El celular de Angela
Es posible, si bien poco probable, que la canciller alemana Angela Merkel realmente crea que los empleados de su propio gobierno y sus equivalentes de otros países europeos nunca soñarían con pinchar los teléfonos de dirigentes considerados aliados como, según parece, hacen en buena parte del mundo los espías de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana. También lo es que compartan su actitud la presidenta brasileña Dilma Rousseff y otros mandatarios. De ser así, se trataría de miembros de una pequeña minoría conformada por idealistas ingenuos. Desde hace miles de años los poderosos de turno han procurado mantenerse al tanto de lo que hacen no sólo sus enemigos sino también sus amigos. Merced al vertiginoso progreso de las comunicaciones electrónicas, en la actualidad pueden conseguir la información que les interesa con una facilidad asombrosa. Casi todos los políticos, empresarios y sindicalistas de cierta importancia lo entienden; dan por descontado que, si hablan por teléfono o envían mensajes por internet, sus palabras podrían llegar a la atención de destinatarios imprevistos. Son gajes del oficio. Asimismo, aun cuando los gobiernos prohibieran el espionaje electrónico, las leyes en tal sentido no servirían para intimidar a los hackers que, como han descubierto los encargados de la seguridad de entidades supuestamente tan invulnerables como el Pentágono estadounidense, son capaces de penetrar hasta las defensas más sofisticadas. Aunque es notorio que países del Viejo Continente, en especial Francia y el Reino Unido, siempre hayan invertido mucho dinero y esfuerzo en diversas formas de espionaje, los líderes de la Unión Europea, encabezados por Merkel, han reaccionado frente a las denuncias más recientes acerca de las actividades atribuidas a los norteamericanos con una manifestación impresionante de indignación colectiva. Uno tras otro, distintos mandatarios y funcionarios jerárquicos han procurado destacarse condenando a sus homólogos transatlánticos en términos contundentes. Algunos han pedido la suspensión hasta nuevo aviso de las negociaciones entre la UE y EE. UU. para acordar un tratado de libre comercio que, se prevé, beneficiaría mucho a las principales economías del mundo desarrollado. Tanto principismo sería conmovedor si fuera sincero, pero no existen demasiados motivos para creer que de ahora en adelante las autoridades de todos los países europeos se abstendrán de sacar provecho de información obtenida por métodos inconfesables. Tampoco los hay para suponer que aquellos medios de difusión que están atizando las protestas de los políticos dejarán de brindar la máxima publicidad a la información que les suministran “topos” que, so pretexto de defender la privacidad del ciudadano común, no vacilan en hacer lo mismo que los espías gubernamentales. A esta altura, suponer que es factible poner fin al espionaje electrónico es utópico. Aun cuando los europeos y norteamericanos desmantelaran sus propias agencias oficiales o, por lo menos, las obligaran a limitarse a intervenir las comunicaciones de individuos sospechosos de pertenecer a agrupaciones terroristas, quedarían las de países como China y Rusia, de tradiciones mucho más autoritarias, además, claro está, de las vinculadas con el crimen organizado. Parecería, pues que, a lo sumo, los legítimamente preocupados por lo difícil que es mantener a raya a los espías electrónicos deberían concentrarse en asegurar que las agencias gubernamentales estén bajo el control severo de organismos creados para vigilarlos para que no cometan abusos. Por cierto, tratar de abolirlas por completo, como según parece quisieran Merkel y, de tomarse en serio sus afirmaciones, otros dirigentes europeos, no serviría para mucho. En cuanto a la propuesta de Dilma de que los gobiernos representados en la ONU –entre ellos varias docenas de dictaduras– confeccionen reglas destinadas a controlar el uso de internet, no ayudaría en absoluto a proteger la privacidad de nadie. Por el contrario, de prosperar, lo que por fortuna parece muy poco probable, significaría asestar un golpe demoledor a la libertad de expresión y por lo tanto a la democracia. Se trataría de un precio excesivo a pagar para que personas como Angela Merkel y Dilma puedan hablar sin temor a que algún intruso electrónico las esté escuchando.
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