letra implicaría una caída real del 24% respecto del año pasado, si el Ejecutivo no realizara los ajustes necesarios. De igual modo, el viernes pasado el gobernador Axel Kicillof prorrogó el presupuesto 2023 y la Ley Fiscal de 2024 en la provincia de Buenos Aires, ante la falta de consenso en la Legislatura para su proyecto. En cambio, distritos como Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro sí lograron aprobar la “ley de leyes”.

Las decisiones son muy cuestionadas. Mientras algunos constitucionalistas interpretan que la autorización para prorrogar el presupuesto anterior sólo está permitida por un único ejercicio fiscal, para otros la ausencia de una prohibición explícita a hacerlo de manera consecutiva habilita al Ejecutivo a realizarlo.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), una institución independiente con más de 50 años de trayectoria en el análisis y seguimiento de los presupuestos y la administración financiera pública a todo nivel, calificó la decisión como “un retroceso en la institucionalidad” y lamentó “la imposibilidad de alcanzar los acuerdo mínimos que permitan contar con la norma más importante para la gestión anual de Gobierno”.

En términos económicos, un presupuesto no es otra cosa que una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos para un periodo determinado. Dependiendo de si se calculan equilibrios, déficits o superávits puede incluir autorizaciones de endeudamiento para compensar desequilibrios.

En términos políticos, Milei reclamó el derecho a marcar el rumbo económico e incluyó en el proyecto de ley presentado al Congreso una pauta de “déficit fiscal base cero” y otros no negociables como planes fiscales sin intermediarios, modernización y simplificación del Estado, mayor presupuesto para Defensa y Seguridad. Del lado opositor, y de varios gobernadores, cuestionaron las previsiones optimistas sobre variables económicas y reclamaron la devolución de fondos recortados en 2024 a las provincias, mayores recursos para el sistema previsional, educación y obras públicas, también congeladas el año pasado. La inflexibilidad de Nación para abandonar sus “líneas rojas” y la idea opositora de que podía aprovechar la debilidad legislativa del oficialismo para “torcerle el brazo” al Ejecutivo en aspectos clave de la iniciativa hicieron fracasar las negociaciones.

El resultado es el peor de los posibles: el Gobierno contará este año con una herramienta ambigua y desactualizada, que le permitirá enormes márgenes de discrecionalidad y poder en el manejo de los fondos del Estado para conquistar o torcer voluntades, en año electoral.

Para ser ecuánimes, hay que reconocer que los presupuestos de las últimas dos décadas no han sido ejemplos de transparencia. Varias administraciones usaron el recurso de subestimar variables como la inflación, la recaudación y los cálculos del PBI para tener enormes masas de dinero sin control de otros poderes, lo que sumado a leyes de emergencia que permitían al Jefe de Gabinete reasignar partidas a su antojo, hicieron a varios presupuestos una mera formalidad, con desvíos de hasta el 70%, según estudios.

Sin embargo, los errores anteriores no autorizan a repetirlos. Un presupuesto confiable y con consenso político no solo daría transparencia al manejo de los recursos públicos. Es vital para la estabilidad macro, fortalecer la confianza en el rumbo económico y dar seguridades para proyectar el ahorro e inversiones que tanto necesita nuestro país.