El 18F y el relato oficial

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COLUMNISTAS

A propósito de la polémica misiva publicada por CFK titulada “18F, bautismo de fuego del partido judicial”, algunas personas que somos profesionales del derecho y auxiliares de la Justicia en nuestro diario trajinar nos vemos obligados a reflexionar sobre este nivel de maniqueísmo discursivo que pretende instalar una duda permanente en el legítimo y regular funcionamiento de las instituciones del Estado, con el único objetivo de descalificar cualquier acto jurisdiccional, denuncia o hecho político que los deje públicamente expuestos.

La misiva de la presidenta es una síntesis del discurso oficial; no hay nada nuevo en sus palabras, no merecen siquiera ser rebatidas. Empero, paradójicamente, revela su contenido claramente desestabilizador, lo que la transforma en un auténtico oxímoron, cualidad literaria que se asigna a ciertas frases que compiten entre la contradicción y el absurdo. Veamos qué es un proceso de desestabilización sino el intento de suprimir las garantías constitucionales o el armónico y equilibrado funcionamiento de los poderes e instituciones del Estado conforme lo ordena nuestra Constitución.

Cuando se plantea la hipótesis de la desestabilización o de un golpe institucional, no necesariamente los sujetos activos deben ser opositores o ajenos al gobierno. De hecho en la mayoría de los casos, sino en todos, los órganos del gobierno han sido las herramientas motoras de los golpes de Estado que ha sufrido nuestro país. Podemos coincidir en que hayan contado con el apoyo y complicidad de diversos sectores de la sociedad civil e incluso transpolar ciertos aspectos de este comportamiento en los denominados “golpes económicos” que signaron el final del gobierno de Alfonsín y De la Rúa, pero los procesos de desestabilización no nacen de un repollo ni de una mesa de estrategas opositores.

Si a criterio del gobierno existe un proceso de desestabilización en Argentina, debería hacerse cargo en el grado de su responsabilidad, porque sin dudas, luego de gobernar la Argentina por más de once años, es ingenuo creer que nada tiene que ver con las realidades políticas que le toca afrontar. Esta idea del gobierno de presentarse como víctima de procesos de desestabilización no es nueva, es una vieja estratagema de quienes detentan el poder, no están dispuestos a dejarlo, ni se encuentran en condiciones de transigir para mantener sus privilegios.

Las denuncias de corrupción a este gobierno no son nuevas y ha salido airoso de procesos judiciales muy graves, que se han cerrado bajo la firma de jueces como Oyarbide, quien quid pro quo también ha resultado airoso de los numerosos pedidos de juicio político por mal desempeño de sus funciones.

Curiosamente, este magistrado no integra el staff de jueces destituyentes. La injerencia política, prohibida por nuestra Constitución, que el gobierno ha intentado realizar con el Poder Judicial a lo largo de todo su periplo, que llevó al nombramiento de casi el 60% de los magistrados en funciones, da por tierra con la teoría conspirativa que sólo podría sostenerse invocando los propios actos. La captación del Poder Judicial como plan de permanencia en el poder o de escape de sus responsabilidades sufre un punto de inflexión cuando la Corte Suprema de Justicia decreta inconstitucional el paquete de leyes mal denominado democratización de la Justicia, sobre el cual escribí dos notas en este diario: “La politización de la Justicia” y La Justicia y el poder frente al relato oficial”, cuya lectura es oportuno aquí compartir.

El riesgo de los gobernantes de ser tratados como iguales ante la ley los hace temblar de ira y explica, en alguna medida, la andanada de desatinos a que hemos asistido con estupor los argentinos los últimos días.

Resulta elocuente que el gobierno llame “partido judicial” justamente al Poder del Estado que es encargado de juzgar sus actos, lo que revela el grado de respeto que posee por las instituciones del Estado que él mismo representa. Pero lo más grave de su actitud despojada es su falta de respeto a nuestra propia historia, haciendo un parangón con los golpes de Estado, denominando al Ejército “partido militar”. Aquí asistimos a la parte más lamentable y decadente de su razonamiento, donde a su modo termina legitimando a los militares genocidas como verdaderos actores de un proceso político opositor.

De más está señalar que los golpes de Estado en nuestro país fueron ejecutados por criminales con nombre y apellido, fueron juzgados y condenados, muchos aún están siendo procesados y otros restan procesar, gracias al trabajo de fiscales, querellantes (organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas) que han planteado, con responsabilidad, solvencia jurídica y tesón en procesos judiciales, la inconstitucionalidad de los indultos y las leyes de obediencia de vida y punto final; también es de destacar la labor de jueces federales de primera instancia y de Cámaras de Apelaciones que han hecho lugar a estos planteos, aportando valiosos argumentos a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que posibilitó, finalmente, que los procesos por verdad y justicia continúen abiertos en nuestro país.

De más está señalar que las víctimas de la última dictadura militar fueron en busca de verdad y justicia a la puerta de los estrados judiciales y el actual estado de cosas en esta materia es más fruto de este proceso que de una decisión política que el gobierno pretende adjudicarse para sentirse legitimado para hablar con tal liviandad de “golpes de Estado”, sugiriendo que un sector de la sociedad civil al que señala como golpista irá a los estrados judiciales con el mismo objetivo que lo llevó a concurrir a la puerta de los cuarteles para que se diera un golpe de Estado.

Este insulto a nuestra sociedad y a nuestra historia pone en evidencia lo lejos que ha estado este gobierno de las reivindicaciones y banderas que utilizó para cooptar a un sector de la sociedad y a organizaciones de derechos humanos que hoy, paradójicamente, justifican el autoritarismo.

LUIS VIRGILIO SÁNCHEZ

Abogado. Neuquén

LUIS VIRGILIO SÁNCHEZ