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El grupo de los exSecretarios de Energía pidió al Congreso que rechace la ley petrolera

Los exfuncionarios nacionales advirtieron que la iniciativa abre espacio a fuertes discrecionalidades de parte del gobierno y que compromete los compromisos del país en la lucha contra el cambio climático. Reclamaron la falta de un plan de estrategia energética nacional.

El grupo de los ExSecretarios de Energía de la Nación formado entre otros por Emilio Apud, Jorge Lapeña y Daniel Montamat presentó un documento por medio del cual expusieron un análisis del proyecto de ley de Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas impulsado por el gobierno y le pidieron a los integrantes del Congreso que lo rechacen.

En el documento difundido hoy, los exfuncionarios del gobierno plantearon que junto a una modificación de la actual Ley de Hidrocarburos, la propuesta «se trata de una ley de promoción industrial al sector de los hidrocarburos sin los debidos fundamentos y cuantificaciones respecto al alcance de la promoción; ni tampoco el costo que la misma tendría».

Plantearon que «el proyecto otorga facultades a la autoridad de Aplicación de la Ley durante la promoción por 20 años para fijar entre otras cosas “precios de referencia o precios sostén” de forma discrecional, garantizando algunos volúmenes de exportación, la libre disponibilidad del 50% de las divisas generadas por esas exportaciones y desgravaciones impositivas que se definen en base a parámetros sobre los cuales el Estado ha demostrado escasa capacidad de control y auditoría».

En el posicionamiento firmado por Emilio Apud, Julio César Araoz, Alberto Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco, los exsecretarios de Energía de la Nación advirtieron que si bien «en líneas generales el proyecto procura discriminar positivamente al sector de hidrocarburos respecto a otros sectores en un contexto de inestabilidad macroeconómica y estancamiento productivo que afecta todas las inversiones en capital fijo, aumentando la tasa de descuento de los distintos proyectos, y cercenando el acceso al financiamiento. Establece un régimen fiscal, regulatorio, cambiario y económico ad hoc por 20 años, y deja amplios espacios de discrecionalidad y decisión para la autoridad de aplicación de la ley».

Además sostuvieron que «la promoción no forma parte de una estrategia energética nacional acordada y consensuada por vía parlamentaria que defina una auténtica “Política de Estado para el Sector Energético”.

Los ejes centrales del rechazo que los exfuncionarios solicitaron al Congreso se deben a cuatro puntos. El primero es que los exsecretarios consideran que «el proyecto es extemporáneo e inoportuno por ignorar las condiciones previas de contexto internacional de transición energética, y las condiciones locales de inestabilidad macroeconómica e indefinición del rumbo productivo y energético».

En segundo lugar, plantearon que la iniciativa «tampoco forma parte de una Estrategia Energética nacional y de un Plan Energético de largo plazo acordado por ley del Congreso de la Nación».

Como tercer eje detallaron que el proyecto «intenta consolidar un régimen de promoción a la actividad petrolera y de toda su cadena de valor con una duración de 20 años que compromete recursos fiscales indeterminados que el Estado no posee y que, además, no están cuantificados».

Además señalaron que «compromete un régimen de estabilidad fiscal por el plazo de la promoción introduciendo modificaciones tributarias que podrían ir en contra de los compromisos e intereses internacionales de Argentina en la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, la fijación de una alícuota muy baja de impuesto a las emisiones de carbono».

Y por último advirtieron que «el proyecto no va a ser convocante de las ingentes inversiones privadas (nacionales e internacionales) que la Argentina necesita para desarrollar intensivamente sus recursos remanentes de petróleo y gas en la ventana de oportunidad que abre la transición energética antes de que sea tarde».


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