El Concejo Deliberante de Bariloche cierra un ciclo de logros, deudas y polémica

El estreno dejó una huella difícil de borrar. Los once concejales acababan de asumir y en su primera sesión, el 11 de diciembre de 2015, aprobaron la emergencia económica pese a la resistencia del Soyem, cuyos dirigentes transformaron la sala en una caldera y a la hora de la votación provocaron graves incidentes.

Luego de aquel arranque intenso y conflictivo, llegó el receso de verano y las cosas se tranquilizaron, El Concejo ya no tuvo tanta exposición y se concentró en los proyectos de rutina y el trabajo de comisiones.

La mayoría absoluta del oficialismo (siete sobre once) fue un factor decisivo para garantizar la sanción de los proyectos reclamados por el Ejecutivo, como los presupuestos de cada año, las reformas tributarias y (el caso emblema) la prórroga del contrato por el cerro Catedral. Y cuando necesitó los dos tercios contó con el voto del bloque Pro.

El debate político estuvo algo acotado por ese reparto, en el que Juntos Somos Bariloche sacó máximo provecho del sistema D’Hont al lograr una representación exagerada respecto de las preferencias que habían marcado los votantes (ver aparte).

El presidente del Deliberante, Diego Benítez, negó que hubieran aplicado la “mayoría automática” y destacó el “debate amplio en comisiones” de los proyectos importantes.

Tal vez el momento más traumático de los cuatro años fue la sesión del 6 de abril de 2018, cuando el Concejo aprobó –sin los votos de la oposición– la prórroga directa del contrato de Capsa para explotar el cerro Catedral. El trámite incluyó el rechazo, por razones formales, del planteo sostenido por más de 6.000 personas para que el tema sea sometido a referéndum.

El bloque de Juntos funcionó con una cohesión que no habían exhibido antes otros oficialísimos. Los siete representantes mantuvieron un férreo apoyo a las iniciativas del intendente Gennuso, incluidas las más impopulares.

Y cuando hubo disidencias internas, se mantuvieron en estricta reserva. El caso más notorio fue el del primer presidente del bloque, Andrés Martínez Infante, quien renunció en abril de 2018. Se habló de “desgaste” y de “razones personales”, pero varias fuentes admitieron que su negativa a avalar el acuerdo con Capsa fue el detonante. Su salida fue cubierta por Julia Fernández y volvió la disciplina.

También hubo desacuerdos internos en Juntos sobre determinados proyectos, que por eso mismo no prosperaron. Por ejemplo la idea del concejal Gerardo Ávila para crear un fondo compensador del transporte destinado a aliviar el costo del boleto. Gennuso en su momento le bajó el pulgar y el resto del bloque lo siguió. Ahora, bajo otro formato, el intendente aplicará la receta promovida por Ávila.

No sólo legislar

Benítez dijo que otro de los temas que trabajó largamente el Concejo y que quedan como reforma “estructural” es el nuevo Código de Habilitaciones, también subrayó la creación de la llamada Ecotasa que se aplica a todos los turistas, y las regularizaciones de tierras.

Señaló que en el “debe” les quedó la imposibilidad de aprobar una nueva regulación para las juntas vecinales y una reforma del “procedimiento administrativo” para implementar la “despapelización”. Dijo que también hace falta una nueva ordenanza de antenas, pero debieron postergar ese tema porque “está judicializado”.

Pero a la hora de hablar del “legado” que deja su gestión Benítez eligió subrayar lo extraparlamentario. Dijo sentirse orgulloso de la modernización y nueva estética otorgada a la sala de sesiones, a la plaza contigua al Concejo y al salón que sirve como oficina de informes turísticos. Inversiones que en conjunto demandaron casi 15 millones de pesos.

También habló de los “concursos de jefaturas del personal” que se realizaron por primera vez en el Concejo y la supresión de gastos por viáticos, comida y teléfonos.

A su juicio, la tarea desarrollada “fue muy activa y muy importante” y negó que el Concejo se hubiera distanciado de los vecinos por el desenlace del tema Catedral.

Nada para rescatar

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Ramón Chiocconi, opinó lo contrario. Dijo que negarse habilitar el referéndum por Catedral fue un error grave y empobreció el rol del Concejo”. Observó que el oficialismo funcionó como “cómplice de ciertos negocios, como la concesión del estacionamiento en el Puerto San Carlos” y que “no entendió al Concejo como un espacio representativo”.

“Hubo una política clara de alejarse de la gente. Me cuesta encontrar algún aspecto positivo, la verdad que te lo debo –dijo Chiocconi–. Un ejemplo es lo que pasa con el funcionario Juan Pablo Ferrari, investigado por presunta corrupción, y cuyo caso no avanza porque el Concejo tiene frenada a desde hace cinco meses una definición sobre un planteo recusatorio, cuando debía resolver en diez días”.

A su juicio, las cuentas pendientes son muchas, entre ellas “la negativa a tratar el proyecto de emergencia alimentaria” y otro de “veedurías” vecinales, que él mismo impulsa desde hace años y nunca avanzó.

La tercera fuerza con presencia en el Deliberante fue Pro, representado en soledad por Daniel González, quien mantuvo mala relación con su partido y funcionó en sintonía con el oficialismo, al punto de que pasará en diciembre a formar parte del gabinete provincial.

Consultado para esta nota dijo que “la interacción entre los bloques fue buena” y destacó el trabajo en comisiones, que permitió mejorar muchos textos. Citó el caso de su proyecto para encuadrar a los “pisteros socorristas”, que fue aprobado por unanimidad “luego de catorce reformulaciones”.

Sobre el debate por Catedral González dijo que “más allá de las diferentes posturas se trabajó muchísimo y el proyecto fue modificado sustancialmente”. Opinó que mucha gente se sumó a la polémica “desde el desconocimiento” y consideró que la ordenanza fue un buen cierre de todo el proceso, porque “se cuestionaba la falta de legitimidad y los concejales justamente están para eso: para dar legitimidad, porque los puso el pueblo”.

Benítez dijo que la confrontación política y la cantidad de ordenanzas que salieron con el rechazo de los tres concejales del FpV no son necesariamente una mala señal. “El debate siempre existió y no es que la unanimidad sea lo ideal –argumentó–. Los concejales reflejan las opiniones diferentes que hay en la misma ciudadanía. Y si ellos votaron de otra manera, por ejemplo en los presupuestos y en las ordenanzas tarifarias, es porque sabían que los votos igual daban para aprobar. Si no, habrían actuado distinto. El mismo Chiocconi lo ha dicho”.

Las distorsiones del sistema D’Hont

La cantidad de bancas que obtiene cada partido en el Concejo debería reflejar con el mayor ajuste posible la opinión de los electores. Y la distribución por el método D’Hont está considerada como la más justa, pero también tiene sus distorsiones. En 2015 Juntos Somos Bariloche resultó claramente beneficiado. Jugaron en su favor los números obtenidos por las segundas, terceras y cuartas fuerzas.

En las elecciones del 6 de septiembre de ese año votaron 65.128 personas. Juntos ganó la categoría Concejo con apenas 23.237 votos, el 36,68%, pero le tocaron siete bancas sobre el total de once: el 63,6%.

Por muy pocos votos dejó afuera a Unión por un Movimiento Popular, que logró el 5,05% en las elecciones.

Segundo fue el Frente para la Victoria con 12.091 votos (18,56%) y el 27,2% de las bancas. La justicia estricta sólo estuvo en la representación obtenida por Pro, que con el 9,24% de los votos obtuvo una sola banca, es decir el 9,09% del total disponible.

El sistema proporcional brindó así un margen desmesurado al oficialismo, que le sacó jugo al máximo.