El cuñado presidencial

De la Rúa debió haber hecho un esfuerzo muy grande por separar lo privado de lo público.

Por Redacción

Era de prever que tarde o temprano el presidente Fernando de la Rúa se sentiría obligado a salir a la palestra para defender a diversos integrantes de su propia familia y aquella de su esposa. También lo era que atribuiría las acusaciones en torno a su presunto aprovechamiento de su proximidad al poder a “una maniobra” o una “campaña”, mientras que los involucrados mismos harían gala de su indignación. Aunque es de suponer que a esta altura De la Rúa entiende muy bien que la corrupción endémica está estrechamente vinculada con la propensión de tantos políticos, funcionarios y jueces a anteponer los lazos personales a sus deberes teóricos hacia la sociedad en su conjunto, de ahí sus alusiones frecuentes a la importancia a su juicio insuperable de “la lealtad”, en cuanto se confirmó su triunfo electoral decidió confiar a su hermano Jorge un puesto clave en el gobierno que comenzaba a formar. Asimismo, nunca ha sido un secreto que otros integrantes de su clan familiar, entre ellos su esposa y por lo tanto sus parientes políticos, han influido bastante en su gestión. Que éste haya sido el caso podría considerarse natural, pero en vista de las particularidades culturales del país y de su propio compromiso verbal con la “lucha contra la corrupción”, De la Rúa debió haber hecho un esfuerzo muy grande por separar lo privado de lo público.

Mal que le pese al cuñado del presidente, Basilio Pertiné, las denuncias según las cuales fue beneficiado por irregularidades en la licitación de una obra pública mendocina no pueden atribuirse a una mera campaña periodística. La Oficina Anticorrupción las creyó lo suficientemente graves como para enviarlas a la Justicia, al parecer pasando por alto las presiones del gobierno que, obvio es decirlo, hubiera preferido que el asunto nunca llegara tan lejos. De todos modos, a esta altura es evidente que cualquier intento oficial de frenar la investigación resultará contraproducente, como en efecto han sido las declaraciones públicas formuladas por De la Rúa. Aunque haya estado en lo cierto y el ex almirante Pertiné no haya cometido delito alguno, el país está tan acostumbrado a que el presidente de la República procure defender la honorabilidad de un pariente bajo sospecha que los más darán por descontado que se ha tratado de una reedición del mismo espectáculo que solía protagonizar su antecesor, Carlos Menem, toda vez que un miembro de la familia Yoma se encontró en apuros.

En tales ocasiones, convendría que el jefe de Estado se afirmara totalmente prescindente, negando tener la más mínima intención de tratar de influir en el desarrollo de la investigación. Es que de por sí la voluntad indisimulada de De la Rúa de reivindicar a su cuñado hablando de “maniobras que se producen en mi ausencia” constituye una forma de presionar a los jueces, todos los cuales saben que su futuro personal podría depender de la actitud del gobierno. Asimismo, al difundir sus puntos de vista De la Rúa virtualmente aseguró que sus simpatizantes políticos procurarían hacer valer sus propias influencias en tribunales, aumentando de este modo el riesgo de que se produzcan escándalos que le serían sumamente costosos y que no contribuirían en absoluto a mejorar el bochornoso clima moral que impera en todo el país.

Por ser tantos políticos significantes miembros plenos de una elite minúscula que también está integrada por banqueros y empresarios millonarios habituados a negociar con el Estado, no es nada probable que un día el país cuente con un presidente sin parientes con buenos motivos para sentirse tentados a aprovechar su proximidad personal al Jefe. Lo que sí es factible, en cambio, es que andando el tiempo los presidentes terminen aprendiendo la importancia de tomar su período en la Casa Rosada por una suerte de exilio que los obligue a suspender, por decirlo así, muchas relaciones anteriores. Les guste o no a los políticos, si llegan a una posición clave se casan con el país y en consecuencia no pueden seguir actuando como antes. Se trata de un principio que Menem nunca comprendió y que, ya no cabe duda, De la Rúa cree demasiado exótico como para respetarse, razón por la cual no extraña que hasta ahora la “lucha contra la corrupción” no haya sido más que una empresa simbólica.