El ácido clorhídrico que secuestró Gendarmería en Sierra Grande sirve para crear drogas

La presencia de la Gendarmería Nacional en Sierra Grande desde hace unos años ha sido vital para filtrar el paso de la droga al sur del país. La carga de un camión con Ácido Clorhídrico, considerado dentro de los precursores químicos, retenido esta semana suma a esos procedimientos porque viajaba sin autorizaciones.

Esta semana Gendarmería Nacional retuvo 13.000 litros de ácido clorhídrico a un transportista que se dirigía a la ciudad de Comodoro Rivadavia, y que no estaba autorizado para el transporte de la sustancia. El camión provenía de la localidad de Fernández Oro.

En el procedimiento los efectivos constataron en los indicadores del producto que el camión transportaba 13 tolvas que contenían 13.000 litros de ácido clorhídrico al 30%.

Según expresó la Gendarmería el personal actuante tomó contacto con funcionarios de la oficina del Registro Nacional de Precursores Químicos de la provincia de Buenos Aires, y constataron que tanto la empresa transportista, como el transporte utilizado no se encuentran inscriptos ante el organismo.

Los “precursores químicos” son las sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefaciente.

Por esta situación se labró una infracción a la ley del RENAPRE (Registro Nacional de Precursores) 26.045 y se puso en conocimiento al Juzgado Federal de Viedma.

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Desde ahí se ordenó que se realicen las actuaciones de rigor al tenor de la ley 26.045, con la interdicción de la carga, conforme lo orientado por el Registro Nacional de Precursores Químicos.

El comandante Iván Caballero informó a “Río Negro”, que el chofer quedó en libertad y el camión con la carga en Sierra Grande a disposición RENAPRE.

El 8 de junio de 2005, se sancionó la Ley 26.045, mediante la cual se le dio carácter legal a la creación del Registro Nacional de Precursores Químicos y fijó las facultades de la SEDRONAR como autoridad de aplicación, incluyendo la posibilidad de aplicar sanciones administrativas y la de llevar a cabo inspecciones a los inscriptos.