El caso De Narváez
Como muchos otros políticos, el peronista disidente Francisco de Narváez sueña con ser presidente de la República pero, a diferencia de todos los rivales declarados, para alcanzar su objetivo tendría que superar un obstáculo constitucional, ya que nació en Colombia de padres que no fueron argentinos nativos. Puesto que De Narváez se formó en nuestro país –llegó cuando tenía tres años– y es evidente que se siente tan argentino como el que más, es comprensible que se sienta víctima de una injusticia. Asimismo, cree que, merced a la incorporación a la Constitución de una serie de tratados internacionales contrarios a la discriminación por origen nacional o por motivos étnicos o religiosos entre ciudadanos de los países firmantes, la Corte Suprema podría fallar a su favor, aunque en opinión de algunos constitucionalistas prestigiosos es poco probable que lo haga. La situación en que se encuentra De Narváez sería distinta si disfrutara del apoyo decidido de una amplia mayoría de sus compatriotas pero, aunque sería factible que de poder postularse triunfara en una elección presidencial, no encabeza un movimiento que sea lo bastante fuerte y fervoroso como para permitirle modificar la Constitución nacional. Huelga decir que la Argentina no es el único país en que se discrimine entre ciudadanos nativos y naturalizados cuando de ocupar ciertos cargos se trata. Bien que mal, es una práctica universal. Con todo, tanto aquí como en el resto del mundo se han ido eliminando las barreras de este tipo que se han erigido para defender los intereses de los resueltos a hacer valer los privilegios de grupos dominantes determinados. En este sentido, nuestro país se ha liberalizado mucho a partir de 1983: por ejemplo, desde 1994 no es necesario que el presidente se afirme católico. Hasta hace relativamente poco abundaban los cargos oficiales reservados para nativos, pero en la actualidad sólo queda el del presidente de la República. Puede que andando el tiempo éste también se abra a todos. Al fin y al cabo, en última instancia lo que realmente cuenta es el compromiso con el país. Por cierto, no existen motivos para creer que los ciudadanos naturalizados sean menos patrióticos que los nativos, muchos de los cuales –entre ellos políticos y funcionarios eminentes– poseen pasaportes europeos sin que nadie se sienta escandalizado por lo que se toma por una forma de asegurarse contra vicisitudes imprevisibles. La experiencia en este ámbito de Estados Unidos, un país célebre por el orgullo nacionalista de sus habitantes, es aleccionadora. Aunque sigue insistiéndose en que el presidente sea un ciudadano nativo –o, en el caso del reciente candidato presidencial John McCain, que nació en la zona del Canal de Panamá, haya nacido en territorio bajo jurisdicción norteamericana–, muchos dan por descontado que de surgir entre los naturalizados un presidenciable serio se llevaría a cabo la reforma constitucional correspondiente. Sea como fuere, en décadas recientes dos inmigrantes de acento teutón inconfundible, Henry Kissinger y Arnold Schwarzenegger, no se vieron perjudicados por su origen claramente extranjero, ya que ambos pudieron alcanzar puestos que los colocaron entre los personajes más poderosos no sólo de Estados Unidos sino del mundo entero. Como secretario de Estado, Kissinger manejó con autoridad la política exterior de la superpotencia, mientras que Schwarzenegger es gobernador de un estado, California, cuya economía es tan grande como la italiana, dos veces mayor que la canadiense y, conforme a las estadísticas difundidas por organismos internacionales, aproximadamente ocho veces mayor que la nuestra. El que los norteamericanos hayan estado tan dispuestos a minimizar los obstáculos legales en el camino de inmigrantes dotados refleja un alto grado de confianza en la cohesión social de su país y la conciencia de que les conviene aprovechar al máximo los talentos disponibles sin procurar mantener a los recién venidos en el lugar que presuntamente les corresponde. En vista de que la misma tendencia puede detectarse en nuestro país, es posible que llegue el día en que un inmigrante tan asimilado como De Narváez pueda ser presidente de la Nación, pero sorprendería que la reforma necesaria se concretara antes de iniciarse la campaña para elegir el sucesor de la presidenta actual.
Como muchos otros políticos, el peronista disidente Francisco de Narváez sueña con ser presidente de la República pero, a diferencia de todos los rivales declarados, para alcanzar su objetivo tendría que superar un obstáculo constitucional, ya que nació en Colombia de padres que no fueron argentinos nativos. Puesto que De Narváez se formó en nuestro país –llegó cuando tenía tres años– y es evidente que se siente tan argentino como el que más, es comprensible que se sienta víctima de una injusticia. Asimismo, cree que, merced a la incorporación a la Constitución de una serie de tratados internacionales contrarios a la discriminación por origen nacional o por motivos étnicos o religiosos entre ciudadanos de los países firmantes, la Corte Suprema podría fallar a su favor, aunque en opinión de algunos constitucionalistas prestigiosos es poco probable que lo haga. La situación en que se encuentra De Narváez sería distinta si disfrutara del apoyo decidido de una amplia mayoría de sus compatriotas pero, aunque sería factible que de poder postularse triunfara en una elección presidencial, no encabeza un movimiento que sea lo bastante fuerte y fervoroso como para permitirle modificar la Constitución nacional. Huelga decir que la Argentina no es el único país en que se discrimine entre ciudadanos nativos y naturalizados cuando de ocupar ciertos cargos se trata. Bien que mal, es una práctica universal. Con todo, tanto aquí como en el resto del mundo se han ido eliminando las barreras de este tipo que se han erigido para defender los intereses de los resueltos a hacer valer los privilegios de grupos dominantes determinados. En este sentido, nuestro país se ha liberalizado mucho a partir de 1983: por ejemplo, desde 1994 no es necesario que el presidente se afirme católico. Hasta hace relativamente poco abundaban los cargos oficiales reservados para nativos, pero en la actualidad sólo queda el del presidente de la República. Puede que andando el tiempo éste también se abra a todos. Al fin y al cabo, en última instancia lo que realmente cuenta es el compromiso con el país. Por cierto, no existen motivos para creer que los ciudadanos naturalizados sean menos patrióticos que los nativos, muchos de los cuales –entre ellos políticos y funcionarios eminentes– poseen pasaportes europeos sin que nadie se sienta escandalizado por lo que se toma por una forma de asegurarse contra vicisitudes imprevisibles. La experiencia en este ámbito de Estados Unidos, un país célebre por el orgullo nacionalista de sus habitantes, es aleccionadora. Aunque sigue insistiéndose en que el presidente sea un ciudadano nativo –o, en el caso del reciente candidato presidencial John McCain, que nació en la zona del Canal de Panamá, haya nacido en territorio bajo jurisdicción norteamericana–, muchos dan por descontado que de surgir entre los naturalizados un presidenciable serio se llevaría a cabo la reforma constitucional correspondiente. Sea como fuere, en décadas recientes dos inmigrantes de acento teutón inconfundible, Henry Kissinger y Arnold Schwarzenegger, no se vieron perjudicados por su origen claramente extranjero, ya que ambos pudieron alcanzar puestos que los colocaron entre los personajes más poderosos no sólo de Estados Unidos sino del mundo entero. Como secretario de Estado, Kissinger manejó con autoridad la política exterior de la superpotencia, mientras que Schwarzenegger es gobernador de un estado, California, cuya economía es tan grande como la italiana, dos veces mayor que la canadiense y, conforme a las estadísticas difundidas por organismos internacionales, aproximadamente ocho veces mayor que la nuestra. El que los norteamericanos hayan estado tan dispuestos a minimizar los obstáculos legales en el camino de inmigrantes dotados refleja un alto grado de confianza en la cohesión social de su país y la conciencia de que les conviene aprovechar al máximo los talentos disponibles sin procurar mantener a los recién venidos en el lugar que presuntamente les corresponde. En vista de que la misma tendencia puede detectarse en nuestro país, es posible que llegue el día en que un inmigrante tan asimilado como De Narváez pueda ser presidente de la Nación, pero sorprendería que la reforma necesaria se concretara antes de iniciarse la campaña para elegir el sucesor de la presidenta actual.
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