El G20 suma una prueba clave para el gobierno en materia de seguridad

Un desafío enfrenta el gobierno y lo preocupa este fin de año. Y no es el fantasma del descontento social de (todas) las navidades pasadas. Es el de la Seguridad frente a la violencia política y posibles atentados. A fin de mes, el Ejecutivo tiene su prueba mayor en esa materia: la cumbre del G20, de la que participarán los 20 principales líderes mundiales y para la que desplegará un operativo de seguridad sin precedentes en este país. Hoy a las 14, serán anunciados los detalles en conferencia de prensa de ministros.

La semana pasada, el Ejecutivo vivió dos de los hechos más preocupantes en este terreno. El mismo día, una bomba estalló en un cementerio y un hombre plantó un explosivo en la casa de un juez federal de la Nación. Por eso, el Ejecutivo espera contundencia de parte de la Justicia sobre los detenidos. Una advertencia de que “esto no es chiste”. Y negocia con partidos y movimientos sociales para evitar violencia en las protestas, convocadas para la cumbre internacional: en esas organizaciones, al contrario, denuncian sobreactuación de parte del Ejecutivo y el intento de instalar un clima de temor.

Explosión de un paquete en la sede del Correo Argentino en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría; un sobre bomba en la sede de Indra, la empresa encargada del escrutinio de las elecciones; dos bombas caseras depositadas frente al Departamento Central de la Policía Federal Argentina; ataque con bombas molotov a una de las sedes de Gendarmería Nacional en Buenos Aires. Entre otros.

El Ejecutivo contabiliza al menos 10 hechos calificables de “atentados” en el último año y teme un in crescendo. El miércoles pasado, fueron detenidos en el acto Marco Viola, acusado de arrojar la bomba en la casa del juez Claudio Bonadio, y Hugo Rodríguez y Anahí Salcedo, por el estallido en el cementerio de Recoleta –esta última internada con heridas gravísimas, primera muestra gráfica del peligro real de estos dispositivos. Tras allanamientos en dos domicilios fueron detenidas otras 14 personas vinculadas a los hechos, que en el gobierno y la Justicia no tienen duda que están conectados. “Son inexpertos, son pocas organizaciones, pero no hace falta más que eso para un desastre. Así que la Justicia tiene que ser clara. Parecen un chiste como terroristas, o como supuestos anarquistas, pero no se los puede tomar como un chiste”, dice una alta fuente del Ejecutivo.

Qué espera el gobierno: que los detenidos sean acusados por tenencia de explosivos, intimidación pública, tentativa de homicidio (en el caso del juez Bonadio), y todos en el marco de una asociación ilícita, que agravaría los delitos. A los que no participaron de forma directa, por encubrimiento. Se habla de condenas de más de 15 años, y resurge la mención de una polémica norma: ¿podría debutar la criticadísima ley antiterriorista sancionada por el kirchnerismo en 2011 y que agrava las penas de los delitos “cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población” o que obliguen “al gobierno nacional o extranjeros a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”?

Pese a todo, a diez días del inicio del G20, el gobierno confía que está en condiciones de garantizar la seguridad: fue un año de trabajo con asistencia internacional y colaboración permanente con los principales servicios de inteligencia extranjeros: “Estamos preparados”, afirmó de forma taxativa la ministra de Seguridad el viernes.

El Reino Unido advirtió hace una semana por posibles ataques terroristas en la Argentina durante la cumbre y mencionó una investigación vinculada a miembros del Hezbollah. Las fuerzas de Seguridad ya detuvieron a dos personas presuntamente vinculadas a la organización. El Ejecutivo confiaba en haber pasado la prueba, esperaba que Londres levantara la alerta. Gran Bretaña finalmente decidió bajar la calificación de riesgo de ataque de “muy probable” a “probable”.

Más que en el ataque terrorista externo, la preocupación del gobierno estaría en la calle. En Seguridad afirman que comienzan esta semana las negociaciones con movimientos sociales y partidos políticos que prometen movilizarse de manera masiva contra la cumbre y el gobierno. No se trata sólo de organizaciones locales, sino también de extranjeras.

El Ejecutivo intentará llegar a un acuerdo para localizar las movilizaciones en zonas “seguras” y para que los mismos manifestantes ayuden a aislar a los grupos violentos.

Fuentes de CTEP, uno de los más grandes entre los movimientos sociales, anticiparon a este diario que serán charlas difíciles: no aceptarán nada que límite la libertad de manifestación y denuncian que el gobierno, además de exagerar los hechos de la última semana, intenta “demonizar” a las organizaciones que se movilizan pacíficamente. Sin embargo, en las últimas protestas, las columnas organizadas se separaron claramente de encapuchados y rehuyeron al enfrentamiento con la policía. Comienzan diez días intensos.

Los números del megaoperativo

Seguridad terrestre: Cierre deunos 12 kilómetros de calles y avenidas.

Más de20.000 efectivos de las fuerzas federales: Policía, Gerdarmería, Prefectura, y la PSA. También policía de la Ciudad y efectivos de la AFI.

Unas 23 unidades de distinto porte en el río, como lanchas y motos de agua.

Paraguas aéreo bajo custodia de la Fuerza Aérea. Un área de más de 450 kilómetros cuadrados radarizada con cinco radares en tierra desarrollados por INVAP.

4 aeropuertos cerrados. Sólo funcionará Ezeiza.

El gobierno quiere que la Justicia actúe de forma “ejemplificadora” con los detenidos por intentar plantar bombas en un cementerio y en la casa del juez Bonadio.

En las organizaciones sociales denuncian que el gobierno exagera los hechos e intenta “demonizar” a quienes se movilizarán contra la cumbre.