El campo, territorio enemigo

Que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no quiere para nada a los hombres y mujeres del campo no es exactamente una novedad. Fiel a las doctrinas de los revisionistas de medio siglo atrás, los cree oligarcas haraganes de mentalidad golpista que se limitan a esperar a que crezcan los yuyos para entonces venderlos a precios escandalosos, de tal modo aprovechando las necesidades ajenas. Desprecia tanto a los agricultores que en el discurso que pronunció la semana pasada ante el Congreso los acusó de aportar un magro 2,8% a la recaudación tributaria, “casi igual que la enseñanza privada”, dando a entender así que practicaban la evasión impositiva en una escala apenas concebible. No bien concluyó Cristina su arenga, los asombrados por la denuncia le señalaron que, si bien los agricultores no pagan mucho en concepto de ganancias, contribuyen montos colosales mediante las retenciones y otros gravámenes. Y algunos días más tarde los interesados en el tema sumaron las contribuciones del campo a las arcas estatales para llegar a la conclusión de que en realidad aportó el 44% del total, si se toman en cuenta todas las ramificaciones del complejo agropecuario. Dicho de otro modo, si no fuera por el agro, el Estado nacional estaría en bancarrota y sólo habría algunos centavos en la célebre caja kirchnerista. En efecto, mal que le pese a la presidenta, la Argentina sin el campo sería como Arabia Saudita sin petróleo. Aunque algunos mandatarios respetados no saben mucho de economía, en los países desarrollados por lo menos suelen abstenerse de hacer afirmaciones que los expondrían al ridículo, pero parecería que Cristina no cuenta con la ayuda de asesores confiables que estén dispuestos a decirle que en verdad el campo aporta muchísimo al fisco y que no tiene ningún sentido negarlo. Por cierto, hay una diferencia tan sideral entre el 2,8% mencionado por la presidenta y el 44% estimado por los especialistas que cuesta encontrar una explicación racional de lo dicho por la presidenta la semana pasada. Asimismo, si bien los agricultores son tan proclives como el que más a la evasión impositiva, no cabe duda alguna de que la razón por la que la presidenta se ha ensañado con ellos tiene mucho más que ver con prejuicios personales imputables a su formación setentista que con su hipotética voluntad de luchar contra el flagelo así supuesto. Como tantos otros peronistas de “izquierda” de su generación, Cristina se ha convencido de que la industria es inherentemente buena y la agricultura mala, una actividad típica de un país feudal atrasado que a lo sumo sirve para producir alimentos baratos para la población urbana, de suerte que le es muy difícil reconocer que mucho ha cambiado desde que en el siglo XIX estancieros riquísimos maltrataban a peones paupérrimos y que, en la actualidad, en el campo pueden encontrarse los sectores más modernos, más avanzados y competitivos de la economía nacional, los que, para más señas, hicieron más que ningún otro para permitir que el país se anotara años de crecimiento a “tasas chinas” después de la implosión catastrófica del 2001 y el 2002. Los más beneficiados por la hostilidad indisimulada del gobierno kirchnerista hacia el campo, por la negativa de la presidenta a reconocer que su importancia es fundamental para el país y por las medidas que se han tomado con el propósito de entorpecer su desarrollo –sobre todo las destinadas a obstaculizar, cuando no prohibir, las exportaciones de sus productos– son los agricultores uruguayos, brasileños, estadounidenses, canadienses y australianos. Merced a la colaboración que reciben de nuestro gobierno, han logrado aumentar sus propias exportaciones conquistando nuevos mercados, además de sacar provecho de los aumentos de precios atribuibles a la participación reducida de la Argentina en el comercio internacional que ha incidido en la oferta. En cuanto a los perjudicados, incluyen no sólo a los agricultores argentinos que han sido víctimas, por un lado, de un gobierno resuelto a castigarlos por sus presuntos pecados ideológicos y, por el otro, de las grandes empresas que están en condiciones de sobrevivir a las repetidas embestidas oficiales sino también a los habitantes de países pobres que no tienen más alternativa que la de importar alimentos.