El acta o la vida: el dilema detrás de la liberación de un rehén en Zapala

Andrés Villar llevaba varias horas con su abogado, el defensor jefe Pablo Méndez, de rehén atado a la silla en la pequeña oficina de la defensoría oficial de Zapala. Ya había hablado con los medios, ya había explicado sus exigencias, y ahora los negociadores le pedían que las pusiera por escrito.

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Sin comprender del todo la conmoción que había causado, le pidió «al doctor Pablo» que se encargara de escribir sus demandas. Méndez le hizo caso, aunque se dio cuenta que las exigencias de Villar eran disparatadas.

En la calle, el fiscal general José Gerez y el defensor general subrogante Raúl Caferra esperaban ese pliego de condiciones. Habían viajado de urgencia desde Neuquén hasta Zapala para afrontar esta crisis inédita que no lograban resolver ningún mediador.

Los policías de los grupos especiales aprovechaban que Villar se distraía hablando con los medios a través de una ventana para desplegar sus posiciones. El reloj avanzaba, la negociación se estiraba.

Cuando por fin aparecieron las exigencias escritas, el fiscal y el defensor se encontraron frente a un dilema: eran tan descabelladas que si las aceptaban, quedaban al borde de incurrir en varios delitos.

Las demandas de Villar

Porque Villar pedía, por ejemplo, impunidad por el violento hecho que estaba cometiendo y del que se ufanaba ante la prensa de todo el país.

«Tengo el conocimiento necesario para matar», le dijo en la cara a la fiscal jefa Sandra González Taboada, cuando la funcionaria lo invitó a reflexionar. Y al periodista Sergio Arregui, que le preguntó por qué tenía de rehén a su propio defensor, le respondió: «es un daño colateral, como cuando Estados Unidos bombardea en Irak».

También pedía un Jurado de Enjuiciamiento para el fiscal Marcelo Jofré, quien el día anterior había logrado que lo declaren responsable de abuso sexual agravado reiterado ante tres jueces.

Exigía por otra parte que investiguen a determinadas personas a las cuales él consideraba autoras del delito. Irresponsablemente, pretendía que el acta incluyera el nombre de la víctima, cuya fotografía exhibió ante la prensa.

El dilema

Gerez y Caferra sabían que esas demandas eran inaceptables. Pero rechazarlas de plano implicaba prolongar una toma de rehén que ya llevaba demasiadas horas.

Al mismo tiempo, estaba descartada la acción policial: una sola puerta permitía acceder a la habitación donde estaban Villar, su hermana y Méndez, y nadie garantizaba un rescate sin víctimas.

Empezó una nueva negociación, para pulir detalles de las demandas. Y se llegó a un acuerdo que el abusador aceptó y firmó, diez horas después del inicio de la toma de rehén.

Son 12 puntos, muchos de ellos de muy difícil cumplimiento. Si la fiscalía accediera a todos, sería el equivalente a convalidar la toma de rehenes como una instancia siniestra de apelación.

El acta o la vida

¿Por qué se firmó entonces? Porque se lo consideró la única salida. ¿Pueden los representantes del Estado asumir compromisos que saben que difícilmente podrán cumplir, si lo hacen para salvar vidas?

Es un debate que queda abierto.

Nueva cámara Gesell

Por ejemplo, Gerez y Caferra se comprometieron a gestionar la realización de una nueva cámara Gesell con la víctima y con la presencia de Pablo Méndez.

Inconcebible. Sería una revictimización inaceptable para la adolescente. Por otra parte, es imposible que el defensor jefe siga asistiendo a Villar después de haber estado a su merced, atado, imposibilitado de ejercer su libertad, y amenazado de muerte con un cuchillo.

Sobre el fiscal Jofré, para quien pidió directamente un jury, Gerez asumió el compromiso de investigar el desempeño que tuvo en el caso. Un concepto vago, suficientemente impreciso como para salir del paso ante alguien desprevenido.

¿Aquí no ha pasado nada?

Y respecto de los delitos cometidos en flagrancia, el fiscal general garantizó «una salida alternativa» para que «Villar no sea sometido a juicio penal por el hecho cometido el día de hoy».

Por lo menos, hay elementos para acusar por privación ilegítima de la libertad, coacción agravada y amenazas calificadas. Si la fiscalía no lo hiciera, podría incurrir en un incumplimiento de sus deberes, para no mencionar el mensaje de impunidad que enviaría a la sociedad.

Villar está detenido, a la brevedad debería realizarse el juicio de cesura, aplicarle la pena que le corresponda y abrir el camino de los recursos de impugnación que marca el Código. Y comenzar otro proceso por los nuevos delitos.

Mientras tanto su accionar de este viernes, contracara de los que fueron a quemarle la casa a sus padres, y la manera en que se resolvió, es un alerta.