El debate educativo rionegrino

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MARCELO ANTONIO ANGRIMAN (*)

Por ley 4737 de fines de diciembre pasado se estableció un período de consultas para la reforma de la Ley Orgánica de Educación de Río Negro. Con tal fin se entregó un documento base para que en todos los ámbitos de participación se discuta sobre educación y se realicen propuestas. La idea es establecer las metas y objetivos de la educación rionegrina para los próximos 20 años. Por ello debe aclararse que no se discute la ley, ni siquiera un anteproyecto: tan sólo un documento con principios generales con los cuales difícilmente se pueda estar en desacuerdo. Las ideas fuerza desarrolladas en dicho texto son conceptual y emotivamente atractivas. ¿Quién puede ser indiferente a que el sistema garantice igualdad de oportunidades, amplíe la cobertura educativa y brinde una enseñanza de calidad? ¿Quién puede ser contrario a que el gobierno de la educación se democratice? ¿Quién puede revelarse ante una frase tan congregante como “Enseñar todo a todos”? A cualquier sujeto que valore la democracia le resultará de buen augurio el pedido de opinión. En tal orden, cabe decir que el documento sujeto a estudio aparece demasiado impreciso para descifrar a ciencia cierta “cómo” se pretende implementar los postulados que propone. Recién con un primer anteproyecto en agosto próximo se estará en condiciones de analizar cómo se instrumentaría esta suerte de expresión de motivos. El gobierno incluso ya contaría con la mayoría necesaria para sancionar la ley. En dicho contexto cabe preguntarse si el llamamiento al debate es un procedimiento para legitimar la norma o bien una instancia genuina para mejorar la futura ley. En la esperanza de que las devoluciones aporten, me permito –desde mi formación estatal de la que estaré siempre agradecido– deslizar algunas simples ideas: • El documento plantea una dicotomía rayana con el maniqueísmo entre el neoliberalismo y el derecho social, haciendo tabla rasa y sin considerar, en caso de existir, alguna experiencia rescatable del pasado. • La principalidad del Estado en el garantizar el derecho social de la educación, como pregona el texto, no puede soslayar la obligación primaria de los padres en la formación de sus hijos. Leyes nacionales como la 24830 ya han relajado la obligación paterna. La exigencia de los progenitores para que la escuela los reemplace en su tarea intransferible es un extremo inaceptable que la futura ley no puede ni debe consentir. • ¿Es conveniente sugerir que un alumno ingrese a la escolaridad a partir de los tres años o terminar de hacer cumplir la obligatoriedad a partir de los cuatro años? Apartar a una criatura de su núcleo familiar y afectos por horas durante todos los días, a tan corta edad, debería ser una opción y no una exigencia legal. • La escuela no puede ni debe convertirse en un depósito de personas donde vayan a parar las problemáticas que ni las familias ni la sociedad en su conjunto saben cómo resolver, tales como la marginalidad, la violencia, el hambre, el desempleo o las drogas. El espacio escolar no ha sido concebido como un dispensario social sino como un ámbito donde un niño o un joven complementen su educación. Tampoco pueden los docentes, a pesar de su buena voluntad, ejercer de asistentes sociales o psicólogos. • En el esclarecimiento de lo que son para el gobierno la calidad y la permanencia de la educación se va a definir buena parte de su intención. Sería de muy mal agüero que la permanencia de los alumnos se dé a cualquier costo. No se pueden repetir aborrecibles modelos como los implementados por la última gestión (alumnos secundarios que pasaban de año adeudando tres materias o que no quedaban libres a pesar de superar las faltas permitidas, ni que hablar de la posibilidad de imponer sanciones). • La escuela no es concebible sin límites. La autoridad –que nada tiene que ver con el autoritarismo– y la convivencia resultarían inviables sin ellos. • Si se pretende educativa, la ley debería estimular la superación y el esfuerzo de los alumnos. No hay menciones claras en el texto que apunten en tal sentido. No es admisible denostar un modelo “meritocrático” y al mismo tiempo pregonar “acercar los conocimientos a la realidad”. Sabido es que cuando hay un aviso de empleo se busca al mejor formado y cuando se tiene un problema de salud se acude al mejor médico posible… esto ha sido y será así y la escuela no puede eludir tal verdad. • La ley debiera jerarquizar la tarea docente y sus instancias de capacitación premiando al educador que cumpla con los objetivos perseguidos. • Para incentivar la permanencia y evitar el desgranamiento en la escuela secundaria sería conveniente pensar en saberes técnicos específicos que permitan una pronta inserción laboral, sobre todo para aquellos alumnos que no tengan aspiraciones de continuar una formación terciaria o universitaria. En la misma dirección, y ante la epidemia de sedentarismo, ocio digital y obesidad que atraviesan nuestra niñez y nuestra adolescencia y a la cual la escuela no puede permanecer ajena, habría que pensar en más alternativas devenidas del deporte y la actividad física. La creación de la dirección de Educación Física y de los clubes escolares es una buena medida inicial, aunque por el momento insuficiente. • La inclusión es un anhelo de la mayoría que precisa para su implementación en serio de escuelas con infraestructura y docentes especializados. • Es realmente esperanzador advertir el aumento del presupuesto educativo, la construcción de escuelas y la ampliación del régimen de jornada extendida. Contrario sensu, aparece como un verdadero despropósito que el documento base no consigne de manera expresa la preservación del subsidio para las escuelas públicas de gestión privada (no privadas), tanto confesionales como mutuales, sin fines de lucro. Sería un desatino que el Estado debiera absorber a miles de alumnos cuando no cuenta con dinero ni con la infraestructura necesaria para ello y cuando dichas instituciones no persiguen fines de lucro y los padres de sus alumnos contribuyen con parte de los gastos a su funcionamiento, como el alquiler de inmuebles, su mantenimiento, el pago de empleados no docentes, la suplencia de horas, etcétera. El debate está en pie. Ojalá que la educación contenga seriamente a todos los niños y jóvenes rionegrinos y las distintas voces que han sido convocadas sean escuchadas. De lo contrario los aportes al debate serán meros mensajes que, en botellas, naufraguen en el mar. (*) Abogado. Procurador. marceloangriman@ciudad.com.ar