Un sistema opaco y frágil
La saga de escándalos que envuelve al jefe de Gabinete Manuel Adorni expone algo más profundo que la sospechosa evolución patrimonial de un funcionario. Quedó al descubierto el opaco sistema de remuneración de los altos cargos del Estado y la fragilidad estructural del esquema de declaraciones juradas, pensado para garantizar transparencia pero que en la práctica puede ser burlado con extrema facilidad.
La discusión ya no es solo determinar si Adorni incurrió o no en irregularidades. El problema es que el propio diseño del sistema permite eludir muchas de sus exigencias formales y, frente a sospechas graves, la respuesta oficial pueda ser el silencio, la ambigüedad o apelar a tecnicismos jurídicos.
El problema se agrava porque este caso golpea el corazón de la credibilidad de un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios, el despilfarro de recursos del Estado y la corrupción de la “casta” política. Cualquier inconsistencia deja de ser un caso administrativo o judicial para convertirse en una crisis de confianza. La abogada y ex titular de Transparencia Internacional Delia Ferreiro Rubio lo resumió con crudeza al señalar que la situación de Adorni “contradice todos los discursos del presidente sobre la moral como política de Estado”.
Adorni se escuda en la necesidad de “no interferir” en una investigación judicial para no brindar detalles públicos sobre la compra de bienes suntuosos o de costosos viajes de vacaciones con su familia, imposibles de costear solo con sus ingresos como ministro. Pero esa explicación choca con un principio básico de la ética pública: la obligación de los funcionarios de rendir cuentas ante la ciudadanía es independiente de los procesos judiciales.
El episodio deja también en evidencia una paradoja recurrente en Argentina. La existencia de un marco normativo en teoría muy avanzado para mejorar la transparencia, pero con controles débiles y escasa capacidad de verificación real.
La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar declaraciones judiciales detalladas, incluyendo bienes propios y familiares. Sin embargo, el sistema sigue descansando casi exclusivamente en la buena fe del declarante. Así planteado, es más un trámite burocrático que una herramienta de control de la ética pública.
Los denominados “anexos reservados” son quizás el mejor ejemplo de esa debilidad. Fueron creados para proteger información sensible, pero terminan funcionando como una “caja negra” fuera del control ciudadano. Mientras la información clave permanezca inaccesible salvo estricta orden judicial, siempre habrá margen para ocultar conflictos de interés, testaferros o movimientos de patrimonio difíciles de justificar, como en este caso.
El problema no es nuevo: Argentina acumula décadas de funcionarios cuyos patrimonios se multiplican, con propiedades omitidas, valuaciones fiscales ridículas y sanciones a inconductas que rara vez se concretan. Una de las versiones más insistentes que circulan para explicar las diferencias entre ingresos y estilos de vida de varios funcionarios tiene que ver con un fenómeno que comenzó en el gobierno de Carlos Menem en los 90 y afectó a todos los que lo sucedieron: sobresueldos con recursos reservados de la Inteligencia, fuera de cualquier control de legalidad.
El riesgo de fondo es que los escándalos que rodean a los funcionarios los terminen transformando en verdaderos activos tóxicos para la gestión libertaria. En la era digital, el daño reputacional avanza más rápidamente que la justicia, como muestran las encuestas y estudios de las interacciones en redes sociales, cada vez más negativas para la gestión de Javier Milei.
Por ello, más allá del caso Adorni, el debate de fondo es cuánto tiempo más Argentina seguirá sosteniendo sistemas de transparencia débiles y llenos de agujeros, donde los controles llegan tarde, las auditorías son superficiales y las sanciones casi nunca logran efectos ejemplares que modifiquen conductas. Algunas reformas ya han empezado a discutirse: mayor apertura de los anexos reservados en las declaraciones, controles automáticos, trazabilidad bancaria de los ingresos de funcionarios y obligación de identificar a los beneficiarios finales de los recursos.
Son apenas un punto de partida. El caso Adorni expone a un sistema demasiado opaco y frágil para prevenir sospechas y despejarlas rápidamente: las leyes de transparencia por sí solas no alcanzan. Sin mecanismos ágiles de control, auditorías independientes y sanciones efectivas, el problema deja de ser un funcionario bajo investigación: se afecta la credibilidad de la gestión y de las instituciones.
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