El club de los 20

Redacción

Por Redacción

Desde que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió enfrentarse con Estados Unidos –según parece, fue su forma de expresar el desagrado que le produjo la negativa de Barack Obama a tocar tierra en Buenos Aires en el transcurso de la breve gira latinoamericana en la que visitó a Brasil y Chile–, están difundiendo versiones conformes a las cuales corre peligro nuestra presencia en el G-20, un organismo que oficia de una especie de elite mundial cuya función consiste en coordinar la reacción de la “comunidad internacional” frente a los problemas económicos y financieros más urgentes. Puede que haya sido escasa la influencia de los acuerdos alcanzados por quienes asisten a “las cumbres”, figuran en “la foto de familia” y firman las declaraciones conjuntas, pero así y todo se trata de un foro prestigioso y por lo tanto es del interés del país que siga perteneciendo a la agrupación y que no prosperen las iniciativas de quienes quisieran verla reemplazada por otra que sería presuntamente más representativa de la que con toda seguridad nos veríamos excluidos. Como muchos han señalado, nuestro país es miembro del G-20 por haber integrado una agrupación de emergentes que se creó antes del desplome de la convertibilidad y el default unilateral, pero a partir de aquel desastre ha perdido relevancia en el escenario internacional, quedando sin acceso a los mercados de capitales. Asimismo, parecería que la costumbre de la presidenta de aprovechar las reuniones del G-20 para manifestar su desaprobación del resto del mundo, que a su juicio es responsable de las penurias nacionales, ha motivado más fastidio que interés entre los otros integrantes que preferirían concentrarse en asuntos a su entender más significantes. Tendrán razón, pues, los que advierten que la Argentina podría verse expulsada del club de elite a menos que nuestros representantes piensen más en los auténticos problemas internacionales que en los beneficios políticos que podría suponerles asumir una postura crítica. Hasta hace poco, Estados Unidos se mostraba dispuesto a oponerse a cualquier intento de cambiar el G-20 por entender Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que tarde o temprano nuestro país se recuperaría de las heridas financieras y psíquicas imputables al colapso de fines del 2001 y sus secuelas en el 2002. Sin embargo, a partir de los episodios protagonizados por el canciller Héctor Timerman, su actitud se ha hecho mucho menos comprensiva. Pero no sólo es cuestión de la sensación de que por motivos que los demás no llegan a entender la Argentina parece reacia a cumplir un rol constructivo. Nuestro país sigue siendo el único cuyo gobierno impide que revise sus cuentas el FMI, una institución que, mal que les pese a los convencidos de que es una entidad congénitamente nefasta a la que nadie en sus cabales tomaría en serio, ha cobrado más importancia últimamente. Asimismo, con la eventual excepción de China, es el único miembro del G-20 que difunde estadísticas que casi todos suponen son totalmente falsas y que se aferra a teorías económicas propias. Por lo demás, molesta la contradicción entre la decididamente intervencionista política económica interna y la mucho más liberal que, por motivos comprensibles, propone para la llamada comunidad internacional. Aunque resulta perfectamente lógico que el gobierno de Cristina se haya opuesto frontalmente a quienes quisieran frenar el aumento de los precios de los commodities que exportamos, en vista de la propensión nacional a reivindicar tales planteos en términos éticos, también lo es que otros contesten de la misma manera, acusándonos de hipocresía. De todos modos, si en los meses próximos los precios de los alimentos suben todavía más, golpeando cruelmente a centenares de millones de personas en los países más pobres de la Tierra, la resistencia de nuestro gobierno a aprobar las medidas impulsadas por el presidente francés Nicolas Sarkozy, combinada con sus esfuerzos continuos por obstaculizar el crecimiento del sector agrícola local, de tal modo agravando el problema, no contribuirá a tranquilizar a quienes insisten en que el G-20 debería ser reformado o, lo que sería más probable, reemplazado por otra entidad similar que refleje mejor el mundo actual, no el de la década de los noventa del siglo pasado.


Desde que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió enfrentarse con Estados Unidos –según parece, fue su forma de expresar el desagrado que le produjo la negativa de Barack Obama a tocar tierra en Buenos Aires en el transcurso de la breve gira latinoamericana en la que visitó a Brasil y Chile–, están difundiendo versiones conformes a las cuales corre peligro nuestra presencia en el G-20, un organismo que oficia de una especie de elite mundial cuya función consiste en coordinar la reacción de la “comunidad internacional” frente a los problemas económicos y financieros más urgentes. Puede que haya sido escasa la influencia de los acuerdos alcanzados por quienes asisten a “las cumbres”, figuran en “la foto de familia” y firman las declaraciones conjuntas, pero así y todo se trata de un foro prestigioso y por lo tanto es del interés del país que siga perteneciendo a la agrupación y que no prosperen las iniciativas de quienes quisieran verla reemplazada por otra que sería presuntamente más representativa de la que con toda seguridad nos veríamos excluidos. Como muchos han señalado, nuestro país es miembro del G-20 por haber integrado una agrupación de emergentes que se creó antes del desplome de la convertibilidad y el default unilateral, pero a partir de aquel desastre ha perdido relevancia en el escenario internacional, quedando sin acceso a los mercados de capitales. Asimismo, parecería que la costumbre de la presidenta de aprovechar las reuniones del G-20 para manifestar su desaprobación del resto del mundo, que a su juicio es responsable de las penurias nacionales, ha motivado más fastidio que interés entre los otros integrantes que preferirían concentrarse en asuntos a su entender más significantes. Tendrán razón, pues, los que advierten que la Argentina podría verse expulsada del club de elite a menos que nuestros representantes piensen más en los auténticos problemas internacionales que en los beneficios políticos que podría suponerles asumir una postura crítica. Hasta hace poco, Estados Unidos se mostraba dispuesto a oponerse a cualquier intento de cambiar el G-20 por entender Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que tarde o temprano nuestro país se recuperaría de las heridas financieras y psíquicas imputables al colapso de fines del 2001 y sus secuelas en el 2002. Sin embargo, a partir de los episodios protagonizados por el canciller Héctor Timerman, su actitud se ha hecho mucho menos comprensiva. Pero no sólo es cuestión de la sensación de que por motivos que los demás no llegan a entender la Argentina parece reacia a cumplir un rol constructivo. Nuestro país sigue siendo el único cuyo gobierno impide que revise sus cuentas el FMI, una institución que, mal que les pese a los convencidos de que es una entidad congénitamente nefasta a la que nadie en sus cabales tomaría en serio, ha cobrado más importancia últimamente. Asimismo, con la eventual excepción de China, es el único miembro del G-20 que difunde estadísticas que casi todos suponen son totalmente falsas y que se aferra a teorías económicas propias. Por lo demás, molesta la contradicción entre la decididamente intervencionista política económica interna y la mucho más liberal que, por motivos comprensibles, propone para la llamada comunidad internacional. Aunque resulta perfectamente lógico que el gobierno de Cristina se haya opuesto frontalmente a quienes quisieran frenar el aumento de los precios de los commodities que exportamos, en vista de la propensión nacional a reivindicar tales planteos en términos éticos, también lo es que otros contesten de la misma manera, acusándonos de hipocresía. De todos modos, si en los meses próximos los precios de los alimentos suben todavía más, golpeando cruelmente a centenares de millones de personas en los países más pobres de la Tierra, la resistencia de nuestro gobierno a aprobar las medidas impulsadas por el presidente francés Nicolas Sarkozy, combinada con sus esfuerzos continuos por obstaculizar el crecimiento del sector agrícola local, de tal modo agravando el problema, no contribuirá a tranquilizar a quienes insisten en que el G-20 debería ser reformado o, lo que sería más probable, reemplazado por otra entidad similar que refleje mejor el mundo actual, no el de la década de los noventa del siglo pasado.

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