El juicio de 3 de Mayo podría costarle caro al municipio

La empresa Microómnibus 3 de Mayo prepara una nueva demanda contra el Municipio por el daño patrimonial que le generó la incautación de bienes que le aplicó en 2014 la exintendenta María Martini. La firma espera obtener un resarcimiento que no bajaría de los 50 millones de pesos.

La titular de la empresa que mantuvo la concesión del transporte público en Bariloche durante más de 30 años, Inés Cárcamo, confirmó que el martes obtuvieron un informe exhaustivo sobre el estado de los 19 colectivos que todavía permanecen bajo tutela municipal en el playón de la delegación El Cóndor y que lo agregarán a la demanda ya planteada ante el juzgado civil 1 por casi 30 millones de pesos.

El abogado de la firma, Rodolfo Rodrigo, dijo que a aquella causa ya le sumaron una ampliación hace tres meses con los faltantes documentados en los talleres y depósitos recuperados en febrero, cuando fueron devueltos por Autobuses Santa Fe.

Otra demanda

Indicó que más allá de esa ampliación, el estado de los colectivos será objeto de otra demanda. Señaló que cuando el municipio desapoderó a la empresa de esos rodados estaban “operables”, pero que hoy ya no tienen mayor utilidad y “deben ser trasladados con grúa”.

Dijo que si todavía siguen en poder del Municipio es porque requerían “un relevamiento, actas de entrega y todo un trámite que es medio tortuoso”.

Martini le quitó la concesión a la empresa en 2014 alegando sucesivos incumplimientos al contrato. En julio de ese año, la exintendenta firmó una primera resolución de incautación de los bienes de 3 de Mayo con el fin de dar continuidad al servicio de transporte urbano en manos de otra empresa.

3 de Mayo pidió la revocatoria de esa decisión, que le fue rechazada por otra resolución municipal casi un año después.

Rodrigo dijo que esos actos administrativos fueron “un escándalo procesal” y que por eso la Cámara Civil los declaró nulos, al considerarlos “ilegales y antijurídicos”.

El fallo firmado hace pocas semanas por los jueces Edgardo Camperi, Emilio Riat y Alejandra Paolino señaló que “bajo la figura de incautación se instrumentó una verdadera confiscación de los bienes de la empresa hasta entonces prestataria”. También descalificó a la resolución porque tildaba a la medida de “provisoria”, pero no fijaba plazos.

Según el abogado, el Municipio apeló “pero la sentencia quedó firme”, de modo que a la municipalidad no le quedaría otro camino que abonar un abultado resarcimiento a 3 de Mayo. “El tema ya está resuelto y no hay mucho más que analizar. Sólo hay que fijar el número”, dijo Rodrigo.

El dato

La exintendenta María Martini incautó los bienes de la firma en el 2014 y se los cedió a otra empresa para garantizar el servicio.

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