El nuevo estado de malestar

PANORAMA NACIONAL

Ni siquiera aquella cifra de 100.000 muertes, que conmueve por su gravísimo impacto humanitario, provocó un esbozo de autocrítica oficial por el fracaso de la estrategia sanitaria.

Analizando el número de disturbios, huelgas y manifestaciones que cobraron volumen en distintos países a lo largo de la última década, tres investigadores del Fondo Monetario Internacional llegaron a una conclusión: las protestas por las consecuencias de la pandemia seguirán en aumento y pueden tener consecuencias económicas duraderas.

La cantidad de protestas, dice ese estudio, aumentó 244% en diez años. Y esa nueva ola de malestar podría afectar el rebote económico posterior a la pandemia, en especial en los mercados emergentes. En promedio, el Producto Bruto de un país pierde un punto por debajo de su nivel previo a cada shock, un año y medio después de cada protesta.

La pandemia vino a agravar esa constante que ya se había observado en casos como el estallido chileno de 2019. “La política importa”, concluyeron los investigadores Hadzi-Vaskov, Pienknagura y Ricci, de la oficina para el hemisferio occidental del Fondo. Frente al nuevo estado de malestar, los gobiernos deben escuchar y responder. Pero sobre todo deben anticipar, promoviendo un diálogo social amplio sobre lo que puede (y no puede) hacer el Estado y cómo se lo financia.

Al cruzar el umbral fatídico de las 100.000 víctimas fatales de la pandemia, la política argentina demostró estar muy lejos de ese consejo elemental. Más cerca de la tragedia que de la anticipación. Ni siquiera aquella cifra, que conmueve por su gravísimo impacto humanitario, provocó un esbozo de autocrítica oficial por el fracaso de la estrategia sanitaria.

El presidente Alberto Fernández buscó gambetear la cifra ofreciendo dos vaticinios. Pronosticó en primer lugar que en septiembre todos los argentinos estarán vacunados. Una previsión irresponsable, mientras no tenga datos certeros desde Rusia sobre la segunda dosis de vacunas Sputnik V. Hay argentinos que murieron esperándola. El segundo vaticinio fue de una contextura ética peor: el Presidente creyó oportuno el momento del luto para asegurar con discurso de campaña que su espacio político triunfará en las elecciones.

La primera gran donación de vacunas llegó desde Estados Unidos mientras que las compradas y pagadas a Rusia y China no llegaron en tiempo y forma.

Alberto Fernández también confirmó algo: el fracaso de la estrategia sanitaria se debió en buena parte a los prejuicios ideológicos con los que se construyó. Aventurarse a tientas en la geopolítica de las vacunas fue una opción equivocada. Lo concreto es que la primera gran donación de vacunas llegó desde Estados Unidos mientras que las compradas y pagadas a Rusia y China no llegaron en tiempo y forma.

Pero si las opciones de política exterior fueron erróneas, más evidentes han sido los derrapes de política interna: Cristina Kirchner volvió a exponer cuán lejos está la política argentina de promover el diálogo social que urge el estado de malestar. En su reciente aparición, la vicepresidenta no apestilló al tribunal que la convocó por el encubrimiento del atentado a la Amia. Porque esos mismos jueces le dieron el privilegio inédito de un “alegato preventivo”. El derecho a alegar sólo le correspondería en el juicio oral y público.

“En la Argentina hay causas mellizas: cuando no te gusta el resultado de un juicio, podés armar otro para ver si podés lograr lo que no conseguiste en el primero”, dijo Cristina en esa audiencia. Audiencia melliza, podría agregarse, sin temor a ofender el derecho procesal.

Mientras los jueces a los que el oficialismo critica por lawfare decidieron también absolver a Aníbal Fernández, eludir a Victoria Donda, sanitizar a los vacunados VIP, dejar a un paso de la libertad a Amado Boudou e imputar a Mauricio Macri y Patricia Bullrich por el presunto contrabando de insumos de la gendarmería a Bolivia, bien puede sospecharse que camina con éxito la clonación de un lawfare mellizo.

Pero el caso del encubrimiento al atentado a la Amia incluye otra dificultad: una de las más graves imputaciones que recibió Cristina provino de Alberto Fernández. En febrero de 2015, Fernández dijo que el encubrimiento ya estaba probado. El pacto con Irán era la prueba del delito y su amnistía. Ya como candidato a presidente, aclaró que siempre puso en duda la judiciabilidad de la decisión de Cristina. Quedó en una nebulosa su aseveración, antes tajante, sobre la intención de encubrir.