El juicio a la Corte tiene hoy otra crucial batalla

Los impulsores del juicio político a la Corte Suprema, que creen posible el triunfo a pesar de la ventaja numérica de sus adversarios, y los operadores del oficialismo, que desean mandar las denuncias al archivo, repasaron ayer los detalles finales de la estrategia que los enfrentará hoy en la Cámara de Diputados.

El Justicialismo intentará, por sexta vez, reunir quórum y rechazar el juicio político. A diferencia de los ensayos anteriores, los pronósticos para hoy están a su favor.

En medio de las febriles reuniónes de los diputados, el presidente Duhalde señaló ayer que «nunca» ordenó al Congreso «lo que tenía que hacer» y advirtió que el tema del proceso contra el máximo tribunal «se debe terminar de una manera u otra» ya que «no se puede tener a un poder del Estado sentado en el banquillo»

Duhalde negó haber pedido el enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia y aseguró que «nunca» se lo ordenó al Congreso.

El jefe del Estado afirmó que «mis declaraciones nunca fueron decirle al Congreso lo que tenia que hacer», y aunque reconoció que en febrero pasado, cuando el tribunal declaró inconstitucional el corralito para un caso, «dije que la Corte había cometido enorme error, pero no pedí su enjuiciamiento».

La semana pasada, el PJ quedó apenas a dos diputados del mínimo necesario para frenar el juicio.

Para hoy, el presidente de la cámara baja, el duhaldista Eduardo Camaño, reclutó a Julio Solanas (PJ-Entre Ríos) y Marta Meza (PJ-Formosa), que habían estado ausentes.

También intentará que juren Diego Santilli (PJ-Capital Federal) y Nicolás Fernández (PJ-La Pampa), quienes ocuparán los cargos vacantes dejados por el actual jefe de la SIDE, Miguel Angel Toma, y el ministro del Interior, Jorge Matzkin.

De esa forma intenta bajar definitivamente el telón del enfrentamiento abierto con la Corte Suprema.

El duhaldismo promovió el juicio a principio de año pero cuatro meses atrás resolvió retroceder, tras sentir el rigor de las decisiones judiciales de la Corte Suprema que iban a contrapelo de su política financiera.

Sin embargo, el proceso había comenzado y una espontánea coalición de legisladores de la UCR, el ARI y justicialistas disidentes siguió adelante y el 16 de mayo aprobó en la comisión de Juicio Político un dictámen con medio centenar de denuncias contra los integrantes del tribunal.

El proceso abierto a principio de año se encamina hacia su conclusión. Los principales promotores del juicio, como Sergio Acevedo (PJ-Santa Cruz), Elisa Carrió (ARI) y Carlos Iparraguirre (UCR-Santa Fe), revisaron ayer los detalles.

“No pensemos en perder en ningún caso”, alentó Carrió.

Su objetivo, sin embargo, se muestra complicado: para aprobar la acusación necesitan reunir mayoría especial, es decir, dos tercios de los diputados presentes.

Las denuncias sólo pueden aprobarse si un número extenso de justicialistas la apoya.

Como los legisladores menemistas y duhaldistas están aliados en defensa de la Corte Suprema, la posibilidad de obtener un resultado afirmativo es mínima.

La cámara baja fue testigo de resultados sorpresivos, pero son excepciones. La votación definitoria será la que tenga al presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, que está acusado de 44 cargos. El resto de los jueces enfrenta menos denuncias.

(DYN y Télam)

Obispo al borde del juicio por estafas del BCP

El ex secretario privado del fallecido cardenal Antonio Quarracino, monseñor Roberto Toledo, quedó a un paso del juicio oral y público por el presunto delito de “estafa”, cometida en una operatoria que involucró al ex Banco de Crédito Provincial (BCP), ya que la Cámara del Crimen porteña confirmó el procesamiento del prelado y le trabó un embargo por cinco millones de pesos.

Toledo quedó involucrado en una presunta falsificación de la firma de Quarracino para una operatoria en el banco que regenteaba la familia Trusso.

La confirmación del procesamiento del sacerdote se produce cuando insistentes versiones indican que la Corte Suprema de Justicia podría ordenar la liberación del ex banquero Francisco Javier Trusso -hijo del ex embajador ante la Santa Sede-, preso en el marco de esta y otras causas vinculadas con el BCP.

En setiembre del año pasado, Francisco Trusso fue procesado con prisión preventiva y embargado también por cinco millones de pesos por el presunto delito de “partícipe necesario de estafa”, en la misma causa por la que ahora monseñor Toledo quedó a un paso del juicio oral.

Francisco Javier Trusso, acusado de estafar a miles de clientes del BCP, fue recapturado en agosto de 2001 en Brasil, donde estaba detenido pero se había fugado de un penal en diciembre del año 2000.

Luego fue extraditado y quedó detenido a disposición de la Justicia, que lo investiga -entre otras causas- en el expediente principal por la gestión en el banco, que tramita ante el juzgado de transición número dos de La Plata, a cargo de la magistrada Marcela Garmendia.

Si el Congreso elimina jubilaciones de privilegio, el gobierno vetaría

El Senado se dispone a tratar hoy el controvertido proyecto sobre jubilaciones de privilegio en un clima de confusión, con un resultado aún incierto y una sola certeza: que el Poder Ejecutivo vetará la ley si se aprueba la versión con media sanción de la Cámara de Diputados.

Así lo advirtió la ministro de Trabajo, Graciela Camaño, al bloque de senadores justicialistas, con quienes se reunió para sugerirles que no se modifiquen los regímenes especiales porque podrían causar un gran daño económico al Estado por juicios perdidos.

“Yo como ministra de Trabajo le voy a aconsejar al presidente algunos vetos de la ley”, sostuvo Camaño cuando se le consultó su posición sobre el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados el 21 de agosto pasado.

Con esta postura, la funcionaria aumentó la confusión en la bancada oficialista, donde existen diferentes posiciones y desde donde inclusive se emitirán varios dictámenes para poner a consideración del cuerpo.

El mismo panorama rige en la bancada radical, donde ante la variedad de posiciones se acordó dejar a criterio de cada legislador el sentido de la votación para hoy, según reconoció el jefe del bloque, Carlos Maestro.

Ante este cuadro, los máximos referentes de los partidos principales reconocieron que el resultado de la votación de hoy es aún abierto, tal como lo admitieron Maestro y su par José Luis Gioja.

Inclusive anoche no se descartaba una gestión de último momento del presidente Eduardo Duhalde en la cena que mantendrá con los senadores del PJ para que posterguen la sanción.

Los senadores no quieren cargar con el costo político que implicaría beneficiar a magistrados y embajadores con el sostenimiento de sus regímenes especiales en un momento en el que se encuentran bajo sospecha por un supuesto caso de sobornos.

Por eso reclaman al Ejecutivo una declaración expresa y firme de que está dispuesto a aparecer públicamente como el responsable de una postergación en el tratamiento, con el argumento de que, como señaló Camaño, “sería más conveniente hacer una reforma integral del sistema previsional”.

La principal línea de disidencia en torno del proyecto pasa por la decisión que se adoptará con los magistrados y los embajadores. El proyecto que aprobaron los diputados los incluyó dentro de las limitaciones de la ley, que también comprende a funcionarios políticos, legisladores y obispos; pero hay un sector reformista que considera que no hay que afectar a los jueces y diplomáticos.

En consecuencia, hoy llegará al recinto un dictamen de la comisión de Trabajo promoviendo un despacho sin cambios, y una serie de dictámenes modificatorios, que todavía no parecen reunir la cantidad de voluntades necesarias como para superar a la versión que aprobó Diputados. (DYN)